La duda sobre el grado de competencia de la Audiencia Provincial mantiene a Raquel Gago en libertad
ACTUALIDAD
El fiscal ha reconocido que se trata de «una situación inusual», pero ha considerado que será el Tribunal quien ha de decidir, tras petición tanto suya como de la acusación particular
16 dic 2016 . Actualizado a las 16:29 h.La duda sobre el grado de competencia de la Audiencia Provincial de León para determinar si Raquel Gago, condenada a catorce años de prisión por el Tribunal Supremo, debe entrar en prisión ha sido la causa de que la acusada permanezca en libertad hasta la resolución de dicho conflicto.
El presidente de la sala, Carlos Álvarez, ha planteado una «posible falta de competencia objetiva» para decidir el ingreso en prisión de Raquel Gago, a quien el Tribunal Supremo ha elevado de doce a catorce años la condena por la muerte de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, en mayo del 2014.
El juez ha justificado este conflicto sobre el grado de competencia de la Audiencia Provincial con el hecho de que «las piezas de situación del caso obran en poder del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el que dictó la sentencia condenatoria».
Asimismo, el fiscal ha reconocido que se trata de «una situación inusual», pero ha considerado que será el Tribunal quien ha de decidir, tras petición tanto suya como de la acusación particular, el ingreso en prisión de Gago.
Por ello, la Audiencia Provincial de León tendrá que valorar si su competencia es válida para decretar el ingreso en prisión de Raquel Gago, de manera inmediata o no. Sin embargo, en el caso de que se determine que no es competente, la condenada será encarcelada en el momento que sea publicada la sentencia del Tribunal Supremo.
Por su parte, el abogado Felipe Lozano, representante de Raquel Gago, ha anunciado este viernes en la Audiencia Provincial de León que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y que presentará la solicitud del indulto con suspensión de la condena en cuanto se haga pública la sentencia del Tribunal Supremo que sitúa en catorce años la pena de prisión para su defendida.