Tras la jornada del 1-O esta madrugada hubo una carga contra los que protestaban por la violencia policial
02 oct 2017 . Actualizado a las 18:51 h.La tensión tras el 1-O ha estallado ya en Calella, donde los hoteles han pedido a unos 500 agentes que abandonen sus instalaciones ante la presión de varios grupos a favor de la secesión, incluida la alcaldesa.
Tras participar en el dispositivo desplegado para impedir el referendo, los policías y guardias civiles regresaron a su hotel en Calella, una localidad costera situada a unos 50 kilómetros al norte de Barcelona. Allí les esperaban varias decenas de personas que los recibieron insultándoles e increpándoles, lo que terminó con una carga policial con un herido que tuvo que ser trasladado al hospital más cercano. Según un video difundido por Ràdio Calella, los manifestantes les gritaron que se fueran, les insultaron y les llamaron fascistas y les reprocharon su actuación en la jornada del referendo: «Esta es vuestra democracia».
A las 22.40 horas, los Mossos recibieron el aviso por parte de los agentes del Instituto Armado de que un grupo estaba ante su hotel, en la calle Sant Josep, gritándoles. Según indican desde la policía catalana, acudieron al lugar e hicieron un cordón de seguridad, e intentaron mediar para que la gente se fuera. Los agentes, después, cruzaron el cordón y comenzaron a cargar contra los manifestantes con porras extensibles, según la versión de la policía catalana.
Desde el sindicato Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) indican que «tras una larga jornada de trabajo, los guardias civiles tuvieron que soportar gritos, insultos e incluso el lanzamiento de botellas hasta altas horas de la madrugada».
Tras estos incidentes durante este lunes en la localidad comenzaron a crisparse los ánimos contra las fuerzas de seguridad y se empezaron a ver carteles en varios establecimientos en los que aseguraban que no servirán a las «fuerzas del orden público no autonómicas».
A lo largo de la mañana, la alcaldesa de Calella, Montse Candini, del PPdeCAT y diputada de Junts x sí, ha pedido a los hoteles que echen a las fuerzas de seguridad del Estado de sus establecimientos.
La alcaldesa de Calella les ha advertido a los directores de los hoteles de que o echaban a los agentes o paralizaba licencias de reforma pendientes. Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) llevan al menos diez días alojados en establecimientos hoteles de Calella sin que se hayan producido incidentes de ningún tipo e, incluso, han atendido a los policías con hospitalidad.
Hoteles como el Palmeras, el Catalonia y el Vila, han instado a los 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a que abandonen sus instalaciones, según fuentes. En el caso de la Policía Nacional son 250 los agentes antidisturbios que tendrán que buscarse otro alojamiento mientras permanezca el dispositivo desplegado en Cataluña. Según las mismas fuentes la dirección de uno de los establecimientos ha dado un ultimátum a los policías para que a las doce del mediodía abandonaran sus habitaciones.
Los agentes han decidido dejar los hoteles para que los trabajadores, algunos de los cuales este lunes no han acudido a su puesto, no tengan problemas y han expresado el agradecimiento a todos los empleados por la atención que han recibido siempre. Gimnasios, bares y otros comercios que durante años se han favorecido por la presencia casi continua en la localidad de fuerzas de seguridad no han permitido la entrada a los agentes.
Incluso, algunos de ellos han publicado mensajes en sus cuentas de las redes sociales para condenar la actuación policial de ayer en los centros de votación y avisan a los policías: «A partir de hoy, a favor de un derecho fundamental como la democracia, usted no es bienvenido. Seguramente otros muchos establecimientos estarán encantados de recibir su dinero».
Esta situación ha sido denunciada también por la AUGC, que, en un comunicado, además de relatar el caso de los hoteles ha resaltado el acoso y hostilidad contra los guardias civiles que está provocando «situaciones muy difíciles en el seno familiar de trabajadores que hace hasta escasas fechas vivían plenamente integrados en Cataluña». Explican por ejemplo el caso de un agente destinado en Lérida que este lunes ha comprobado que en el colegio al que va su hijo de tan solo cinco años «el profesorado estaba relatando a los alumnos un discurso en el que se criticaba la actuación de los guardias civiles y los policías nacionales».