Ence, Limpac, CAPSA o Radio Taxi Villa de Jovellanos son algunas de las compañías denunciadas ante la Inspección de Trabajo por los sindicatos
20 nov 2017 . Actualizado a las 07:38 h.Controlaban sus costumbres, horarios y hábitos. Captaban imágenes de su vehículo, de su mascota, de su casa y de su entorno personal más cercano. La excusa de ENCE -empresa que acabó siendo condenada por su comportamiento-, las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. El motivo real, según aseguran desde CCOO Asturias, que había participado en la celebración de una asamblea y había sido elegido representante legal de los trabajadores por las siglas del sindicato. Este es el caso más llamativo de seguimiento de una empresa asturiana a un empleado, pero no el único. Cámaras de videovigilancia, GPS, control de las redes sociales o contratación de detectives son algunos de los métodos que utilizan las compañías para espiar a sus trabajadores.
Los sindicatos CCOO y CSI reconocen que la práctica más habitual de espionaje de las empresas es el uso de cámaras de videovigilancia. Según explica Gerardo Argüelles, responsable de Acción sindical de CCOO, este tipo de cámaras pueden utilizarse para enfocar temas de seguridad o si están relacionadas con la seguridad laboral o con la prevención». En ningún caso pueden colocarse para controlar el trabajo del empleado o para saber, por ejemplo, las veces que va al baño o las que toma café. Además, este tipo de herramientas pueden utilizarse para controlar los accesos a las instalaciones. En según qué casos son legales, pero deben estar señalizadas y obedecer a un motivo justificado.
Nacho Fuster, secretario general de la CSI, recuerda además que debe existir un cartel informativo en las zonas en las que existen cámaras para que los trabajadores sepan que están siendo grabados. El sindicato que lidera ha presentado varias denuncias ante la Inspección de Trabajo contra empresas que según asegura, no cumplen la legislación en ese apartado. Una de ellas es Limpac Packaging. Según consta en la denuncia «tenemos constancia de la colocación de cámaras en el centro de trabajo, creemos que en un número no inferior a 16». CSI sostiene que han pedido en reiteradas ocasiones a la empresa que identifique esos dispositivos, pero han hecho «caso omiso». El sindicato asegura que, según sentencia del Tribunal Constitucional «sería suficiente con la colocación de un distintivo informativo sobre la cámara y la finalidad de su instalación».
Otro ejemplo es el de Radio Taxi Villa de Jovellanos. La CSI también denunció la situación ante la Inspección de Trabajo. En este caso, la cámara ha sido instalada en el locutorio y está acompañada del cartel en el que se indica que está tomando imágenes. El problema, según señala la CSI en el escrito, es que les consta «por pregunta directa al presidente de la cooperativa, que esa cámara tiene grabación de audio para grabar las conversaciones privadas entre las teleoperadoras». Tras analizar la conversación entre dos de ellas, el presidente de la cooperativa amenazó con «abrir expediente a todas las trabajadoras», siempre según la versión del sindicato.
El responsable de esa inspección remitió un expediente a su superiora en el que aseguraba que la instalación de las cámaras estaba correctamente señalada y que el responsable había justificado su instalación. Además, recuerda que existe jurisprudencia que avala la colocación de estos dispositivos, pero concluye que «es competencia de los tribunales valorar si la empresa, en el caso concreto, ha respetado el principio de proporcionalidad en la adopción de la medida de control implantada».
Otro caso es el de CAPSA, ya que los sindicatos también denuncian que, a raíz del conflicto en el que están inmersos, la empresa ha colocado cámaras, muchas de ellas sin señalar y sin justificar.
Fuster afirma que son mas las empresas que utilizan las cámaras de forma ilegal, ya que no están señalizadas. Por ejemplo, recuerda el caso de la antigua Tenneco, ahora Vauste. Asegura que llegaron a instalar cámaras del tamaño de un botón en la entrada principal, en la garita de seguridad, en la entrada al taller e incluso en el comedor. Además, y aunque no tiene pruebas para demostrarlo, por lo que prefiere ser cauto y no dar nombres de empresas, afirma que le han llegado casos en los que los empresarios han contratado detectives para seguir a sus empleados.
Las redes sociales
Gerardo Argüelles también apunta que, en los últimos tiempos, se ha intensificado el control de las redes sociales. «Las empresas están utilizando estas herramientas y los grupos de whatsapp para controlar. En casos de conflicto, utilizan las fotos para saber quién está y dónde. Lo hacen para intimidar. Utilizan esas imágenes para alegar que están dando mala publicad a la empresa», asegura el responsable sindical.
Detective y GPS
El caso más conocido, por existir una sentencia firme -del mes de octubre de 2016-, es el de un trabajador de ENCE. El Juzgado de lo Social nº1 de Avilés declaró «injustificada, y dejando sin efecto», la sanción de suspensión de empleo y sueldo de 30 días impuesta por la empresa a un delegado de personal de CCOO. La sentencia declara la «existencia de vulneración de los derechos fundamentales al honor, intimidad, libertad sindical y de expresión» y ordena «el cese del comportamiento contrario a los derechos fundamentales».
ENCE había decidido sancionar al delegado de personal por CCOO con la suspensión de 30 días de empleo y sueldo «supuestamente por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, cuando el verdadero motivo fue la celebración de una asamblea y haber sido elegido representante legal de los trabajadores por las siglas de nuestro sindicato», explicó el sindicato en su momento.
Como relata la sentencia, la empresa, sin justificación alguna resolvió efectuar un seguimiento personal -para lo que utilizó a un detective e incluso un dispositivo GPS- «de sus costumbres, horarios, hábitos, con captación de imágenes de su vehículo, su mascota, su casa y su entorno personal más cercano, gratuitamente y sin ningún tipo de incumplimiento o sospecha que sirviera como detonante o fundamento».
«La mera intención del delegado de ser representante de los trabajadores ha servido para que la empresa llevara a cabo una serie de actuaciones persecutorias contra su persona, claramente reflejadas en la contundencia de la sentencia», aseguró el sindicato tras conocer el documento.