El Principado envía a los afectados del Banco Popular a las Asociaciones de Consumidores
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La directora de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, María Rosa Urdiales, ha explicado que ellos no tienen competencia en servicios financieros
08 jul 2017 . Actualizado a las 12:46 h.El Principado de Asturias, a través de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, ha aconsejado a los pequeños accionistas y consumidores del Banco Popular que se han visto afectados por la descapitalización de la entidad a acudir a las asociaciones de consumo para presentar las demandas oportunas.
La directora de la Agencia, María Rosa Urdiales, ha emitido esta recomendación a raíz de una pregunta registrada en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) por el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa. En la pregunta Ripa cuestionaba al Ejecutivo autonómico sobre la estimación de accionistas y tenedores de deuda del Banco en Asturias, y sobre el asesoramiento a los afectados.
Si bien ha explicado que el Principado no tiene competencia en materia de servicios financieros --las reclamaciones son competencia del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores--, ha aconsejado a los usuarios y consumidores que se pongan en contacto con las dos asociaciones de consumidores de ámbito nacional con delegación abierta en Asturias, que están agrupando a los afectados de cara a valorar las actuaciones judiciales que proceden en el caso. Se ha referido en este punto a la Unión de Consumidores de España (UCE) y a la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).
Además ha sugerido a los afectados que se asesoren jurídicamente para valorar la posibilidad de reclamar en vía judicial la recuperación de su inversión, teniendo en cuenta que sus posibilidades de éxito pueden variar en función del producto y del momento de su adquisición. La vía administrativa de reclamación ante los organismos de consumo, ha puntualizado, «no es una solución para los afectados».
En relación al número de afectados en Asturias, Urdiales ha explicado que en toda España la cifra de afectados por la crisis del Banco Popular estaría en torno a los 300.000 inversores, no existiendo cifras oficiales que desglosen a los accionistas por comunidades autónomas. Así, ha considerado «aventurado» realizar cualquier estimación del número de afectados en Asturias.
El Banco Central Europeo y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordaron el 7 de junio de 2017 la aplicación al Banco Popular del mecanismo único de resolución de la UE, que ha supuesto la reducción de su capital social a cero y la consiguiente amortización a valor cero de las acciones, bonos convertibles, y deuda subordinada de la entidad.
Esta actuación se ejecuta al amparo de lo previsto en la nueva normativa europea y española sobre resolución de situaciones de crisis de entidades. El principio esencial de esa normativa es que sean los accionistas y los titulares de otros instrumentos financieros quienes soporten las pérdidas de las entidades en crisis en lugar de asumir esas pérdidas con dinero público. Esta actuación ha derivado en que los inversores, muchos de ellos pequeños accionistas, hayan perdido la totalidad de la inversión.