«Ni me une ni me ha unido ninguna relación con las partes personadas que pueda llegar a calificarse como íntima», alega
23 mar 2017 . Actualizado a las 18:36 h.El juez Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia en Andalucía entre los años el 2008 y el 2014, ha rechazado hoy dejar el caso para el que fue elegido como ponente, conocido como la pieza política de los ERE, en el que están procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En un informe hecho público este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juez dice que tiene la «percepción» de que puede «ejercer de forma responsable» sus obligaciones profesionales como presidente de la sala y ponente del caso, en el que hay procesados otros 23 ex altos cargos y para el que aún no hay fecha.
Tras resaltar que se ha visto «perturbado el sosiego y tranquilidad» del tribunal y de él mismo, el juez pide que sea la sección penal de la Audiencia a la que corresponda, probablemente la tercera, la que resuelva el incidente de recusación planteado por el PP y Manos Limpias, a lo que se opuso la Fiscalía Anticorrupción.
«No sólo se ha visto ya perturbado el sosiego y tranquilidad con la que como ponente debería haber comenzado a abordar el estudio de las actuaciones para su posterior enjuiciamiento con la Sala», indica el juez en el informe.
«También -añade- el que como consecuencia de la forma de cuestionar mi inclusión en el Tribunal, se ha visto éste también afectado, al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio».
En su informe, asegura que, cuando fue nombrado alto cargo, «ni conocía ni tenía relación de ningún tipo con los encausados o encausadas» y añade que luego tampoco ha tenido una relación íntima con ninguno de ellos.
Además, subraya que las recusaciones, presentadas tras ser elegido entre tres secciones penales durante un sorteo público y en otro privado entre los cinco magistrados de la sección, «ha implicado ya una perturbación en la actividad ordinaria del Tribunal y puede que del interés superior de la Justicia».
El magistrado, que considera que fue elegido como secretario general para la Justicia por criterios estrictamente técnicos, ha explicado que la «confianza» que se requiere para impartir justicia ha sido cuestionada «de forma legítima» por los recusantes.
«Es cierto que mi continuidad en el Tribunal, conociendo del procedimiento, va a suponer el tener que afrontar por mi parte un reto de abstracción de todo lo sucedido» que considera «vencible», agrega el juez.
En este sentido, añade que «pudiera pensarse que, de no lograrlo, podría implicar un riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada, no sólo respecto a las pretensiones de los recusantes, sino también en cuanto a las planteadas por los encausados y encausadas».
La Fiscalía instó al juez a que examinara si había intervenido en los procedimientos administrativos que se tratarán en el juicio porque eso podría «incidir en la decisión» sobre la «idoneidad» del magistrado para conocer del asunto.
En este sentido, el juez asegura que no ha tenido ningún conocimiento «que no fuera el general que pudiera tener el sector de la población interesada en estar informada, por lo que no he podido formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad».
También afirma que no ha participado «nunca en ningún órgano colegiado de gobierno ni preparatorio de las decisiones del mismo», y señala que las presuntas conductas delictivas que se enjuiciarán se refieren a un sistema de ayudas que comenzó en la década de los años 90 y en el año 2000, mucho antes de que fuera nombrado alto cargo.
Además, el juez califica como «paradoja» el hecho de que mantuviera una relación profesional con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuando en 1992 éste fue decano de los jueces de Sevilla y ahora está vinculado al PP, que es una de las partes que le ha recusado.