Luis Bárcenas abrirá la investigación en el Congreso sobre la caja B del PP
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Mariano Rajoy comparecerá después de ser interrogado en el juicio del caso Gürtel
07 jun 2017 . Actualizado a las 07:38 h.La comisión de investigación que la oposición ha impuesto en el Congreso para someter a examen la caja B del PP y su presunta financiación irregular empezará fuerte. El PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos sumaron ayer sus votos para establecer que el primero en comparecer para declarar sea el extesorero del PP Luis Bárcenas. El hecho de que el ex responsable de las cuentas del partido, cuyas anotaciones contables manuscritas constituyen el principal indicio que apunta a la presunta financiación irregular de los populares abra la comisión marcará el desarrollo de la misma, ya que quienes comparezcan después estarán obligados a tratar de rebatir sus acusaciones.
Después de Bárcenas, según el acuerdo alcanzado, serán llamados a declarar todos los anteriores responsables de las finanzas nacionales del PP, a excepción de Álvaro Lapuerta, con problemas graves de salud, y también los tesoreros del partido en la Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha. El PSOE cedió así en su intento inicial de que fuera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el primero en acudir a declarar ante este órgano parlamentario. Ese cambio de parecer implicará, previsiblemente, aunque ni el PSOE ni Unidos Podemos ni Ciudadanos lo confirmaron ayer, que el líder del PP sea el último en declarar y que comparezca ante la comisión de investigación después de que se haya producido su interrogatorio en calidad de testigo en el juicio por el caso Gürtel.
El PP intentó frenar el arranque
La norma indica que los llamados tendrán que comparecer entre 15 y 20 días después de ser citados, por lo que Bárcenas podría acudir al Congreso en ese período de tiempo. El PP intentó torpedear hasta el último momento la constitución de esta comisión pidiendo su paralización hasta que los servicios jurídicos de la Cámara se pronunciaran sobre su legalidad y sobre el ámbito temporal y territorial de la contabilidad de los populares que puede ser sometida a examen. Pero fue inútil, porque la oposición impuso su mayoría para forzar la creación inmediata de un órgano que, según el coordinador general de los populares, Fernando Martínez-Maíllo, puede acabar convertida en una «causa general» y una «cacería» contra el PP.
El argumento de los populares es que la investigación solo debería abordar sus finanzas desde el 2015, ya que fue ese año cuando el delito de financiación ilegal se tipificó en el Código Penal. Respecto a la intención de fiscalizar las cuentas del PP en varias autonomías, señalan que desde el Congreso no se controla la actividad autonómica. Y, por último, indican que el Congreso está para controlar a un Gobierno, no para exigir responsabilidades a un partido político.
El número tres de los populares advirtió de que están dispuestos a recurrir al Tribunal Constitucional planteando un conflicto de atribuciones si lo que se pretende es hacer un «linchamiento» del PP por parte de los demás partidos. «Usaré las fórmulas que existen en este país para proteger mis derechos vulnerados por una mayoría en la Cámara, recurriré a todas las posibilidades a mi alcance para actuar por este abuso de poder», señaló también el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando.
La comisión de investigación en el Congreso estará presidida por el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quien acaba de cerrar un acuerdo con el PP para apoyar los Presupuestos Generales del Estado a cambio de un fuerte impulso a las inversiones en las islas Canarias.
Los populares imponen otra comisión en el Senado y copan la mesa junto al PSOE
El PP contraatacó al acoso parlamentario de la oposición imponiendo a su vez, con sus únicos votos, una comisión de investigación en el Senado sobre las finanzas de todos los partidos, pues dispone de mayoría absoluta en la Cámara alta. La constitución de la mesa de la comisión arrancó con polémica, ya que el PP y el PSOE coparon todos los puestos de la misma, dejando fuera de ella a todos los demás grupos. En la dirección del órgano figurarán tres miembros del PP y dos del PSOE. Ante las protestas de Unidos Podemos y ERC por haber sido marginados, el portavoz del PSOE, Vicente Álvarez Areces, señaló que no había habido pacto con el PP y que si se presentaba una propuesta plural alternativa estarían dispuestos a aceptarla.
Tras una accidentada votación por separado del presidente, los vicepresidentes y los dos secretarios de la mesa para que cada grupo pudiera presentar a quien quisiera, el resultado fue el previsto: tres representantes para el PP y dos para el PSOE. La que será presidenta de la comisión de investigación, la popular Rosa Vindel, señaló tras tomar posesión que espera que el trabajo sea positivo para acabar con la corrupción, uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos.
El PSOE la califica de «farsa»
El PP no ha aclarado todavía la lista de comparecientes que pretende solicitar ni si llamará a líderes de otras formaciones políticas para que expliquen la financiación de sus partidos. Algo que, de hacerse, sería una respuesta al hecho de que la oposición haya impuesto en el Congreso la comparecencia de Mariano Rajoy ante la comisión para investigar la presunta financiación irregular de los populares.
El inicio de los trabajos se demorará, dado que durante el mes de junio el Senado estará ocupado en el trámite de los Presupuestos. La senadora socialista Elena Víboras, ex consejera de la Junta de Andalucía y portavoz del PSOE en la comisión, calificó este órgano impuesto por el PP como una «pantomima» y una «farsa» cuyo único objetivo es «desviar el foco del Congreso al Senado». «La sociedad sabe perfectamente que cada día nos levantamos sabiendo que en los últimos 20 años el PP ha estado dopado una y otra vez. Esta comisión nace ya muerta», señaló.
El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Óscar Guardingo, señaló, sin embargo, que su partido esperará a conocer las intenciones de los populares en esta comisión y luego planteará su propia lista de peticiones de comparecencia, en la que avanzó que habrá expertos de universidades o de fuerzas políticas de otros países.