C's rebaja sus exigencias sobre corrupción, pero advierte al PP que no pacte con el PNV
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Limita el alcance de los casos de corrupción política para preservar el acuerdo
24 ago 2016 . Actualizado a las 08:53 h.El sí de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy se da por descontado. Pero el partido que lidera Albert Rivera necesita no dar la imagen de que se entrega al PP a cambio de nada, sino de reformas y medidas de regeneración. Eso hace que al inicio de las negociaciones hayan aflorado algunas discrepancias, que ambas partes no consideran insalvables. Mientras los populares destacaron el martes que ya hay acuerdo sobre medio centenar de medidas económicas, la formación naranja insistió en que aún hay «desacuerdos fundamentales», sobre contrato único, autónomos, complemento salarial o la recuperación de los 2.800 millones perdonados en la amnistía fiscal. Los temas polémicos se van a aparcar hasta el fin de la negociación en el que se llegará o no a un acuerdo global.
El caso Clavell
Incluso sobre lo ya firmado, el apartamiento de los políticos investigados por corrupción, hay desacuerdo. El PP sostiene que solo se los debe expulsar cuando haya Gobierno, mientras Ciudadanos cree que desde el mismo momento de la firma. En medio de esa disputa irrumpió el nombre del diputado popular Óscar Clavell, investigado por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. Ciudadanos ha pedido tiempo para evaluar si este caso entra en lo que entiende por corrupción política para determinar si piden al PP que le reclame su acta o no. Pero el vicesecretario general, Jose Manuel Villegas, dio a entender que no lo hará al puntualizar que el pacto solo contempla el enriquecimiento personal o la financiación ilegal del partido. «No es lo mismo meter la pata, que meter la mano en la caja», aseguró. «No se trata de hacer pasar por corrupción lo que no es», aseguró el popular Fernando Martínez-Maillo, que agradeció a Villegas su distinción. Con esta forma restrictiva de interpretar la corrupción, Ciudadanos trata de preservar el pacto con el PP. Al igual que con la limitación de la exigencia de abandonar sus cargos a diputados, senadores y miembros del Gobierno. A última hora de la tarde Ciudadanos emitió un comunicado proponiendo un pacto nacional contra la corrupción a todos los partidos para extender medidas como la separación de cualquier cargo público a los imputados por corrupción en todas las instituciones municipales, autonómicas y provinciales.
Por otro lado, el candidato popular a lendakari, Alfonso Alonso, abrió un nuevo frente al pedir a los nacionalistas vascos que apoyen a Rajoy. «Si quiere demostrar que es un partido que apuesta por la estabilidad y la moderación, la prueba es cambiar su voto del no y salirse del frente del bloqueo», aseguró. Ciudadanos advirtió al PP que es incompatible con ese partido. «Si esa abstención del PNV o hipotéticamente de Convergència es a cambio de algo, de mirar hacia otro lado o a cambio de privilegios, no lo podemos aceptar», señaló Inés Arrimadas. Villegas abundó en que en ningún caso un acuerdo al que llegue el PP con otro partido puede ser incompatible con el que están negociando de investidura ni con el programa de Ciudadanos.
Un decálogo de medidas irrenunciables para Rivera
Los equipos del PP y de Ciudadanos entran este miércoles en el cuarto día de negociaciones y aspiran a poder cerrar, quizás mañana, un acuerdo con un centenar de compromisos que permita a Albert Rivera dar el sí a la investidura de Mariano Rajoy. Quedan no obstante al menos una decena de escollos que han dejado para la pelea final y que son puntos indispensables para Ciudadanos. Si no se logra un compromiso aceptable para implantar estas medidas, Rivera y la formación naranja rechazarán sellar el acuerdo. El PP se limita a decir que no ve ninguna reclamación «insalvable».
El decálogo de indispensables lo encabezan dos medidas para incentivar el mercado laboral. Ciudadanos reclama la reducción de los contratos a uno solo, indefinido y con indemnización creciente, o al menos a un número reducido, dos o tres, que eviten el fraude y abuso de los empleos temporales. También exige medidas para reducir las cotizaciones sociales de los autónomos con bajos ingresos, con la exención de los que no llegan al salario mínimo interprofesional.
La lista sigue con dos medidas de choque contra la pobreza. La creación de un complemento salarial que cobrarían mensualmente los trabajadores con ingresos bajos, unos dos millones, y que sería proporcional a la renta familiar y a los hijos a su cargo. La segunda es un plan contra la pobreza infantil para familias con ingresos mínimos o nulos y hasta los 1.500 euros al mes compatible con otras ayudas como la anterior. Recibirían un abono al mes por hijo que podría llegar hasta los 150 euros.
Otro de los puntos que considera indispensables, entre otras cosas para sufragar programas sociales, es la recuperación de los 2.800 millones de euros que considera que Hacienda perdonó en el 2012 a los beneficiarios de la amnistía fiscal, cuando les redujo a última hora el tipo a pagar por la regularización de su patrimonio del 10 % al 3 %. El partido de Rivera tampoco está dispuesto a que se suba impuesto alguno a las clases medias y trabajadoras, quiere una rebaja del IRPF cuando el déficit baje del 3 % y la bajada del IVA cultural del 21 % al 10 %.
El decálogo se completa con la supresión de las diputaciones provinciales, al menos la reducción de su estructura política; la reconversión del Senado en un cámara estrictamente territorial y con no más de cien miembros; la designación de todos los cargos judiciales por mérito y capacidad; y la elección de los docevocales-jueces del Consejo del Poder Judicial por sus compañeros de carrera en vez de por el Parlamento.
El décimo punto es un plan de conciliación familiar, con el aumento de los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 26 semanas.