El PP plantea revisar el pacto contra la corrupción que firmó con Ciudadanos

La muerte de la exsenadora Rita Barberá ha dividido al PP, pero ha provocado también un distanciamiento entre los populares y sus socios de Ciudadanos. El PP recuerda que fue el partido naranja el que exigió incluir en el documento de 150 puntos pactado entre ambas fuerzas el apartamiento de los cargos públicos desde el momento en que son imputados, lo que provocó la expulsión de Barberá. Ahora, tras el fallecimiento de la ex alcaldesa, el PP plantea darle «una vuelta» a ese acuerdo. Y, aunque esa posición no es compartida, al menos en público, por el Gobierno, el Ejecutivo cree que todos los partidos deben reflexionar sobre esta cuestión. En todo caso, Ciudadanos ya advirtió ayer de que no está dispuesto a revisar ningún punto del pacto firmado con los populares.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, que es el que sostiene la posición más dura en torno a la muerte de Barberá, con ataques a la prensa incluidos, planteó ayer la necesidad de dar esa «vuelta» al acuerdo y añadió que, si se decide mantener esa exigencia de dimisión en el momento de la imputación, se articule algún mecanismo para «compensar» y restituir a los que luego sean absueltos.

Hernando cuestionó los ataques que se hicieron a Barberá desde el propio PP. «A veces no está uno afortunado», dijo, y añadió que «a lo mejor debíamos haberla amparado». Pero recordó, en referencia a Ciudadanos, que «había quien nos pedía que o esta señora se iba del partido o España se quedaba sin Gobierno». Y, respecto a porqué el PP le exigió la dimisión, explicó que la situación era insostenible en vísperas de las elecciones vascas y gallegas. «Llegamos a la conclusión de que se la estaba utilizando para hacer un ataque al PP. Pensamos, primero, que se la protegía a ella y que dejarían de utilizarla para atacar a [Alberto Núñez] Feijoo y a [Alfonso] Alonso. Era una mezcla de las dos cosas»

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, no secundó la propuesta de revisar el acuerdo. Pero, aunque señaló que los pactos están «para cumplirse», pidió también una «reflexión» de todos los partidos sobre el momento en el que debe apartarse a los políticos investigados. «El debate está en la sociedad y este hecho triste y doloroso nos debe hacer reflexionar sobre estas cosas. A la hora de ponerlo en práctica, tenemos que hablar con todo el mundo y sería bueno que todos los partidos se pongan de acuerdo», añadió el portavoz.

Restitución para los absueltos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió sin embargo con rotundidad que el pacto con Ciudadanos «está en vigor y goza de muy buena salud» y no vio motivos para replantearlo. «Será en el momento procesal (en el de la imputación) cuando deban abandonar sus responsabilidades», precisó. El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, advirtió de que su partido no está dispuesto a revisar lo pactado con el PP. Avisó de que exigirá su cumplimiento en donde es decisivo para la mayoría, sea en Madrid, en Andalucía o en Murcia, y explicó que por «una desgracia», como la muerte de Barberá cuando estaba siendo investigada no se deben «extraer cambios de criterios políticos». «Si hay imputación formal, debe dejarse el cargo», insistió, al tiempo que advirtió de que si se incumple el acuerdo en cualquiera de sus puntos, Ciudadanos lo dará por roto y será difícil pactare la aprobación de leyes. Sin embargo, Ciudadanos sí acepta la propuesta de buscar fórmulas para recuperar a los políticos que dejan el cargo al estar imputados y luego resultan absueltos. Ahí, dijo Villegas, hay «un camino por recorrer».

Los populares defienden la dimisión solo ante el juicio oral

«El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos». Ese es el punto 93 del pacto de investidura firmado entre los populares y el partido naranja. En el momento en el que se firmó ese acuerdo, 28 de agosto del 2016, ya existían serios indicios de que Rita Barberá iba a terminar siendo investigada por el Tribunal Supremo. El propio Rafael Hernando, que ayer reclamaba su revisión, fue el que rubricó el documento en nombre del PP, junto a Juan Carlos Girauta de Ciudadanos.

El PP nunca había apoyado que la imputación marcara el momento de la exigencia de responsabilidades. Hasta el pacto con Ciudadanos, defendía que se tomaran medidas contra un cargo público en el momento en que se abra juicio oral o haya indicios de criminalidad porque se formule la acusación. Su tesis era que eso permitía evitar decisiones apresuradas y también la «pena del telediario» que, a su juicio, vulnera la presunción de inocencia. El PP celebrará su congreso en el mes de febrero y esa será una de las cuestione que se planteen, de manera que los populares podrían aprobar una fórmula que entre en contradicción con lo que el Gobierno ha firmado en el pacto con Ciudadanos.

La imputación de Barberá por el Supremo tuvo lugar antes de que se produjera la votación de investidura y Ciudadanos dejó claro que el pacto exigía que Barberá abandonara su cargo de senadora o que el PP la expulsara del partido, que fue lo que finalmente hizo, forzando a la exalcaldesa a renunciar a su militancia dos semanas después de firmarse el pacto. Antes de eso, Ciudadanos ya había exigido a la presidenta andaluza, Susana Díaz, la dimisión de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para permitir su investidura. Y los entonces diputado y senador no dimitieron hasta dos semanas después, una vez que Ciudadanos se abstuvo.

Asociaciones de prensa defienden al sector frente a las acusaciones de acoso a la senadora

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) defendieron ayer el derecho a la información de los ciudadanos ante las críticas vertidas hacia los medios de comunicación tras la muerte de Rita Barberá, por considerar que hubo una cacería mediática contra ella. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, señaló, por su parte, que «el periodismo debe reflexionar sobre su función y cómo desarrollarla, ahora y siempre».

La PDLI advirtió, acerca de las acusaciones de acoso mediático a la exalcaldesa de Valencia, de que «estos comentarios se producen en un contexto muy concreto: cuando está sobre la mesa una propuesta instando a modificar la ley de protección del derecho al honor para incorporar nuevas restricciones». «Nos culpan a los periodistas de poner el foco justo donde tenemos que ponerlo: en políticos que gestionan lo de todos como si fuera suyo», afirmó la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso,

Contrapoder

La Asociación de la Prensa de Madrid emitió un comunicado en el que defiende «ante todo el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a la libertad de expresión, pilares ambos de nuestra democracia». La APM recuerda que «es responsabilidad de cada uno administrar tal libertad con respeto a los derechos de los demás, entre ellos el de la intimidad y el de la presunción de inocencia, lo cual no puede excluir la crítica a los personajes públicos», así como que «si una información es veraz, es de interés general y está debidamente contrastada, en ningún caso se debe ocultar a los ciudadanos, máxime cuando se trate de personajes públicos».

La presidenta de la FAPE, Elsa González, aseguró que los medios de comunicación «deben ir más allá de la búsqueda de audiencia a costa de primar la información impactante sobre la importante». «El periodismo debe ayudar a generar criterio y puede crear estados de opinión. De ahí su influencia sobre la sociedad, que se proyecta en su sentido de la verdad, de la humanidad y de la ética. El trabajo del periodista afecta al honor de las personas y a su presunción de inocencia, desde luego, pero es inadmisible la autocensura. La esencia del periodismo es su función de contrapoder», subrayó.

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