Los acusados por las tarjetas opacas intentan tumbar la prueba del desglose de sus gastos
27 sep 2016 . Actualizado a las 01:21 h.Y llegó el día de rendir cuentas por las black. Ese escándalo de corrupción que removió como ninguno las entrañas de la ciudadanía -que no las conciencias de los implicados, al menos que se sepa- hace ahora dos años. Aquel que sacó a la luz que 83 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia, la entidad rescatada por el Estado con más de 22.000 millones de euros del dinero de todos, despilfarraron sin control 15,5 millones de euros entre 1999 y el 2012 con las tarjetas de crédito que recibieron. Eran para sufragar gastos de representación, pero acabaron comprando caprichos de miles y miles de euros. Joyas, ropa, arte, puros, safaris, armas, restaurantes de alto copete, hoteles de lujo... De todo. Y todo, mientras con su desastrosa gestión llevaban a la entidad por cuyo interés debían velar a un callejón sin salida que a punto estuvo de costarle la bancarrota a España.
Quizá creyeron -así lo parece a la luz de los hechos- que aquello nunca se sabría. Nadie tiene por qué enterarse, debieron de pensar. Y menos Hacienda. Pero se equivocaron. Y de qué manera. Desde este lunes, 65 de ellos, incluidos los expresidentes de Caja Madrid, primero, y Bankia, después, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, rinden cuentas en la Audiencia Nacional por sus desmanes. Todo llega.
Responderán por los gastos efectuados entre el 2003 y el 2012, que suman 12 millones de euros. Lo que dilapidaron antes se da por prescrito. Se enfrentan a peticiones que oscilan entre uno y seis años de prisión por apropiación indebida o, en su caso, administración desleal. El lunes -hoy también será así- el día estuvo dedicado a lo que en la jerga judicial se conoce como las cuestiones previas. Esto es, asuntos que quedaron sin resolver en la instrucción (desde posibles prescripciones a supuestas vulneraciones de derechos fundamentales), incluidos algunos que podrían terminar provocando la nulidad de todas o, al menos, parte de las actuaciones realizadas.
En este caso, las defensas, una legión de abogados de los bufetes más prestigiosos -y caros- del país, se agarran a que la principal prueba de cargo -las famosas hojas de cálculo donde quedaron retratados todos y cada uno de los caprichos que se regalaron con el dinero de otros- es nula. Es su clavo ardiendo.
«Ni conocemos el sistema [las hojas de cálculo] ni la custodia que ha tenido», denunció la abogada de Ángel Gómez, exmiembro de la comisión de control de la caja de ahorros (dispuso de 149.000 euros con su tarjeta). Los archivos, abundó en su queja, «están plagados de errores, apuntes duplicados y sitios en los que mi cliente no ha estado jamás», para terminar denunciando que tampoco existe «soporte documental que acredite la realidad de los gastos».
El letrado de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE (94.000 euros gastados con su black) llegó incluso a tachar los documentos de «chapuza hecha por un mero colegial», porque «están plagados de errores». En un tono similar, la abogada de Rodolfo Benito, exconsejero y exdirigente de CC.?OO., dijo que resulta «imposible determinar de dónde ha extraído Bankia esos datos», al tiempo que acusó a los responsables del banco de «actuar con una clara actitud incriminatoria» al aportar «solo material inculpatorio y no exculpatorio» pese a que, según ella, también disponían de él.
Aun compartiendo las alegaciones de sus compañeros -básicamente casi todos los defensores se fueron adhiriendo, uno tras a otro, a las mismas quejas-, los abogados de Miguel Blesa (436.700 euros con la tarjeta) y Rodrigo Rato (99.054 euros), los principales responsables de este sistema «opaco» de pagos -como lo definió el juez del caso-, abundaron más en la tesis de que el acceso a los movimientos bancarios de sus clientes habría vulnerado la Ley de Protección de Datos, puesto que no son meras cifras, sino que revelarían «aspectos íntimos de la persona» e incluso podrían llegar a afectar a su «libertad y dignidad». También señalaron que se conservaron más allá del período de consentimiento fijado (18 meses) y que se manejaron sin una orden judicial previa.
Además, la mayoría de los abogados de los 65 acusados pidieron la expulsión del procedimiento de Bankia y del FROB. El motivo, esgrimieron, es que ambos carecen de legitimación para ejercer la acusación, ni la acción popular al no reunir los requisitos necesarios, porque «no son perjudicados ni ofendidos» al no ser «formalmente sucesores» de Caja Madrid. La heredera directa sería su fundación, que renunció a personarse en el caso, y el banco, apuntaron, «simplemente» fue el resultado de la fusión de varias entidades de ahorros, entre ellas la madrileña.
Sin vela en el entierro
«No tienen vela en este entierro», llegó a aseverar el letrado del exconsejero Estanislao Rodríguez Ponga, que fue anteriormente secretario de Estado de Hacienda y quien cargó un total de 255.372 euros a su tarjeta.
Otro de los argumentos compartidos por las defensas es el de la posible prescripción del delito de apropiación indebida que la Fiscalía atribuye a todos ellos. A su juicio, ese plazo se habría cubierto con creces (los primeros pagos no declarados prescritos son del año 2003) cuando Anticorrupción presentó su denuncia en octubre del 2014. Por eso consideran que el Ministerio Público trató de «resucitar» unos hechos ya extinguidos, «alterando la interpretación de la ley» para «convertirlos en algo continuado» y permitir que la responsabilidad penal siga viva «modificando plazos».
«Qué desgraciados, que roban el dinero a los jubilados»
Era de esperar. Blesa y Rato fueron ayer recibidos con gritos e insultos por parte de una decena de preferentistas a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.
Fue la de Blesa la entrada que suscitó mayor expectación. Una decena de manifestantes preferentistas intentaron increpar al exbanquero, que llegó acompañado de su abogado, pero los agentes de la Policía Nacional se lo impidieron. La de Rato pasó bastante más desapercibida al acceder al edificio al mismo tiempo que otros acusados. Tras él, el que fue consejero de la entidad y presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, también abucheado por los preferentistas, que profirieron frases como «Qué jeta, qué jeta, los de las tarjetas» o «Qué desgraciados los que roban el dinero a los jubilados».
El que sí se llevó los elogios de los manifestantes ha sido el exportavoz de UPyD, Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular través de la Confederación Intersindical de Crédito.