La independencia unilateral tendría grandes costes, provocaría una caída del PIB de en torno al 10 %, dejaría a Cataluña fuera de la eurozona y pondría en riesgo las pensiones
05 jun 2017 . Actualizado a las 08:34 h.Los efectos para la economía de una Cataluña independiente tras una declaración unilateral serían catastróficos, sobre todo en el período de transición, según los expertos consultados por La Voz. Para Josep Borrell, autor junto a Joan Llorach, de Las cuentas y los cuentos de la independencia, «la independencia sin costes que nos venden, es decir que nos independizamos y no pasa nada, es un cuento de hadas». Las relaciones comerciales con España y la UE sufrirían una caída que repercutiría en un marcado descenso del PIB.
¿Qué consecuencias tendría para el PIB?
Los expertos coinciden en que a corto y medio plazo habría una caída muy fuerte del PIB, aunque la horquilla es muy amplia. Mikel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, la estima en al menos el 25 %. Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha calculado que si la secesión fuera pactada y Cataluña ingresara en la UE -un escenario que no se prevé- el descenso sería del 8 %. Considera que si la independencia fuera unilateral sería «económicamente una ruina». José Vicente Rodríguez Mora, catedrático de Economía de la Universidad de Edimburgo, autor de un estudio econométrico titulado Costes económicos de una imposible ruptura con España, concluye que el PIB de una Cataluña independiente caería, solo por el efecto frontera, entre un 10 % y un 12,8 %. Descontando el beneficio de no pagar la transferencia fiscal a España el descenso sería menor, entre un 3,8 % y un 6,1 %.
¿Cómo afectaría al comercio de Cataluña?
Habría una caída brutal del comercio con España, que el estudio de Rodríguez Mora calcula en un 70 %. El posible aumento de las exportaciones a otros países no la compensaría ni de lejos. El principal socio comercial de Cataluña es el resto de España, a la que vende un 45 % de sus bienes. Cataluña vende al resto del Estado por valor de unos 46.000 millones de euros frente a los 37.000 que exporta a la UE y los 22.000 al resto de mundo. Casi el 80 % de sus ventas son a España y la UE. Vende a Aragón casi tanto como a Francia, a la Comunidad Valenciana igual que a Alemania, a Cantabria más que a Estados Unidos, a Murcia más que a China. Ningún país europeo concentra tanto su comercio en un socio tan pequeño como es el resto de España. Si a Cataluña se le aplicara, como es lógico, el arancel aduanero vigente para terceros países, las exportaciones a España y a la Unión Europea «se verían significativamente dificultadas», como señala Antoni Zabalza, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
¿Qué pasaría con las pensiones de los catalanes?
Los expertos consideran que, al menos en un primer momento, se generaría incertidumbre, ya que el sistema catalán debería hacer frente al pago de todas pensiones de los jubilados que hubieran adquirido el derecho en Cataluña, vivieran donde vivieran, y de todas las no contributivas de sus residentes. En un escenario de ruptura unilateral, que conllevaría la falta de cooperación del Estado español, no estaría garantizado el pago inmediato a sus casi 1,7 millones de jubilados. Además, una Cataluña fuera de la UE no podría mantener sus niveles de crecimiento, comercio y empleo actuales, como señala De la Fuente, lo que repercutiría negativamente en las pensiones. Un estudio estima que caerían un 5 % si son sufragadas por las cotizaciones de los catalanes.
¿Habría fugas de empresas?
Todo indica que sí. De hecho, la marcha de empresas españolas de Cataluña es un hecho que se repite desde hace al menos nueve años. En el 2016 se fueron 802 hacia otras regiones, mientras que solo 531 hicieron el camino contrario, lo que da una pérdida neta de 271 empresas. Desde el 2008 hasta el 2016, ha registrado una pérdida neta de 2.522 compañías. En una Cataluña independiente, fuera de la UE y no reconocida internacionalmente, crecería la inseguridad jurídica y, por tanto, la huida de compañías, que buscarían refugio en otras comunidades o en el extranjero.
Solo 3.000 millones de beneficio por las balanzas fiscales
Los independentistas sostienen que Cataluña dispondría de 16.000 millones por las balanzas fiscales. Pero Josep Borrell, coautor de «Las cuentas y los cuentos de la independencia», señala que el beneficio no superaría los 3.000, que es lo que ahora paga de más de lo que le correspondería. El coste de las nuevas estructuras del Estado sería de al menos 8.000 millones de euros.
Una deuda gigantesca y sin contar con el BCE
La independencia unilateral dejaría a Cataluña fuera de la UE y, por tanto, también de la eurozona. Aunque podría seguir utilizando la moneda común. Pero, como destaca Zabalza, «no podría participar en la gestión de la política monetaria común ni en los mecanismos de liquidez ofrecidos por el Banco Central Europeo». Esto significaría que vería notablemente encarecida la financiación de su deuda y que los bancos catalanes no podrían acudir al BCE en busca de créditos. Hay que tener en cuenta que, según datos del Banco de España, Cataluña cerró el 2016 con una deuda de 75.098 millones, de los que 50.037 corresponden a préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros instrumentos del Estado.
En un escenario de independencia unilateral sería complicado determinar el reparto de la deuda y de los activos y pasivos con el Gobierno central. Según los expertos, una Cataluña independiente tendría que asumir un 18,8 % de la deuda española, el porcentaje de su participación en el PIB total. Esto dispararía su deuda a más de 230.000 millones (el 115 % de su PIB). Según Zabalza, el Gobierno catalán no tendría más remedio que crear su propia moneda. En el 2013, una comisión de expertos advirtió en un informe encargado por la Generalitat de que existiría un cierto riesgo de corralito como el de Argentina y Grecia. Rodríguez Mora también contempla «escenarios dramáticos como un crac bancario y un corralito», ya que bancos catalanes no tendrían acceso directo al Banco Central Europeo.