«Sería inadmisible un juicio a Bankia sin sentar a Ordóñez en el banquillo»

Andrés Herzog (San Sebastián, 1974), excandidato de UPyD y abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), la acusación popular en el caso de la salida a bolsa de Bankia, es uno de los artífices de que ahora se conozcan muchos de los motivos que llevaron al fiasco de aquella entidad y a que precisara 22.400 millones de ayudas públicas. El abogado cree que es «muy llamativa» la negativa «absoluta» del Banco de España a reconocer la verdadera situación de esa entidad cuando se estrenó en el parqué, «dejando por el camino un reguero de víctimas: accionistas, preferentistas y, finalmente, todos los españoles».

Los cuatro correos electrónicos de José Antonio Casaus, inspector jefe del Banco de España en Bankia, conocidos el viernes, confirman «que las instituciones no funcionan», que miraron para otro lado y que fueron responsables de no evitar un «desastre» anunciado. Y quiere a los responsables, incluyendo la cúpula del Banco de España, en el banquillo.

-¿Qué implican esos correos ahora conocidos? ¿Qué cambian con lo que ya se sabía?

-Demuestran el conocimiento que tenía el Banco de España de la verdadera situación patrimonial de Bankia en el momento de la salida a bolsa, que fue fraudulenta. Y no es algo que diga yo, sino que lo hacen los peritos judiciales. Suponen un avance importante del procedimiento porque muestran que el supervisor ignoró las advertencias y siguió con esa salida a bolsa cuando aún podía haber tomado otra decisión. Y lo que puede conllevar es que tengan que declarar en calidad de investigados los responsables del Banco de España, que hasta este momento han declarado como testigos y que, además, han negado todo lo que ahora se ha puesto de manifiesto.

-¿Cómo interpreta que el Banco de España se resistiera tanto a entregar los «mails»? ¿Trata de protegerse a sí mismo?

-Sí. Totalmente. Cuando el juez hace dos meses le pidió todos los correos cruzados entre sus inspectores en la entidad y el propio Banco de España, los ocultaron. Esto te da la medida de la actitud de las instituciones en todo este procedimiento: no solo no colaboran en el esclarecimiento de la verdad, sino que obstaculizan la acción de la justicia.

-Hace unas semanas Bankia respondió a un requerimiento del juez de la Audiencia Nacional que existían las provisiones que recogían las cuentas cuando la entidad salió a bolsa. Pero los correos apuntan a un enorme déficit de ese colchón. ¿Cómo casan esas dos afirmaciones?

-¿Si existían esos colchones por qué tuvimos que rescatar la entidad? No acabo de entenderlo. Hay gente que cree que la contabilidad es un chicle, y lo lleva a la práctica, como se demuestra en este caso, donde hay informes periciales que dicen cosas inverosímiles. Pero, claro, si había colchones y estaban, en teoría, para usarlos en situaciones en los que fueran necesarios, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué tuvimos que poner casi 23.000 millones? Eso no lo explican, porque no tiene explicación. Los correos tienen el valor de mostrarnos cuál era la verdadera situación de Bankia: desesperada, incluso dramática. Y prueban que las instituciones no funcionan: no solo el Banco de España, también CNMV, FROB... Fallaron todos los controles.

-Ustedes ya pidieron en dos ocasiones la imputación del ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. ¿Volverán a hacerlo ahora?

-Quien debería pedirlo es la Fiscalía. En este momento toca apelar al fiscal para que haga su trabajo y pida esa imputación. Si no lo hace, no tendremos más remedio que solicitarlo nosotros por tercera vez. Sería inadmisible un juicio en el que no estuvieran sentados en el banquillo los máximos responsables del Banco de España, porque nada de esto habría pasado, ya no sin su pasividad, sino sin su colaboración. Su delito sería el de la cooperación necesaria para el delito de estafa de inversores en la salida a bolsa, que es, básicamente, de lo que se acusa a los consejeros.

-¿Y las responsabilidades políticas? ¿Se han planteado llamar a declarar a la exministra de Economía, Elena Salgado?

-Es verdad que hay otras responsabilidades porque la salida a bolsa de Bankia fue una decisión política. Pero en un procedimiento penal dar el salto a las responsabilidad políticas, aunque las haya, es muy complicado. Necesitamos pruebas. Aunque yo no tengo ninguna duda de que la salida a bolsa fue una operación política.

-¿Y la carta posterior que el inspector Casaus ha remitido al juzgado matizando que en los correos no se refería a Bankia sino al Grupo BFA-Bankia? ¿Cree que obedece a una presión del Banco de España?

-Totalmente. Creo que ha habido un acuerdo con el Banco de España para intentar agarrarse a un clavo ardiendo. Cuando te han pillado con las manos en la masa se aferran al «quiero aclarar un matiz». Y en el fondo es irrelevante, porque que fuera Bankia o fuera BFA [la matriz] da igual, era todo un grupo y había un efecto contagio evidente. Lo advierte el inspector cuando dice que el sistema de doble banco nos va a llevar al desastre, como ocurrió.

Inversores gallegos se jugaron 20 millones en la salida a bolsa

La cuestionada salida a bolsa de la entidad financiera, el 20 de julio del 2011, sedujo a grandes y pequeños inversores gallegos que, en conjunto, se jugaron al verde de Bankia 20 millones de euros. Del total, algo más de cinco millones corresponden a institucionales -un ramillete de empresas-, mientras que en el tramo minorista en Galicia hubo 5.000 personas que invirtieron del orden de quince millones.

Lejos de convertirse en un buen negocio, el hundimiento de las acciones tras su rescate hizo que los accionistas perdieran su dinero, lo que desembocó en una avalancha de procedimientos judiciales para reclamar por la fraudulenta salida al parqué.

Fue una sentencia civil del Tribunal Supremo -independiente de la causa penal que instruye la Audiencia Nacional- la que a principios de año dio un giro inesperado al caso, al respaldar que las cuentas con las que Bankia salió al mercado no eran fiables y obligar a devolver el dinero a los minoristas que recurrieron. Bankia entonces decidió devolver todo lo invertido a los pequeños accionistas (14 millones a 2.600 gallegos), aunque no así a los institucionales. Las últimas revelaciones podrían dar un giro al caso y que los grandes inversores, que hasta ahora -salvo excepciones, como Iberdrola, OHL o Meliá- no han reclamado judicialmente sus pérdidas, lo hagan. Antes del verano los gallegos descartaban esa opción.

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