Los independentistas descartan la convocatoria de elecciones y el PDECat autoriza al presidente catalán a activar la independencia si el Ejecutivo aplica el artículo 155
19 oct 2017 . Actualizado a las 07:36 h.La sensación al caminar esta semana por los monumentales pasillos del Parlamento de Cataluña es de que allí no pasa nada y que además está lejos de ocurrir. Poco más que transita entre sus estancias el personal de la Cámara. Es infinitamente más activa la plaga de cotorras que anidan en los plataneros de la entrada que el movimiento en el hemiciclo.
Pero pese a esa inactividad, reflejada en la total ausencia de comisiones y sesiones plenarias señaladas en el calendario oficial de octubre, dentro del Parlamento se expresa de manera repetida el convencimiento de que «la semana que viene habrá algo importante, ha llegado el momento». Coinciden en ello testimonios políticos de lo más diverso y hasta los ujieres, dando por hecho que si no es la declaración formal de independencia, tendrá lugar un formato muy próximo.
Lo que no habrá es una convocatoria de elecciones autonómicas, como el miércoles se reclamó desde la Moncloa como condición para no poner en marcha hoy la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención de la Administración autonómica. A unas horas de concluir el plazo dado por Mariano Rajoy a Carles Puigdemont para que eche el freno, el Ejecutivo catalán se lanzó a cerrar la posibilidad del adelanto de los comicios como vía de solución a la crisis, como sugirió el Gobierno central dibujando un último cortafuegos a la intervención.
El rechazo a las elecciones lo manifestó expresamente el vicepresidente, Oriol Junqueras, en la televisión catalana. Lo explicó el consejero de Exteriores, Raül Romeva, a la prensa extranjera. Y, por si acaso, desde la CUP se advirtió a Junts pel Sí que será «una traición» si las próximas elecciones que se convoquen en Cataluña no son constituyentes.
«En absoluto habrá elecciones autonómicas, no habrá adelanto», señalan desde la cúpula de Junts pel Sí, la coalición de los demócratas y los republicanos que encabeza Puigdemont. «La gente ya votó, lo hizo en el referendo, y lo que hay que hacer es cumplir ese mandato. Cuando las haya serán para hacer el Parlamento constituyente que hará la Constitución de la república catalana», advierten negando una posible marcha atrás.
El propio Partido Demócrata (PDECat), en el que milita el máximo dirigente autonómico, ayer le dio un mandato: «Si el Gobierno de España pone en marcha el artículo 155, el presidente catalán tendrá toda nuestra complicidad para levantar la suspensión del mandato democrático», dijo la coordinadora de la formación a la salida del consejo nacional celebrado el World Trade Center de la Ciudad Condal.
Marta Pascal no pronunció en su comparecencia en ningún momento la palabra «independencia», pero sí equiparó su denominación a una decisión en las urnas de la ciudadanía catalana, sin asumir que la consulta fue declarada ilegal, igual que la norma que la respaldó, y en ella no participó ni la mitad de la población.
Urnas, dentro de unos meses
El portazo a la salida a través de un adelanto electoral no aleja mucho sin embargo la elección de un nuevo Parlamento autonómico. Pascal aseguró ayer que ninguno de los 300 cargos del PDECat lo planteó en la reunión, pero ella auguró que se llevará a cabo dentro de unos meses, aunque para distribuir un nuevo reparto de fuerzas que elabore una Constitución para Cataluña.
Desde ERC se apunta ya el camino que esa cita podría tener. Los republicanos, con Oriol Junqueras a la cabeza, no piensan reeditar una coalición con el PDECat. «No tendría sentido plantear fórmulas como Junts pel Sí, porque de lo que se trata en unas elecciones constituyentes es de propiciar la pluralidad ideológica», indican escondiendo que Junqueras es el mejor colocado electoralmente ahora en el sector nacionalista, tras reiterar Puigdemont que él no será candidato.
El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, el que menos desea los comicios, tuvo que aguantar ayer que su propio partido las pida a gritos desde Madrid.
El presidente catalán sería suspendido, pero no destituido
Las medidas del Gobierno pasarían por el control económico y por el nombramiento de delegados
G. B.
Las medidas que tome el Gobierno en caso de aplicar el artículo 155 supondrán despojar de sus competencias a todos o a algunos miembros del Gobierno catalán. Pero no implicarán la destitución de Carles Puigdemont como presidente catalán para nombrar un sustituto. Seguiría siendo presidente, pero sus competencias serían suspendidas. A día de hoy, el objetivo final de la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno sería la convocatoria de elecciones autonómicas, lo que solo sería posible despojando a Puigdemont de esa prerrogativa, que ahora mismo es personal e intransferible. Pero, mientras llegan esos comicios, cuya fecha podría fijarse explícitamente en el pleno del Senado entre las medidas a tomar o señalarse simplemente que deben celebrarse en el plazo más breve posible, será necesario, sin embargo, nombrar una autoridad gubernamental «transitoria» que pasaría a ser la primera autoridad del Estado en Cataluña y coordinaría la acción de toda la Administración autonómica. Las competencias de los diferentes departamentos serían asumidas por los ministerios españoles correspondientes, que nombrarían a un delegado que se haría cargo de la gestión diaria de cada departamento. Estos delegados tendrían a sus órdenes a los actuales funcionarios de la Generalitat adscritos a cada consejería.
Con todo, la medida quizá más relevante a tomar por la vía del 155 sería que el Gobierno sustituiría al vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de Cataluña, Oriol Junqueras, al que se considera máximo responsable de la fuga de grandes empresas catalanas. Sus funciones serían asumidas por un técnico con amplios conocimientos sobre la situación económica de Cataluña. El Gobierno reforzaría además los controles que ya ejerce sobre los pagos que realiza la Generalitat con cargo a los fondos que recibe del Estado, extendiéndolos a la recaudación de impuestos propios de Cataluña, así como al gasto de los distintos organismos autónomos. El Boletín Oficial del Estado publicó el miércoles la creación por parte de Hacienda de una cuenta en el Banco de España en la que irá depositando cada mes las cantidades que correspondan a Cataluña por el sistema de financiación. Pero, incluso en el caso de que Puigdemont acabara convocando unas elecciones y no se aplicara el artículo 155, Hacienda seguiría supervisando los pagos de la Generalitat, como está haciendo ahora, y controlaría por tanto todo el presupuesto electoral.
Caos de tráfico por la cera de los independentistas
La concentración independentista del martes celebrada con velas en la avenida Diagonal de Barcelona para pedir la libertad de los líderes de ANC y Òmnium obligó al Ayuntamiento a desplegar desde las once de la noche de ese día veinte equipos de limpieza formados por 53 operarios. Tenían que eliminar la cera con rasquetas y fueron reforzados a las seis de la mañana de ayer por 43 equipos y 92 operarios. Al malestar por el caos de tráfico se sumó el PP pidiendo que el gasto lo paguen los convocantes.