Alcoa congela la venta de sus fábricas a la espera del resultado de la subasta eléctrica

Los representantes de los trabajadores de las tres fábricas que Alcoa quiere vender en España, las de A Coruña, Avilés y la de aluminio de San Cibrao (la de alúmina se mantendrá en el grupo estadounidense), preguntan día sí, día también, por cómo discurre el proceso de búsqueda de comprador. Pero hace meses que «está todo parado», aclara un representante sindical de una de las plantas gallegas. No se mueve ni un brizna de hierba en los despachos desde antes del verano, cuando durante semanas se produjeron visitas de potenciales compradores a las tres fábricas.

Pero, tras inspeccionarlas, a los posibles inversores les falta por conocer el dato fundamental para decidirse: si serán o no rentables, al menos el próximo año. Y en esa variable desempeñará un papel fundamental lo que ocurra en la subasta eléctrica convocada para la semana del 14 de noviembre. Porque en esa puja se dirimirá el precio de la energía que pagarán finalmente cada una de las tres instalaciones a lo largo del 2017. Y en una fábrica de Alcoa, la factura eléctrica supone el 40 % de los costes de funcionamiento. Ahí es nada. 

Dos convocatorias anteriores

Así que los posibles compradores estarán más que atentos al resultado de la subasta para tomar una decisión. ¿Qué puede ocurrir? Nadie lo sabe, claro. Pero sí se conoce, más o menos, lo que pasó en las dos convocatorias que se han celebrado hasta el momento. En ambos casos, Alcoa siempre valoró que la energía bonificada obtenida no había sido suficiente para mantener el mismo nivel de incentivos que percibía en años anteriores, al menos en A Coruña y Avilés. Aunque no facilita información oficial ni sobre el balance de las subastas ni tampoco sobre los resultados económicos, ni por plantas ni del grupo en España. 

Contrató a Goldman Sachs

Sin embargo, las fábricas siguen abiertas y funcionan con normalidad, aunque hace unos meses, de forma sorpresiva, decidió sacarlas a la venta, pero la compañía tampoco ofreció esta vez información clara al respecto. Sí trascendió, aunque no por boca de la empresa, que Alcoa había contratado al banco de inversiones Goldman Sachs para gestionar la operación de venta. El pretendiente que tiene más enteros es Aludium, división en España del fondo de inversión estadounidense Atlas, que ya se hizo con otras dos plantas de Alcoa en España: Amorebieta y Alicante. 

Condiciones similares

Operación de venta al margen, los trabajadores de las fábricas están más preocupados por el resultado de la nueva subasta. José Luis Combarro, presidente del comité de la fábrica de San Cibrao, explicó que las condiciones de la puja son muy parecidas a las del ejercicio anterior. El dato importante que todavía no se ha publicado es el número exactos de bloques de 90 megavatios que van a salir a subasta. «Lo ideal serían diez, no ocho como el año pasado, porque Alcoa tendría entonces más posibilidades», explicó. En la última puja, la multinacional estadounidense optó a seis bloques de 90, pero finalmente logró solo tres, los tres para San Cibrao. A Coruña y Avilés funcionaron con una veintena de bloques de 5 megavatios.

Nazario Arias, vicepresidente del comité de A Coruña, se confesó «escéptico» con el resultado de la nueva subasta porque «siempre salimos penalizados».

Un sistema de concurrencia competitiva para adjudicar incentivos

La reforma energética impulsada por el exministro José Manuel Soria consagró el sistema de concurrencia competitiva para adjudicar algunos incentivos a las empresas. También para regular el conocido como servicio de interrumpibilidad. Es el que prestan las industrias que más energía consumen a cambio de pagar menos en la factura de la luz. Las compañías se dejan cortar el suministro en caso de necesidad del sistema eléctrico. Hasta el 2014, tenían garantizado el descuento anual, pero desde entonces deben acudir a una puja y competir con el resto de industrias. Los incentivos se los llevan aquellas que estén dispuestas a cobrar una menor compensación. Cada año se reparten entre las empresas unos 500 millones de euros para abaratar su tarifa. Es un gasto más del sistema eléctrico que sufragan los consumidores vía recibo.

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