Las elecciones catalanas podrían celebrarse en verano si el Ejecutivo agota el plazo previsto
21 oct 2017 . Actualizado a las 19:00 h.La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó tras la rueda de prensa de Mariano Rajoy la letra pequeña de acuerdo tomado en el Consejo de Ministros y aclaró que el plazo de seis meses para convocar elecciones implica que estas podrían tener lugar, de agotarse el periodo prevista, ya en verano, dado que a la convocatoria habría que añadir los 54 días que deben transcurrir hasta la celebración efectiva de los comicios. Y los nuevos responsables de la Generalitat nombrados por el Gobierno se mantendrían en funciones incluso después de esos comicios hasta que hubiera una investidura del nuevo presidente catalán.
Las medidas para las que se pide autorización al Senado facilitan que el responsable del Gobierno que se haga cargo de la consejería de Interior destituya, si lo estima oportuno, al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, dado que el nuevo responsable de la policía autonómica tendrá libertad, como el resto de consejeros, para el «nombramiento, cese o sustitución temporal» del personal de la Generalitat y para organizar como considere el departamento. Se prevé incluso que, en caso de ser necesario, los Mossos sean sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se advierte de que el incumplimiento de las instrucciones tendría responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudiera dar lugar.
Lo mismo ocurrirá en el caso de los medios públicos de comunicación de Cataluña. El Gobierno asumirá todas las funciones de control de esos medios, incluida TV3, que ahora ejerce la Generalitat. Pero, según explicó la vicepresidenta, será con el único objetivo de garantizar la pluralidad informativa, tal y como dicta el Estatuto de Cataluña. No aclaró si el director de TV3, Vicenç Sanchis, será o no cesado.
La vicepresidenta no quiso entrar en la casuística de las situaciones que se pudieran producir a partir de ahora -los «¿y si?», como lo denominó-, pero admitió que las medidas que se recogen en el acuerdo no estarán en vigor hasta que las apruebe el Senado, por lo que hasta entonces Carles Puigdemont sigue siendo el presidente legítimo de Cataluña. En teoría, podría convocar antes de ser destituido unas elecciones autonómicas si lo hace de acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Sáenz de Santamaría dio a entender, sin embargo, que esa convocatoria podría ser anulada si Puigdemont declara antes la independencia de Cataluña e incluso si no admite expresamente que no la ha declarado, tal y como le solicitó el Gobierno en su doble requerimiento.
Tampoco aclaró si se nombrará o no una figura que coordine a todas las consejerías y que asuma así por tanto el papel del presidente catalán. Explicó que solo cuando el Senado apruebe la aplicación del artículo 155 el Gobierno procederá a elaborar un organigrama, que podría incluir o no esa figura, ya que el acuerdo da al Ejecutivo amplias facultades para crear nuevas figuras en la conformación del Gobierno catalán.
En lo que afecta a las también amplias funciones que a partir de ahora asume el Senado en relación con Cataluña, los ministros que asuman las competencias de las consejerías de la Generalitat comparecerán cada dos meses en la Cámara Alta para someterse a su control y dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo en sus respectivos departamentos, supliéndose así la función de control que correspondía hacer al Parlamento de Cataluña.
La cámara catalana seguirá en funcionamiento sin que se destituya a ningún diputado y tampoco su presidenta, Carme Forcadell. Pero se introducen limitaciones. No podrá nombrar a un nuevo presidente de la Generalitat ni tomar ninguna decisión que vaya en contra de lo establecido en el acuerdo que apruebe el Senado sobre el artículo 155. Pero sí podrá seguir aprobando todo tipo de leyes que no afecten a este acuerdo. El Gobierno tendrá un plazo de 30 días para supervisar las proposiciones de ley que se presenten en el Parlamento catalán y vetar su tramitación si estima que violan el acuerdo.