La reforma se sustanció en una Declaración Tributaria Especial (DTE) que permitió a los evasores normalizar su situación ante la Hacienda pública pagando solo el 10 % del capital declarado
08 jun 2017 . Actualizado a las 21:51 h.La amnistía fiscal de 2012, anulada este jueves por el Tribunal Constitucional, supuso unos ingresos para las arcas públicas de 1.192 millones de euros -muy por debajo de los 2.500 millones inicialmente previstos-, pero permitió aflorar más de 40.000 millones en bienes y derechos que no estaban declarados.
El plan de extraordinario de regularización fiscal aprobado mediante decreto ley en el 2012 se sustanció en una Declaración Tributaria Especial (DTE) que permitió a los evasores normalizar su situación ante la Hacienda pública pagando solo el 10 % del capital declarado, aunque el tipo efectivamente pagado fue más bajo.
El proceso duró de abril a noviembre y fue en el último mes cuando se presentaron la mayoría de las declaraciones, que en total ascendieron a 31.529, con un importe medio a pagar de 37.800 euros.
El 98 % (30.871 declaraciones) correspondieron a personas físicas y el 2 % (658) a personas jurídicas.
La medida acompañó a los presupuestos generales del Estado del 2012, los primeros presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que supusieron un ajuste cercano a 30.000 millones de euros.
El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, justificó la medida en la necesidad de hacer un esfuerzo mayor en la lucha contra el fraude y destacó que a diferencia de otros procesos similares llevados a cabo en el pasado, la regularización no había sido opaca, dado que estaban identificados los contribuyentes.
En virtud del principio de seguridad jurídica, la sentencia del Constitucional no afectará en principio a las regularizaciones que se hicieron en el 2012, aunque Hacienda estudiará las eventuales implicaciones que pueda tener.