Unas niegan vínculos independentistas y otras callan o alertan del coste para el país
23 nov 2017 . Actualizado a las 17:05 h.Aunque la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones han rebajado la tensión política en Cataluña, el tejido empresarial sigue viviendo con intranquilidad las consecuencias económicas de la escalada independentista, en especial la ralentización de la actividad y la caída de ventas de sus productos como consecuencia, por un lado, del miedo y la incertidumbre y, por otro, de las llamadas al boicot que desde octubre infestan las redes sociales con más virulencia que nunca.
Ante este escenario, las firmas catalanas de todos los sectores han puesto en marcha estrategias diferentes para minimizar el impacto del secesionismo en sus cuentas de resultados y evitar que los consumidores les den la espalda, en especial a las puertas de la campaña navideña.
La tendencia más extendida entre las empresas es la de blanquear su origen para evitar que la desafección por lo catalán -exacerbada tras el referendo ilegal- las coloque en el disparadero. Y es que, según un estudio de Reputation Institute, un 23 % de los españoles reconocen que hacen boicot a los productos catalanes. Y la cifra se dispararía hasta casi la mitad de la población (el 49 %, concretamente) en el caso de que se declarara la independencia. El organismo cuantificó en 20.000 millones las pérdidas que ese eventual escenario supondría para Cataluña.
Miedo a perder ventas
Sin embargo, pese a que casi uno de cada cuatro españoles admiten no llevarse a casa productos catalanes, las empresas se resisten a admitir abiertamente que están sufriendo un boicot del que, sin embargo, se lamentan en privado.
El sector del cava, por ejemplo, con Freixenet y Codorníu como marcas emblemáticas, se enfrenta a la campaña de Navidad -la época del año de mayores ventas- atenazado por el miedo de que el consumidor le dé la espalda. Mientras que el presidente de Freixenet, José Luis Bonet, también presidente de la Cámara de Comercio de España, admitía hace un mes que ya comenzaba a haber «reacciones» en contra, Javier Pagès, consejero delegado de su más directo competidor, el Grupo Codorníu Raventós, aseguraba ayer a La Voz que aún no cuentan con «cifras concretas», aunque son «optimistas al respecto, tanto en el mercado nacional como en el internacional».
«Un grupo como el nuestro ha de marcar el camino a seguir. Nos sentimos responsables de un sector del que somos líderes y prescriptores. Si el sector apuesta por la calidad y la innovación, el futuro es esperanzador», añadió Pagès. Ni una sola alusión a la inestabilidad catalana, y mensaje optimista. Sin embargo, la presidenta, Mar Raventós, sí admitía hace unas semanas que el boicot se notaba. «Y lo seguiremos notando», lamentaba durante el congreso anual del Instituto de Empresa Familiar.
Codorníu decidió trasladar su sede social fuera de Cataluña el pasado octubre. El grupo reivindicó su origen catalán y español, y desmintió públicamente que hubiera respaldado el independentismo, con el que se le vinculaba a través de uno de sus consejeros. Freixenet, por su parte, deshojó la margarita, pero finalmente decidió no mover su sede, alegando que la aplicación del 155 había disipado los riesgos.
De la discreción a los ceses
Otras empresas tan dispares como Casa Tarradellas en el sector de la alimentación o Mango en el textil se han decantado por la discreción y el perfil bajo para conjugar el fantasma del boicot, evitando cualquier pronunciamiento público sobre la situación política.
La última firma en la diana de los consumidores hastiados de secesionismo ha sido Tous. La empresa de joyería, que ya se posicionó como «internacional de vocación, española y catalana» ante la presión de los clientes y la preocupación de los empleados, se ha visto obligada a anunciar la sustitución de dos miembros del patronato de su fundación benéfica: la periodista Pilar Rahola y Helena Rakosnik, mujer del expresidente catalán Artur Mas. El argumento es que no pueden permitirse tener patronos «cuestionados por su posicionamiento político».
