En la causa hay personados casi un millar de afectados por la gestión de la excúpula de la firma
30 dic 2016 . Actualizado a las 07:59 h.La Justicia va muy lenta en el caso Pescanova. Abogados e investigados llevan meses esperando a que el juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, dé carpetazo a la instrucción, y ponga fecha al juicio que sentará en el banquillo a una veintena de presuntos responsables de fraude y otros delitos económicos que desencadenaron la quiebra de la compañía, en marzo del 2013.
Fuentes del proceso explican que la instrucción se ha demorado por las comisiones rogatorias enviadas por el juez para tratar de averiguar si el principal imputado, Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova, tiene bienes en paraísos fiscales.
También ha retrasado el sumario la incomparecencia del exconsejero Robert Albert Williams, citado a declarar en tres ocasiones. Una nueva comisión rogatoria enviada a Sudáfrica, país de residencia de Williams, consiguió que el exconsejero acabara prestando declaración por escrito, el pasado mes de septiembre.
¿Qué falta ahora? «Nada relevante, sin duda, pero la instrucción no se cerrará hasta que no tengamos el auto de apertura de juicio oral. Y mientras tanto, cualquiera puede seguir personándose», afirman los abogados.
Este verano, De la Mata declaró Pescanova causa compleja, y prolongó el plazo de instrucción un año más, hasta junio del 2017. Pero los distintos despachos de abogados que trabajan en el caso consideran improbable que se agote esa prórroga.
«Lo que quedan son flecos, pero a veces esos flecos suponen tiempo, porque en un juzgado todo requiere una tramitación, que es lenta», explica el representante de un investigado.
¿Qué tipo de flecos? Cita, por ejemplo, una solicitud presentada recientemente por Fernando Fernández de Sousa, hermano del expresidente de Pescanova, solicitando el sobreseimiento de la causa que se sigue contra él. La petición fue desestimada.
Otro ejemplo: hace unas semanas, el juez dio curso a otra solicitud, en esta ocasión de levantamiento de embargo de las sociedades Kiwi España y Quinta do Sobreiro (ambas, patrimonio de Sousa) para permitir los pagos de nóminas y las cotizaciones a la Seguridad Social.
«El caso no está parado, hay movimiento en el procedimiento, pero, sí o sí, estas cosas requieren tiempo», dicen desde el juzgado.
Los abogados explican que hay personados en la causa casi un millar de afectados, porque la gestión del ejercicio 2012 y del primer tercio del 2013 que se investiga, además de llevar a la compañía al borde de la quiebra, dejó atrapados a 10.000 pequeños accionistas cuando la CNMV suspendió la cotización.
En mayo del 2013, el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió investigar a Manuel Fernández de Sousa, por varios presuntos delitos. Entre ellos, el de falseamiento de información económica, falseamiento de cuentas y uso de información privilegiada.
Junto a él, hasta una veintena de ex altos cargos de la compañía, o responsables de alguna manera de las cuentas de la empresa, que llegó a acumular casi 4.000 millones de deuda, han prestado declaración ante el juez Pablo Ruz o ante su sucesor, De la Mata.
Padre, madre e hijo
En la relación de acusados que encabeza De Sousa, destacan los nombres de los exconsejeros Alfonso Paz Andrade, Fernando Fernández de Sousa, José Alberto Barreras y Antonio Pérez-Nievas, además de buena parte del equipo de dirección del anterior presidente y algunos de sus familiares directos, entre ellos su esposa, Rosario Andrade (investigada más recientemente, en una pieza separada), y también el hijo de ambos, Pablo Fernández, de quien el juez dice que tenía un peso «considerable» en la toma de decisiones de la pesquera.
El informe forense dejó al descubierto con todo detalle cómo el 80 % de las facturas que se movían en Pescanova en la época investigada eran falsas. Esto lleva a los abogados de los afectados a dar por seguro que algún imputado se enfrentará a pena de prisión.