El caso Nóos ha sido mucho más que un asunto de corrupción política porque sometió a debate la igualdad de los españoles ante la ley, generó interferencias políticas y provocó la abdicación del rey
18 feb 2017 . Actualizado a las 09:00 h.El caso Nóos no es solo un asunto de corrupción política, que también, sino un proceso de dimensiones históricas que alcanzó la categoría de cuestión de Estado y que puso a prueba la solidez las instituciones, los principios constitucionales y el propio Estado de derecho. El hecho de que por primera vez dos miembros de la familia real, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, se sentaran en el banquillo de los acusados tuvo unas repercusiones que fueron mucho más allá de sus propias responsabilidades y precipitaron la abdicación del rey Juan Carlos para tratar de salvaguardar el prestigio de la Corona.
La imputación de Urdangarin en diciembre del 2011 marcó el inicio de un período especialmente convulso para el rey Juan Carlos, que cuatro meses después sufrió un accidente en Botsuana cuando participaba en una cacería junto a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, con la que mantenía una relación sentimental. La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, de investigar al yerno del monarca por recibir fondos públicos de los Gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana dio origen a un pulso judicial, político y mediático en el que en el que se vieron involucradas todas las instituciones, incluida la Casa del Rey a través de diversos comunicados y hasta los servicios de inteligencia.
Abdicación del rey
Aunque el entonces jefe de Estado quedó fuera de las investigaciones -a pesar de los intentos de algunos acusados, especialmente Diego Torres, de implicarlo personalmente-, el desgaste producido por las revelaciones del proceso, incluidos correos electrónicos entre Urdangarin y el rey emérito, culminó con la abdicación de don Juan Carlos en junio del 2014. Un forma de establecer un cortafuegos entre la Casa Real y los problemas judiciales de la infanta Cristina. Algo que se evidenció en otra decisión histórica, la de Felipe VI, que cortó cualquier relación, incluso personal, con su hermana y su cuñado y no solo los apartó de los actos públicos, sino también de los privados. Pero la negativa de la infanta a renunciar a sus derechos dinásticos, incluso después ser imputada e ir a juicio, puso las cosas más difíciles a la Corona para marcar distancias con doña Cristina y Urdangarin.
El poder político también se vio afectado. Siendo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy se posicionó públicamente en favor de la infanta Cristina.
Interferencias políticas
«Estoy convencido de que las cosas le irán bien», dijo en enero del 2014, cuando ya estaba imputada pero aún no estaba claro si iría o no a juicio. «Estoy convencido de su inocencia», afirmó Rajoy. El PSOE mantuvo una posición de respeto ante la imputación. El entonces líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se limitó a decir que «la Justicia en España es igual para todo el mundo». Pero el propio Rubalcaba se vio afectado luego por el anuncio de la abdicación de don Juan Carlos y, ante las presiones de un sector de su partido en contra de la Corona, aplazó su propia renuncia a la dirección del PSOE para garantizar el respaldo de los socialistas en todo el proceso de sucesión.
El resto de los grupos de izquierda y los nacionalistas utilizaron el caso Nóos para cuestionar a la propia institución monárquica con diversas iniciativas parlamentarias y declaraciones en las que no faltaron acusaciones directas a la Casa Real de interferir en el proceso en favor de la infanta. Y el independentismo catalán, a pesar de que el rey eligió como abogado de doña Cristina a un nacionalista como Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, trató también de utilizar como un argumento más para la secesión el desprestigio que este proceso ha supuesto para la monarquía española.
Que el caso Nóos ha sido mucho más que un juicio por corrupción lo demuestran cuestiones como que gracias a él nos enteráramos de que aquello de que Hacienda somos todos era solo un lema publicitario. Así lo aseguró en el juicio la representante de la Abogacía del Estado y de la Hacienda Pública Dolores Ripoll, en un inútil intento de impedir que doña Cristina se sentara en el banquillo. Tras la sentencia, si el caso ha demostrado que la Justicia en España es igual para todos o más bien todo lo contrario es algo que está a debate.
El proceso rompió la amistad entre el juez y el fiscal, ahora enfrentados
Si algún enfrentamiento ejemplifica las tensiones políticas y judiciales que ha suscitado el caso Nóos, ese es el que mantuvieron el juez instructor José Castro y el fiscal Pedro Horrach. El proceso se llevó por delante una amistad y una colaboración de años en la lucha contra la corrupción. Juntos destaparon grandes escándalos que afectaron a políticos y empresarios mallorquines. Esa colaboración continuó en los inicios del caso Nóos, pero se rompió en el momento en el que el juez decidió imputar a la infanta Cristina. El giro emprendido por Horrach, empeñado en dejar a la hija del rey fuera del proceso, desató una lucha que incluyó durísimos ataques entre ambos a través de sus respectivos autos, con acusaciones rayanas en la prevaricación. Horrach acusó a Castro de investigar de manera «inquisitiva» a la infanta «por ser quien es» y de construir un «andamiaje sobre conjeturas y sospechas» y negó en todo momento que siguiera órdenes de la fiscalía, del Gobierno o de la Casa Real. Y el magistrado culpó al fiscal de dar a la hija del rey un trato deferente y de haberla obligado a escribir «poco menos que un tratado de derecho procesal» para llamar a declarar a la infanta. La absolución de doña Cristina ha venido en parte a darle la razón a Horrach.