La abogacía de Baleares cree que «el acuerdo entre Matas y Urdangarin disparó el vaciado de las arcas baleares»
16 jun 2016 . Actualizado a las 14:28 h.La abogada de Manos Limpias en el caso Nóos, Virginia López Negrete, ha asegurado hoy ante el tribunal que juzga el caso Nóos que considera que la infanta Cristina «se benefició de modo consciente» de los beneficios fiscales obtenidos a través de Aizoon, la empresa que comparte al 50 % con su marido.
En la presentación de su informe ante el tribunal que juzga el caso Nóos, la letrada que representa a la única parte que acusa a la infanta Cristina, para quien pide 8 años de prisión como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, ha dicho que cuando se creo Aizoon como «sociedad instrumental» y «caja común», la infanta «sabía y supo muy bien lo que estaba haciendo».
«Lo que había y hay detrás de Aizoon no es más que un matrimonio que abusó de una sociedad para obtener unos beneficios fiscales y modificar su régimen económico matrimonial», de separación de bienes a gananciales, ha dicho López Negrete.
La letrada del sindicato ha destacado que la infanta ya había participado en 2002 en la creación de otra sociedad familiar anterior, Namasté 97, y luego en la de Aizoon, que «la creo y la mantuvo en el tiempo, no haciendo nada para poder evitar la comisión delictiva que se produjo cuando, siendo copropietaria del 50 % con su marido, lo podría haber hecho», ha afirmado.
Manos Limpias pide 26 años y medio de cárcel para Urdangarin y 22 años y medio para su exsocio Diego Torres.
«El acuerdo entre Matas y Urdangarin disparó el vaciado de las arcas baleares»
La Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares considera que un primer acuerdo verbal en el 2003 entre Iñaki Urdangarin y el entonces presidente del Govern, Jaume Matas, fue el «disparo de salida de una serie de pactos que entre 2004 y 2007» supusieron «un vaciamiento de las arcas autonómicas».
En su informe ante el tribunal del caso Nóos, el jefe de la Abogacía de Baleares Lluis Segura ha detallado que esas conductas, que han determinado su presencia en el caso Nóos como acusación particular, supusieron una «marginación absoluta de la legalidad, de la buena administración y del interés general» y crearon «graves perjuicios» a los ciudadanos.
Asegura ha afirmado que la Constitución establece que el dinero de los ciudadanos solo puede ser gestionado de acuerdo con las leyes y ha afirmado que «no caben atajos». Ha recordado que todo comenzó con un acuerdo verbal alcanzado en 2003 entre Matas y Urdangarin, por el que Baleares pagó 300.000 euros por la oficina del proyecto para patrocinar un equipo ciclista, que supuso «el disparo de salida de una serie de pactos que entre 2004 y 2007 determinaron importantes beneficios para el denominado grupo Nóos y un vaciamiento de las arcas autonómicas».
Ha precisado que en esas conductas «se volcaron fondos públicos en el pago de comisiones, en contratos sobrevalorados y en gastos absolutamente inútiles o abusivos, inaceptables desde el punto de vista de la buena administración».
Cobros de Nóos
Nóos cobró 2,6 millones de euros de la administración balear por una oficina del equipo ciclista Illes Balears y por organizar los Illes Balears Forum de 2005 y 2006. La Abogacía balear pide al tribunal que todos esos negocios se declaren nulos porque no respondían al interés general. Ha recordado que todo comenzó con un acuerdo verbal alcanzado en 2003 entre Matas y Urdangarin, por el que Baleares pagó 300.000 euros por la oficina del proyecto para patrocinar un equipo ciclista, que supuso «el disparo de salida de una serie de pactos que entre 2004 y 2007 determinaron importantes beneficios para el denominado grupo Nóos y un vaciamiento de las arcas autonómicas».
Luego se contrataron los dos Illes Balears Forum, que según Segura «no costaron lo que dicen que costaron». Ha recordado que Urdangarin y Torres habían orquestado previamente una red para beneficiarse, cuyo buque insignia era el Instituto Nóos, como entidad sin ánimo de lucro que en realidad actúa como una empresa y que «no se presentó nunca a ningún concurso».
Considera a Torres el «ideólogo e inductor principal de los delitos». «Su estrategia delictiva se basa en convencer a los representantes de las instituciones en que confíen en sus operaciones económicas, no miren al detalle los presupuestos y a cambio de una tarjeta de presentación de consultor experimentado y de una persona miembro de la Casa REal que da prestigio a los eventos, confíen en sus operaciones y les otorguen privilegios, ventajas, comisiones y contratos», ha resumido Segura.
Matas «controla toda la operación» y si bien «no buscaba su lucro» personal sí que propició «el ajeno», el de Urdangarin y Torres. Ha dicho que el expresidente conocía los mecanismos administrativos, determinó cómo se debía actuar para soslayar la ley y nunca tuvo intención de solicitar una justificación.
Según el jefe de la Abogacía, Matas fue «autor de la orden de contratar y de permitir que, con relajación absoluta de los controles y con la conciencia de que sus órdenes serían cumplidas» ese dinero público pudiera «usarse abusivamente». Matas diseñó la estrategia para utilizar los organismos públicos de la Fundación Illesport e Ibatur para los acuerdos con Nóos porque estaban exentos de los controles ordinarios y no se sometían a fiscalización previa.
Además, la fórmula del convenio de colaboración daba eficaz apariencia de legalidad y permitía una tramitación rápida, ha dicho Segura, quien ha explicado al tribunal que «estos negocios tenían que haber sido un contrato administrativo».
Sobre los dos eventos organizados en Baleares, Amengual ha dicho que «la utilidad pública de todo ello brilló por su ausencia» y el provecho fue solo para el Instituto Nóos porque le permitieron activar los mecanismos de cruce de facturas y porque Torres y Urdangarin percibieron honorarios. Ha recordado que los foros no eran abiertos al público, los ciudadanos que los financiaron no pudieron asistir a ellos y además la difusión publicitaria solo benefició a la marca Nóos.