El exministro de Justicia tendrá que decidir sobre muchos de sus excompañeros desde el Supremo
28 feb 2017 . Actualizado a las 07:55 h.Había más suciedad de la que se intuía. Brasil se ha sumido en una espiral de revelaciones de corrupción que parece no tener fin. Un caso hace aflorar otro desde hace tres años en un país estupefacto. Lava Jato, Petrobras y Odebrecht son las operaciones o procesos más sonados, pero no los únicos. Lo que más preocupa a los ciudadanos es que la corrupción alcanza los más altos niveles políticos. 44 de los 81 senadores del país están siendo procesados o investigados por la Justicia tras haber sido implicados en casos de corrupción o han sido relacionados con algunas de las tramas por los delatores en manos de las autoridades. Hasta el 54 % de la Cámara podría ser corrupta.
Los legisladores tampoco parecen dar pasos adelante para intentar limpiar su nombre. El pasado miércoles nombraron a un nuevo juez del Supremo. Se trata de Alexandre de Moraes, hasta ahora ministro de Justicia. Su elección ha sido polémica. Gobierno, diputados y senadores están aforados en Brasil. Solo pueden ser juzgados por el mismo Tribunal Supremo. Estarían, pues, nombrando a los magistrados que juzgarán sus casos.
Más ha indignado en las calles que el presidente Michel Temer haya sido quien ha propuesto a Moraes para el sillón. Hasta seis miembros de su Gobierno han sido relacionados con la corrupción. Un delator de Odebrecht, la firma brasileña de la construcción que pagó 788 millones de dólares en sobornos a lo largo y ancho de América Latina, llegó a declarar que Temer le solicitó unos 2,9 millones de dólares para financiar su campaña electoral en el 2014.
El presidente negó todas las acusaciones. Dijo que la empresa hacía donaciones voluntarias sin recibir nada a cambio. Los expertos no descartan que acabe sentado como imputado frente al Tribunal Supremo.
El exministro y ahora juez Moraes ha declinado por ahora inhibirse en los casos de corrupción política. «Seré absolutamente independiente e imparcial», dijo, tras aceptar su nombramiento. Temer y sus ministros podrían acabar siendo juzgados por un tribunal en el que participase su antiguo compañero de gabinete.
El Supremo, en cualquier caso, no da abasto para juzgar los casos de corrupción política. A principios de mes comenzó un proceso contra tres senadores acusados de intentar entorpecer la investigación de la operación Lava Jato.
Uno de los procesados es Renán Calheiros, el hasta hace unas semanas poderoso jefe del Senado. Tuvo que dejar su puesto a finales de diciembre porque así lo ordenó el Supremo. El fallo se basó en la proximidad de un juicio por malversación de fondos públicos en el que el político tendrá que responder por la manutención de un hijo tenido en una relación extramatrimonial. Los pagos fueron supuestamente abonados por un lobista de una empresa de construcción.
Calheiros es una de las personas más señaladas en las masivas manifestaciones de los brasileños contra la clase política. La tensión explotó en diciembre, cuando la Cámara de Diputados reescribió a la carrera una pionera legislación contra la corrupción, disminuyendo el poder que fiscales y jueces tendrían para enfrentarse a esos casos. Calheiros trató de acelerar la votación de la ley en el Senado. Las autoridades siguen tirando de la cuerda. Nadie parece estar a salvo de ser señalado por corrupción. El futuro de Temer está más en el aire que nunca.