Santos ignora a Uribe, que exige un plebiscito, y firma hoy el pacto con Timochenko
24 nov 2016 . Actualizado a las 07:47 h.Colombia tiene por delante una semana clave para la resolución de un conflicto armado de más de cinco décadas de duración. Sobre la mesa del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) está un nuevo acuerdo de paz, tras el rechazo del pacto anterior en el plebiscito del pasado octubre.
Los plazos
Cita para hoy. El nuevo acuerdo de paz se firma hoy a las 11.00 horas en Colombia, 17.00 en España. El escenario será el Teatro Colón de Bogotá, la capital del país. Será un paso más hacia la desmovilización definitiva de las FARC. El paso definitivo será la validación del acuerdo. El Gobierno aboga por ratificarlo en el Parlamento a partir del próximo martes. El abandono de las armas por parte de la guerrilla comenzaría inmediatamente después de quedar aprobado el acuerdo. Quienes se oponen al pacto reclaman otro referendo.
Los protagonistas
Santos y Timochenko. El presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko, rubricarán una vez más un acuerdo de paz. Será la segunda vez en dos meses, tras la firma en Cartagena a finales de septiembre. Es la primera vez que un líder de la cincuentenaria guerrilla pisa Bogotá.
Los principales cambios
Las exigencias del bloque del no. El Gobierno afirma haber modificado 56 de los 57 puntos renegociados con las FARC tras la toma en consideración de 500 propuestas de quienes se opusieron al anterior pacto.
La guerrilla se compromete ahora a entregar todos sus bienes y dinero para reparar a las víctimas, haciendo públicas sus fortunas ilegales. Se ratifica el respeto a la propiedad privada y a no expropiar ignorando la ley vigente. La Justicia especial de paz será administrada solamente por jueces colombianos y solo regirá por 10 años, recibiendo solicitudes los dos primeros. En un principio iban a participar jueces extranjeros. Quienes confiesen delitos de guerra obtendrán el beneficio de la no privación de la libertad. El nuevo documento sí aclara que les será restringida su movilidad en unas zonas previamente acordadas y acotadas. Solo podrán salir con autorización.
Se analizará caso por caso si los acusados de narcotráfico cometieron ese delito por su actividad política o de forma independiente. Si se da el segundo caso, el guerrillero sería juzgado por narcotráfico como un criminal normal. Militares y policías tendrán todos los beneficios de la justicia transicional para los guerrilleros, pero no serán equiparados con ellos, como reclamaban los defensores del no.
Las FARC no podrán optar a los 16 puestos en el Congreso reservados a las zonas más golpeadas por el conflicto armado.
La oposición
Sigue el rechazo popular. El 50,2 % de la población colombiana se opuso al anterior acuerdo. Fueron liderados por los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y el ex procurador Alejandro Ordóñez, que siguen rechazando el nuevo texto. Piden que los guerrilleros condenados no puedan participar en política. También que el delito de narcotráfico no se considere como conexo al delito político. Reclaman asimismo tener la seguridad jurídica de que el acuerdo no se incluya en el bloque de constitucionalidad. Piden asimismo más medidas para evitar la impunidad.
Se opone también un sector importante de la Iglesia Católica y del colectivo evangélico. Creen que el acuerdo promociona lo conocido en Colombia como «ideología de género» en favor de la comunidad homosexual. Para muchos no son suficientes los cambios al respecto en el nuevo acuerdo.
Los obstáculos
¿Puede Uribe frenar el acuerdo y obligar al plebiscito? Parece difícil. Santos está totalmente convencido de aprobar el pacto por vía parlamentaria, donde su coalición por la paz tiene mayoría. Uribe pidió ayer la celebración de elecciones parlamentarias antes de la aprobación del pacto, sabedor de que puede aumentar su representación en el Congreso. Cuenta, sin embargo, con pocos instrumentos legales para conseguirlo. Ya ha llamado a la desobediencia civil activa para protestar contra el acuerdo.
La voz de la calle
Lejos de la unidad. La sociedad colombiana continúa profundamente dividida. Las posiciones apenas parecen haber cambiado desde octubre. La mitad de la población apoya el pacto, y la otra mitad lo rechaza. Esa situación está afectando incluso a las relaciones de amistad en el país. La mayoría de los colombianos opta, eso sí, por la paz, aunque una parte reclama menos impunidad.
Las consecuencias
Crece la violencia tras el alto el fuego. Hasta 70 líderes de asociaciones pro Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia en lo que va de año. La mayoría en el medio rural. La tendencia se ha acelerado en las últimas semanas. Tres líderes sociales han sido asesinados en los últimos días. Uno de ellos escapó tras recibir seis disparos. Se desconoce si los asesinos son miembros de grupos organizados o sicarios independientes a sueldo. Pero la violencia no se ha detenido en Colombia.