El caso Apple pone sobre la mesa la desigualdad fiscal y la deslealtad que promueven algunos países de la UE
04 sep 2016 . Actualizado a las 09:04 h.Existe una especie de código de buena conducta entre los pescadores, una ley no escrita, que persuade a quienes practican el oficio de echar el anzuelo donde otro camarada ha logrado atraer a una presa. Hacerlo, no solo es una deslealtad, también reduce las posibilidades de atraparla. Esta práctica no figura en los manuales de las Haciendas públicas europeas, enzarzadas desde hace dos decenios en una cruenta guerra fiscal por cautivar el capital de las grandes compañías multinacionales.
No importa dónde se produzcan beneficios, los impuestos serán abonados en aquel país que ofrezca un mejor cebo, en forma de una factura más benevolente. Las trampas y atajos legales que brindan autoridades fiscales como la irlandesa, la luxemburguesa, la holandesa, la belga o la británica a las grandes empresas cuestan, según los cálculos menos pesimistas de la Comisión Europea, unos 50.000 y unos 70.000 millones de euros anuales a los contribuyentes europeos. Y es tan solo una porción pequeña del pastel que los Estados dejan de ingresar por las prácticas de elusión, fraude y evasión fiscal.
Cincuenta euros por millón
«Apple llegó a pagar 50 euros por cada millón de euros de beneficios», anunció escandalizada el pasado martes la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. Los titulares cargaron tintas contra la compañía, pero el Gobierno irlandés también anunció que recurrirá la decisión de Bruselas, que obliga al Estado a recuperar más de 13.000 millones de euros que Apple se pudo haber ahorrado del 2003 al 2014 gracias a unos esquemas fiscales exclusivos que distorsionaron la competencia de forma perversa. Irlanda no quiere que dilapiden su imagen, su jardín de las delicias a ojos de las multinacionales.
Investigadas
Apple no es la única en el punto de mira. Amazon y McDonald’s también están siendo investigadas por amaños fiscales en Luxemburgo. «Cualquier café vienés, cualquier puesto de salchichas paga más impuestos en Austria que estas multinacionales», denunció el canciller austríaco, Christian Kern, antes de admitir que el gigante norteamericano Starbucks solo había pagado en el 2014 unos 1.400 euros por el impuesto de sociedades, que Austria fija en el 25 %. Y apunta a los culpables: «Lo que hace Irlanda, Holanda, Luxemburgo o Malta es insolidario con el resto de las economías europeas».
Y es que a golpe de crisis y oportunidad, la UE ha conseguido una imperfecta convergencia de la política monetaria, presupuestaria e incluso económica, pero todavía estamos lejos de una confluencia fiscal. ¿Por qué? El experto periodista belga Éric Walravens apunta en su libro Dumping Fiscal la clave: «Una armonización fiscal provee a los Estados, sobre todo a los pequeños, de un cómodo mecanismo de ajuste, de la misma manera que la moneda única les priva de flexibilidad monetaria. Si ellos no pueden ofrecer más rebajas fiscales, ¿cómo podrán los países periféricos competir con los del centro?». Una armonización efectiva requiere profundizar más en los mecanismos solidarios y romper un tabú sagrado del que Alemania no quiere oír hablar: el de las transferencias financieras entre los Veintiocho.
«Los Estados miembros necesitan tener una discusión estructurada para acordar cómo garantizar una fiscalidad efectiva», reconoce la Comisión Europea, impotente ante las cada vez más sofisticadas trampas que emplean algunos países europeos para esquivar sus compromisos colectivos.
Soluciones
¿Existen soluciones a esta guerra fiscal? Bruselas lleva años tratando de relanzar el debate sobre una base imponible mínima. Solo ha logrado a efectos prácticos, más allá de las promesas de colmar lagunas, que los 28 llegasen a un acuerdo en octubre del 2015 para el intercambio automático de información sobre resoluciones fiscales. El problema es que algunas multinacionales estarían esquivando el filtro del documento escrito en los acuerdos para sortear la nueva obligación de control.