Las autoridades alemanas alaban la gestión de las españolas
19 sep 2017 . Actualizado a las 07:23 h.A las autoridades alemanas les cuesta distinguir a los terroristas de los refugiados. El mejor ejemplo es el de Anis Amri. El joven tunecino empleó 14 identidades distintas para ocultarse en el país y estaba pendiente de ser expulsado, cuando el pasado diciembre arrolló con un camión a una multitud en un mercadillo navideño de la capital, matando a 12 personas. Fue el atentado más virulento y mediático que sufrió Alemania los últimos años, pero no el único. La primera potencia europea, que llevaba tiempo temiendo correr el mismo destino que vecinos como Francia o Bruselas, ya empezó a sufrir ataques yihadistas en verano del 2016.
Según un estudio publicado a principios de septiembre, el terrorismo se ha convertido hoy en la mayor amenaza para el 71% de los alemanes. Un porcentaje que, si bien supone una caída del 2% con respecto al récord registrado en 2016, sigue siendo uno de los mayores desde 1992, cuando se empezó a realizar la encuesta. «Partimos de un riesgo muy elevado», reconoce Holger Münch, director de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA).
La escena islamista cuenta con cerca de 24.000 miembros en el país, de los cuales 700 son considerados potenciales terroristas, y los servicios secretos de interior (BfV) acaban de actualizar la cifra de salafistas, que ha pasado de 3.800 a finales del 2015 a 10.300. El diario Bild agravó los temores, al revelar que los yihadistas del Estado Islámico tienen en sus manos 11.000 pasaportes sirios en blanco con los que podrían entrar en el extranjero sin problemas, haciéndose pasar por demandantes de asilo.
A ello se une la falta de coordinación que han demostrado las fuerzas de seguridad de los estados federados en numerosas ocasiones. Una de ellas, cuando permitieron que el presunto yihadista Jaber Albakr se suicidara en prisión. Se desató entonces un aluvión de críticas contra las autoridades, que alabaron la buena gestión de sus homólogas españolas durante los recientes atentados de Cataluña, asumiendo que se debe a la experiencia que les ha dado el 11 M y la lucha contra ETA.
No es de extrañar que el debate sobre la seguridad haya copado la campaña para las elecciones del domingo. Aunque Ángela Merkel asegura que «no hay que acostumbrarse al terror», su Gobierno aprobó las tobilleras electrónicas para potenciales criminales y el decomiso de los teléfonos móviles de los refugiados. Además, el programa de su partido propone crear 15.000 nuevas plazas en la policía, introducir la videovigilancia en los lugares públicos, e incluso desplegar el Ejército en operativos antiterroristas dentro del país, algo que hasta ahora era un tabú y que critican La Izquierda, Los Verdes y el SPD.
No obstante, los socialdemócratas apuestan por el mismo numero de agentes y por el uso de cámaras «allí donde ayuden a prevenir riesgos». La única diferencia es que los socialistas alemanes defienden la creación de un centro de lucha antiterrorista europeo, así como reformar los servicios secretos, que los neocomunistas de La Izquierda desean eliminar para siempre. Mientras, la ultraderechista AfD, que insiste en identificar inmigración con atentados, pide reconocimientos faciales y rebajar hasta los 12 años la edad mínima penal.