«Hacienda persigue emigrantes y no pone el mínimo esfuerzo en las grandes bolsas de fraude»

La Agencia Tributaria tiene que reorganizarse para poder luchar de una manera más efectiva contra el fraude fiscal y dejar de azuzar a los emigrantes retornados para combatir las grandes bolsas opacas, explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha, sindicato de técnicos de Hacienda (en el que están los subinspectores).

-¿Por dónde vendrá la subida de impuestos?

-Usted está dando por hecho que la habrá. Hay que ajustar los 5.000 millones que Bruselas nos está pidiendo, es cierto que la recaudación está cayendo en torno al 1,5 % respecto a los primeros nueve meses del año pasado. Solo el IVA crece un poquito. Si tenemos en cuenta que nuestra presión fiscal es inferior en cinco puntos con respecto a la media europea, y siete si la comparamos con la zona euro, pues tendríamos que recaudar 60.000 millones más al año para estar en esa media. Por ello, el reto que tiene el Gobierno es la gran reforma fiscal.

-Insisto: ¿por dónde irá?

-Por dónde debería ir... Debería ir hacia aquellos contribuyentes que están eludiendo el pago de obligaciones. Al cerrar esos agujeros, aumentará la recaudación. Hablamos sobre todo del impuesto de sociedades, que es el que más ha caído y que está en menos del 50 % de recaudación respecto al año 2007. Renta se ha recuperado, mientras que el de sociedades es el agujero negro de nuestra fiscalidad. Habría que afrontar esta reforma reduciendo más deducciones y volver a subir los tipos para las grandes compañías. Los últimos datos dicen que las corporaciones solo tributan a tipos efectivos del 7 %.

-¿Por qué limitar a mil euros el pago de efectivo?

-Es el tope que tienen otros países con una economía sumergida equiparable a la nuestra, como Italia. Y lejos de Francia, con un límite del pago en efectivo de 2.500 o 3.000 euros, y una economía sumergida mucho menor. Pero es más, entendemos que las facturas de más de mil euros pagadas en efectivo no deberían ser deducibles.

-¿Por qué no se lucha contra el fraude?

-El fraude a nivel estatal estaría entre el 20 y el 25 % del PIB español. En Galicia, en el 25,6 %. Los datos demuestran que las medidas adoptadas son insuficientes, y en cuanto a recursos estamos por debajo del 50 % si analizamos los datos de la OCDE.

-Ustedes siempre se quejan de los recursos. Sin embargo, los funcionarios son los trabajadores que más tienen limitado el horario, más salvaguardada tienen la nómina y tienen un puesto fijo. Entonces, ¿por qué no se lucha contra el fraude fiscal?

-Los medios son esenciales, pero además hay que reorganizar la Agencia Tributaria. Hasta ahora en lo que se refiere a la gestión y comprobación de los controlados, cada vez se funciona con mayor eficacia. Pero no podríamos decir lo mismo de la investigación de las bases no declaradas. Nosotros hablamos de desplazar la lupa hacia las grandes bolsas de fraude y hacia los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones. Hay que centrarse en la ocultación que realizan grandes contribuyentes, grandes patrimonios. Se les dedica un esfuerzo mínimo. Es necesaria una mayor coordinación entre la Agencia Estatal y todas las Administraciones autonómicas y locales. Es necesaria una base de datos única para facilitar las investigaciones.

-¿Qué le parecen los chivatos de Hacienda?

-Chivato es una palabra que no me gusta. Las personas que facilitan datos que se pueden perseguir deberían estar más protegidas. Debería haber una normativa que impidiera tomar represalias contra ellos. Vemos muchos casos de corrupción, tanto en España como en el ámbito internacional, en los que al final los confidentes acaban siendo perseguidos por las Administraciones judiciales. Nosotros no somos partidarios del premio por denunciar el fraude, porque puede dar lugar a extorsiones. 

-Una denuncia no sirve para nada cuando el importe a recobrar no compensa el esfuerzo. En estos casos, el fraude se queda como estaba y sigue siendo fraude.

-La Administración Tributaria está primando la cantidad y no la calidad de las actuaciones que lleva a cabo. Este problema repercute en la cantidad de actas que se anulan en los tribunales de justicia y en los económico-administrativos. En estos últimos, más de un 25 % de los casos se anula. Esta manera de actuar puede provocar que se persiga de forma minuciosa a los emigrantes retornados y no se ponga el mínimo esfuerzo en las bases no declaradas, en las grandes bolsas de fraude o en las listas que llegan a la agencia y no dan lugar a la apertura de inspecciones.

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