Interior advierte a todas las policías que extremen la vigilancia de aquellos extranjeros que entren en España con antecedentes de agresión sexual a menores
06 ago 2016 . Actualizado a las 08:51 h.Prioridad absoluta y, sobre todo, máxima coordinación para evitar que ni un solo sospechoso de violación o acoso a menores entre a territorio español sin ser sometido a una vigilancia «específica». Ni siquiera hará falta que el supuesto depredador sexual de niños haya sido condenado, el mero hecho de tener «antecedentes policiales» en el extranjero, por nimios que estos sean, le convertirá en objetivo prioritario de la policía, la Guardia Civil o de las policías autonómicas que accedan a incorporarse al nuevo protocolo del Ministerio del Interior contra los turistas sospechosos de pederastia.
La instrucción 8/2016 lleva la firma del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y fue enviada el pasado 19 de julio a todas las comisarías de la policía y puestos de la Guardia Civil, además de al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Las órdenes parten de la premisa de que el «riesgo de reincidencia de los delincuentes condenados por estos delitos es una amenaza seria que precisa de herramientas eficaces a disposición de la protección de este colectivo especialmente vulnerable, nuestros menores».
Cooperación internacional
El plan de vigilancia de estos sujetos pasa por explotar al máximo los canales de cooperación internacionales por donde suelen llegar los avisos de viajes de personas con antecedentes de pederastia o abusos. Unas informaciones que no siempre se venían teniendo en cuenta, ya que se perdían entre la burocracia internacional y la nacional. Ahora las instrucciones pasan a ser claras: un procedimiento de actuación que se debe activar de forma inmediata cuando las autoridades policiales extranjeras a través de cualquiera de los tres principales canales de cooperación (Interpol, Europol o Sirene) emitan la más mínima referencia de un futuro viaje o estancia en España de «ciudadanos con antecedentes penales o policiales» por delitos contra la libertad sexual. El protocolo insiste en que la mera existencia de pesquisas, aun sin procedimiento judicial, por abusos a menores deberá activar todas las alarmas.
La Secretaría de Estado de Seguridad ordena a partir de ahora que las unidades de cooperación internacional de Interior creen una alerta específica con el mayor número de datos posibles sobre el sospechoso, sobre todo sobre su plan de viaje.
Vigilar el trato con menores
La instrucción de Interior fija de manera clara que el «cuerpo policial afectado» (por la ubicación del sospechoso) deberá «elevar un señalamiento» de «control específico» en la base de datos de señalamientos nacionales. Esta inscripción provocará automáticamente que el individuo deba ser vigilado muy de cerca por todos los operativos de la zona. Las órdenes son que las unidades territoriales se encarguen de «manera discreta» de controlar al sospechoso con el objetivo primordial de «detectar situaciones de peligro para los menores». Los mandos de Interior llaman especialmente la atención sobre el hecho de que el sospechoso pueda mantener «contactos regulares o directos con menores» o que «el motivo de la estancia o residencia en el país fue el ejercicio de una profesión, oficio o actividad que implique el contacto habitual con menores».
En el caso de detención, también habrá un procedimiento nuevo, que incluye añadir al expediente policial toda la información sobre los antecedentes de abusos en el extranjero, de manera que la autoridad judicial tenga en su poder todos los datos para, llegado el caso, poder decretar la prisión preventiva por su peligrosidad o su riesgo de reincidencia.