La oposición reprueba a la exalcaldesa y el PSOE se persona como acusación en el caso
21 sep 2016 . Actualizado a las 07:28 h.La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, investigada por el Tribunal Supremo por un presunto delito de blanqueo de capitales, acabará siendo la portavoz del Grupo Mixto en el Senado, al menos durante un mes. La exdirigente del PP quedó ayer incorporada a este grupo tras comunicar su baja en el de los populares, una vez confirmada su renuncia a la militancia en este partido. Xavier Alegre, de Ciudadanos, actual portavoz del Grupo Mixto en el Senado, explicó que Barberá desempeñará las mimas funciones que el resto de integrantes, lo que incluye asumir la portavocía por turnos de un mes. En su caso, ese turno llegaría entre junio y julio del 2017, siempre que la legislatura actual continúe y no sea necesario convocar nuevas elecciones, que podrían alterar la composición de esta bancada. A la senadora se le asignará un escaño, despacho propio y será portavoz en una comisión. Compromís, partido integrado también en el Grupo Mixto, anunció, sin embargo, que reclamará una modificación en el funcionamiento de la agrupación para impedir que Barberá asuma responsabilidades en su nombre.
En cualquier caso, la exalcaldesa de Valencia no lo tendrá fácil. Toda la oposición reprobó ayer la decisión de Barberá de aferrarse al escaño pese a darse de baja en el PP. Y varias formaciones anuncian ya que tomarán medidas para tratar de forzar su salida del Senado. El PSOE explicó ayer que no solo pedirá la suspensión cautelar como senadora de Rita Barberá en cuanto llegue la petición de suplicatorio y que hará todo lo que esté en su mano para impedir que continúe en el Senado, sino que ha pedido al Supremo personarse como acusación particular. El portavoz socialista en la Cámara alta, Óscar López, exigió que sea el líder del PP, Mariano Rajoy, quien reclame a la exdirigente popular que abandone el escaño. «No vale que no tiene autoridad sobre ella. Al menos que lo intente», señaló.
El PP ve una doble vara de medir
Entre las iniciativas que se analizan para apartar a Barberá del Senado está la impulsada por Podemos, que pretende que no se le pague la nómina si sigue ausentándose de las reuniones parlamentarias, una posibilidad que sí recoge el reglamento. La portavoz del partido morado en el Senado, Maribel Mora, consideró «vergonzosa» la actitud de la ex parlamentaria popular y estimó que sería causa de despido en cualquier otro empleo.
El Grupo Popular no apoyó las críticas del resto de partidos a Barberá. Algo que el portavoz de los populares, José Manuel Barreiro, justificó recordando que hay parlamentarios de otras formaciones que mantienen su escaño pese a estar imputados, como el senador Iñaki Goioaga (Bildu), investigado por «una acusación tremendamente grave» como es un delito de terrorismo, o el diputado Francesc Homs (de la antigua CDC), imputado por la consulta ilegal en Cataluña. «En el caso de Rita Barberá parece que se ha descubierto algo totalmente diferente y se utilizan varas de medir totalmente distintas», señaló Barreiro, quien consideró «respetable» su decisión de dejar la militancia en el PP, y añadió que también respeta su «decisión de mantenerse en el escaño».
Al menos en este argumento, el PP encontró ayer un aliado en el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, quien pidió «rigor» y «criterio para tratar estos temas, que no ayudan a la política ni a los que hacemos nuestra labor». Según explicó, su partido no pedirá para Barberá «nada especial que no se haya hecho en ningún caso» y que su pretensión es dar a la exalcaldesa el «mismo trato que a otros senadores».
El Gobierno comunica que De Guindos no irá al pleno del Congreso a hablar de Soria
El Gobierno en funciones comunicó oficialmente al Congreso que Luis de Guindos no comparecerá el próximo día 27, tal y como estaba previsto, para explicar la propuesta de nombramiento de José Manuel Soria para el Banco Mundial. La ausencia del titular de Economía en el hemiciclo obliga a los grupos a fijar un nuevo orden del día.
No será la primera vez que un represente del Gobierno en funciones no acude al Parlamento. En la anterior legislatura, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a someterse al control de la Cámara al entender que la composición del Congreso no le había otorgado la confianza y que, por tanto, su labor de control debía ser sobre un nuevo Gobierno. El conflicto está a la espera del pronunciamiento del Constitucional.