CSIF advierte que Justicia puede convertirse en un conflicto «abierto y permanente»
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El presidente autonómico critica la propuesta del Principado para evitar la huelga indefinida al vincular el absentismo laboral al cómputo global de todos los funcionarios del sector
16 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recela del acuerdo alcanzado entre el Principado y el comité de huelga para desconvocar el paro indefinido en el sector de la administración de Justicia regional. Su presidente autonómico, Sergio Fernández-Peña, advierte de que si no se mejoran muchos flecos que aprecia que han quedado pendientes en la negociación la convocatoria para paralizar la actividad judicial asturiana será inevitable, porque tenderá a convertirse en un «conflicto abierto y permanente».
«El acuerdo lleva mucha letra pequeña»
El principal escollo en la negociación se centraba en el absentismo laboral, después de que el consejero Guillermo Martínez vinculara el cobro de las cantidades pactadas en el preacuerdo a la reducción de las bajas laborales en un cómputo global de todos los funcionarios de Justicia a cuotas que igualasen a las del resto de la administración del Principado. Mientras en la Administración General, el absentismo representaba el año pasado un 3,99%, en Justicia se elevaba a un 4,25%; cifras que se redujeron en los ocho primeros meses de este año, al pasar la administración autonómica a 4,25% y Justicia a 4,89%.
A CSIF le ha parecido un acuerdo «insuficiente» porque defiende que aún hay margen para mejorar el preacuerdo firmado, el pasado 29 de septiembre, por el comité de huelga. «El acuerdo se llevó el pasado viernes, día 13, al comité de huelga y, tras darle el parabién el comité, aún tiene que pasar por la mesa sectorial de Justicia. La intención del consejero es que con estos 140 euros que se compromete a pagar en tres años se calme a los funcionarios de justicia creyendo que ya no serán los que menos cobran de España pero no es cierto, y, encima, lleva mucha letra pequeña», comenta el presidente autonómico.
Sergio Fernández-Peña se muestra especialmente crítico con la ratificación de un acuerdo que no comparte ni en el fondo, ni en la forma. «No votaron ni el 50% de los funcionarios. Votaron a la catalana, donde se podía votar incluso por fax», compara salvando las distancias.
«Seguimos siendo la cenicienta de la administración»
Sergio Fernández-Peña considera que la justicia asturiana no ha dejado de ser «la cenicienta» de la administración regional y tampoco el Principado ha propiciado un cambio de tendencia para evitar la discriminación de las aproximadamente 1.300 personas que integran la plantilla de Justicia en Asturias frente a sus compañeros de otras autonomías. «Tanto en el territorio del ministerio como en las comunidades que la tienen transferida siempre son complementos específicos atendiendo a la diversificación de asuntos judiciales que hoy se lleva, a las características, a la violencia de género, pero van al complemento específico, pero lo que proponía el consejero en Asturias es que el complemento vaya vinculado a la baja de ese absentismo, pero al cómputo general, no es que no tengas cáncer, es que no lo tengas como funcionario de la administración de Justicia. Él quiere que se baje el absentismo para los 1.300 funcionarios. Pero ese punto de diferencia ya no dependería de cada funcionario, sino del conjunto. Es la forma de no comprometer el dinero. Es una forma de decir que no lo paga porque no se cumplió», explica.
«Aquí se comieron el dinero»
El máximo responsable de CSIF tampoco comprende que el Principado no haya reclamado al Estado el abono correspondiente al 1% de la masa salarial de todos los funcionarios de Justicia. Ese 1% se destinaba a ayudas de acción social, de tal forma que, de esa cantidad, el 50% correspondía al plan de pensiones y el otro 50 % a diferentes ayudas al estudio. Sin embargo, según comenta Fernández-Peña, el Principado quitó el 1% y ese dinero no lo destinó a Justicia. «Ese 1% multiplicado por los nueve años que se llevan de transferencia representa varios millones de euros. Y el territorio del ministerio y las comunidades autónomas lo mantiene, porque nadie lo suprimió. Y, sin embargo, aquí se lo comieron. Decidieron que no se iban a dar ayudas de acción social. Ese dinero sigue llegando todos los años. Es cuantificable. Lo da el Estado para que el Principado lo distribuya. Si sumamos los 140 euros que se comprometieron a dar y lo multiplicamos por los 1.300 funcionarios, se van a gastar 2,3 millones en tres años. ¡Pero si ya se comió mucho más dinero!», advierte.
El sindicato CSIF propone varias soluciones al Principado. Entre otras, aprovechar el dinero que se recauda procedente de las tasas judiciales que se cobra a las empresas y repartirlo entre los funcionarios. «Esa partida económica que recaudan los juzgados está en Madrid parada. No se pidió. Se recaudan todas bajo el epígrafe 33. Nosotros pedimos al Principado que se reparta entre los funcionarios. Le decimos de dónde puede sacar el dinero. No nos dice qué se hizo con el 1% a lo largo de estos nueve años. Si dice que no tiene dinero, nosotros le decimos que lo saque de las tasas judiciales. Su primera postura es decir que el presupuesto, a finales de año ya estaba cerrado, cuando empezamos con esta guerra en enero, pero si no puedes mover una partida económica de un sitio para otro, no tiene sentido que no se aproveche el dinero de la transferencia de Justicia, porque les aporta dinero», sugiere el presidente autonómico de CSIF.