Por su parte, otras empresas apelan a la cordura del consumidor, haciéndole entender que en una economía tan interconectada sabotear a Cataluña es imposible sin hacerlo al resto de España. Y es que, en una suerte de efecto bumerán, por ejemplo, no comprar cava o pizzas fabricadas en Cataluña afectaría también a quienes fabrican los corchos en Extremadura o cultivan los tomates en Andalucía.
Los pedidos industriales caen al 2 % en Cataluña y se disparan un 76 % en Madrid
Se acumulan los datos que confirman que el frenazo que la deriva independentista está suponiendo para la economía catalana ya no es una mera intuición, sino una realidad preocupante. El último, el facilitado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra que los pedidos industriales en Madrid se dispararon un 76,8 % anual en septiembre, mientras que en Cataluña apenas crecieron un 2,3 %.
La cifra es reveladora, ya que, pese a que recoge la situación previa al referendo ilegal del 1 de octubre -tras él se dispararon la inestabilidad y la tensión secesionista-, muestra cómo la actividad industrial en la comunidad ya comenzaba a ralentizarse, quedándose muy por debajo de la media nacional, que creció un 11,9 %. Tanto es así que once comunidades superaron el crecimiento porcentual interanual de Cataluña.
La UE vuelve a advertir
Ayer mismo, al aprobar la prórroga presupuestaria de España, la Comisión Europea advertía otra vez de la situación catalana como factor de incertidumbre, asegurando que no podía anticipar su efecto. El ministro de Economía, Luis de Guindos, consideró «lógica» la alerta europea, y señaló la gravedad de lo ocurrido en Cataluña y su impacto económico. De hecho, aseguró que los indicadores del cuarto trimestre del año mostrarán una desaceleración de los datos de consumo e inversión en la comunidad, mientras que el resto del país «sigue fuerte».
Cierre de filas contra el boicot
Así las cosas, la asamblea general de la Cámara de Comercio de España, celebrada ayer en Barcelona como gesto de «solidaridad y apoyo» a las empresas catalanas, emitió una declaración institucional en la que rechaza el boicot a los productos de la comunidad y apela a recuperar la normalidad, la convivencia y la concordia. Su presidente, José Luis Bonet, recordó que la necesidad de tener seguridad jurídica obligó a unas 2.500 empresas (2.682 hasta el martes) a trasladar su sede social fuera de Cataluña, con el impacto negativo que ello supone.
También el presidente de la CEOE, Juan Rosell, aseguró ayer que tras la «explosión política» en Cataluña, «con el resultado económico que todos conocemos», es el momento de «reparar muchas de las cosas que se nos han estropeado». «Harán falta buenas dosis de optimismo y también de pragmatismo», añadió
Las siete grandes firmas de Cataluña en el Ibex siguen sin recuperar lo perdido en la bolsa
El primer termómetro que midió la tensión independentista fue el parqué. De hecho, las abultadas caídas en bolsa de las firmas catalanas en la primera semana de octubre (inmediatamente después del 1-O) fueron las que precipitaron la activación de los planes de contingencia que estaban guardados bajo llave: se abrió la espita de la fuga de empresas.
De las siete sociedades catalanas que forman parte del Ibex 35, solo una, la farmacéutica Grifols, no trasladó su sede. Sí lo hicieron el Banco Sabadell y CaixaBank, Gas Natural, Colonial, Abertis y Cellnex, y el mercado lo acogió con buenos ojos en un primer momento.
Sin embargo, la capitalización bursátil conjunta de las siete empresas no ha logrado recuperarse y, al cierre de la sesión de ayer, ascendía a 92.546,7 millones de euros, es decir, casi 1.554 millones menos (en términos relativos un 1,65 % menos) que su valor al cierre del mercado el 29 de septiembre, última sesión previa al referendo. En cualquier caso, el comportamiento de los valores catalanes en este tiempo ha sido desigual, ya que mientras que Abertis -actualmente en plena opa- ha ganado casi un 8 %, los bancos han retrocedido algo más de esa cuantía.