Los españoles tienen 98.000 millones fuera, con Suiza como destino favorito
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La amnistía provocó un cierre masivo de sociedades pantalla en paraísos fiscales
30 jul 2016 . Actualizado a las 11:31 h.Poco -o nada- parece haber cambiado en los gustos financieros de los españoles en cuarenta años. Como Pedro Lazaga retrató en 1970, dirigiendo a Tony Leblanc en El dinero tiene miedo, nuestro destino favorito sigue siendo Suiza. Así lo confirman los datos hechos públicos ayer por la Agencia Tributaria sobre los activos que los españoles tienen declarados en el extranjero, que muestran que el país helvético custodia casi 20.200 de los 97.774 millones de euros que más de 160.000 contribuyentes tenían depositados fuera en el 2015, es decir, más del 20 % del total.
En el ránking de reparto global por países, le sigue Luxemburgo, con casi 13.500 millones, lo que sumado a lo guardado en Suiza, supone el 34,3 % de todo el patrimonio que los españoles tienen en el exterior pero declarado.
Y es que la Agencia Tributaria, pilotada por Santiago Menéndez, presentó ayer una nueva herramienta informática diseñada para «agilizar, sistematizar y reforzar el control de patrimonios y rentas» a través del análisis de la información que los contribuyentes declararon mediante el «modelo 720», que desde el 2012 obliga a informar a Hacienda sobre cualquier bien en el exterior que sobrepase los 50.000 euros.
Casi 7.000 millones más
El cruce de esa información con otras bases de datos «permite buscar patrones de riesgo fiscal y su extensión a estructuras societarias más complejas», además de posibilitar el seguimiento de «la evolución de los saldos netos del patrimonio declarado». Es decir, la aplicación introduce las modificaciones y cancelaciones que se hayan producido en dichos activos, y los últimos datos, presentados ayer, muestran que entre el 2012 (primer año de declaración obligatoria del 720) y el 2015, el patrimonio en el exterior ha aumentado en 6.700 millones de euros, hasta los 97.774, especialmente en cuentas, fondos e inmuebles.
Del saldo total, casi 44.000 millones corresponden a acciones, más de 20.200 a fondos, por encima de 18.300 millones están en cuentas bancarias y de crédito, 11.600 en inmuebles y 3.600 en seguros. En la distribución por países es determinante la tipología del producto, ya que más del 70 % del total de fondos están en Luxemburgo y Suiza (8.100 y 6.300 millones respectivamente), países que también concentran la mayoría de acciones y cuentas (13.300 millones entre ambos), mientras que Francia y Reino Unido son los destinos preferidos para comprar casas, con casi 2.000 millones en cada país.
La Agencia Tributaria destaca que en estos cuatro años resulta «especialmente notable el trasvase de importes declarados en dos categorías de bienes y derechos: las cuentas y las acciones». Mientras que la cuantía de las primeras ha aumentado en más de 3.300 millones, la de los valores se ha reducido en más de 2.200. Y es que la amnistía fiscal del 2012 provocó un cierre masivo de sociedades pantalla en países que son o han sido paraísos fiscales, pues al declarar los activos a Hacienda ya no tenía sentido mantenerlas. El ejemplo está en que Andorra, Panamá, Liechtenstein y Bahamas lideraron las desinversiones en el 2015.
Más de un tercio de los activos en el extranjero están en Suiza y Luxemburgo
Expediente en Bruselas por la declaración de bienes
Hacienda saca pecho y subraya la eficacia del «modelo 720», que ya ha generado, «más allá de las propias regularizaciones que se efectúan, una sensible mejora en el cumplimiento voluntario de los declarantes del modelo». Hasta la fecha el importe total declarado fuera por primera vez supera los 141.000 millones de euros. Pero la declaración de bienes y derechos en el exterior no se ve con tan buenos ojos en Bruselas, que en noviembre del pasado año abrió un expediente a España que aún no se ha resuelto.
En concreto, la Comisión Europea cree que el 720 puede infringir el derecho comunitario en dos puntos: la dureza del régimen sancionador y la imprescriptibilidad que recoge la ley. Y es que desde que entró en vigor, en el 2013, todos los contribuyentes con bienes fuera del país que superen los 50.000 euros están obligados a declararlos.
De no hacerlo, hacerlo fuera de plazo o de forma incompleta -el caso más sonado ha sido el de Rodrigo Rato-, el fisco puede imputar dicha renta en el IRPF como ganancia patrimonial no justificada o como renta no declarada en el impuesto de sociedades, y sobre la cuota resultante a pagar Hacienda impone una sanción del 150 %. A ello se añade que el contribuyente no pueda alegar que los activos proceden de un ejercicio prescrito, una imprescriptibilidad que Bruselas cuestiona, al igual que los asesores fiscales que lo denunciaron en su día. El asunto puede acabar -como ocurrió con el céntimo sanitario- en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.