El coordinador general del PP denuncia una campaña de marketing y manipulación durante el «pucherazo» de ayer en Cataluña
02 oct 2017 . Actualizado a las 15:00 h.Como no podía ser de otra forma, desde el PP han mostrado su total apoyo al Gobierno por la respuesta que ofreció ayer ante el desafío secesionista. «De la A a la Z», dijo Fernando Martínez-Maíllo. El coordinador general de la formación compareció este mediodía en Génova tras el Comité de dirección, al que también asistió el presidente Rajoy, y en donde destacó que la jornada que se vivió ayer en Cataluña fue «triste», pero que «lo hubiese sido más si se hubiese permitido la ruptura de la ley». «Tuvimos que tomar decisiones para defender esa ley que nos protege a cada uno de nosotros, y desde el PP apoyamos esas decisiones», valoró.
Maíllo consideró que ayer en Cataluña «salieron a la calle los de siempre», restándole fuerza a la movilización ciudadana que logró el independentismo, y pretendió otorgar voz a «una mayoría silenciosa que no está de acuerdo con el referendo ni con cada uno de los pasos que la Generalitat está dando hacia la absoluta desobediencia».
El número tres del PP, y hombre de confianza de Rajoy, habló de que lo que se vivió ayer fue un «pucherazo», una gran «manipulación» por parte de los independentistas «tendente a conseguir sus objetivos de ilegalidad». Maíllo siguió criticando estateatralización hablando de «caos, fraude y manipulación», un saco en el que también incluyó la cifra de 800 heridos de los que habla el Gobierno catalán: «Una gran farsa», dijo, para después «desear la recuperación de los heridos de verdad».
Así, desde el PP consideran que tanto Puigdemont como Junqueras están totalmente deslegitimados para seguir en sus cargos, por considerar que son «los únicos responsables de lo que está pasando».
El coordinador general del PP también pidió que nadie juegue con las «equidistancias, porque se está del lado del Estado de derecho y las instituciones, o del otro lado», y valoró positivamente el comportamiento de los partidos constitucionalistas, resaltando que «persiste la unidad de los demócratas», y que «las reuniones de esta tarde del presidente (se verá con Sánchez y con Rivera por separado) tienen como objetivo reforzar esa posición de unidad».
De cara al futuro garantizó que «habrá respuesta como siempre, desde la legalidad, desde la responsabilidad y desde la sensatez», y advirtió a Puigdemont que no era considerable «tomar decisiones en caliente», que pueden conllevar a «consecuencias inevitables». Respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución no quiso adelantar acontecimientos, ya que «por la tarde se analizará en las reuniones de Moncloa», y criticó al presidente de Ciudadanos, que en las últimas horas se ha mostrado favorable a su aplicación. «Qué fácil es opinar y qué difícil es decidir».
Para concluir su intervención pidió el «apoyo al Gobierno de España», y trasladó que tanto el Ejecutivo como el resto de las instituciones del Estado «no van a dar un paso atrás; no pueden hacerlo».
En la ronda de preguntas Maíllo volvió a insistir en que el PP se enfrenta a una campaña de acoso, tanto por parte de los independentistas, como por Podemos. «Bien que llamaba Pablo Iglesias a Rajoy en Zaragoza», exclamó. «Por cierto, el botellazo que recibieron lo condenamos, que quede claro, pero cuando él quiere hacer escraches no tiene ningún problema. Aquí hay una estrategia grandísima para atacar al PP», sentenció.
Maíllo confirmó que este mismo lunes empiezan los contactos con el resto de formaciones políticas de cara a esas reuniones que avanzó ayer Rajoy.
Comité de dirección
Además de Rajoy y Maíllo, el resto de integrantes del Comité de dirección lo constituyen la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; los vicesecretarios generales Pablo Casado, Javier Arenas, Andrea Levy y Javier Maroto; y los portavoces parlamentarios en el Congreso, el Senado y Parlamento europeo, Rafael Hernando, José Manuel Barreiro y Esteban González Pons, respectivamente.
Artículo 155
Según la Constitución, el Gobierno puede obligar a las autonomías al «cumplimiento forzoso» de sus deberes. La Carta magna recoge que su aplicación procede cuando se atente «gravemente» contra «el interés general de España». Para su aplicación se requiere la aprobación del Senado de las medidas concretas que se pretenden emprender para corregir la situación. Este visto bueno de la Cámara Alta tendría que ser por mayoría absoluta, algo que Rajoy tiene garantizado.