El partido depositará la fianza que le pide el juez para evitar el embargo y sigue negando los papeles de Bárcenas
23 may 2016 . Actualizado a las 14:46 h.El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado para este lunes al representante legal del Partido Popular (PP) para comunicarle el requerimiento de que la formación debe asumir la fianza civil, que alcanzó los 1,2 millones de euros, después de que no haya sido cubierta en su totalidad por los responsables directos de la causa en la que se investiga la financiación con cajas B, «desde 1990 hasta, al menos, el año 2008».
El juzgado ha dictado una diligencia en la que asegura que las cantidades reclamadas en concepto de responsabilidad civil han resultado «aseguradas parcialmente» aseguradas y recuerda que fueron solicitadas a los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez. «No alcanzándose a cubrir la totalidad de las cantidades exigidas a los acusados y responsables civiles directos antedichos, procede requerir al Partido Popular, en su condición de responsable civil subsidiario, en la persona de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el auto de apertura de juicio oral», explica.
Ese auto, daba diez días a los responsables civiles subsidiarios para cubrir la caución de 1,2 millones de euros, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no presta la caución. Esta cantidad obedecía a las cantidades defraudadas en la reforma de la sede de Génova y los donativos presuntamente irregulares.
De la Mata sentó en el banquillo de los acusados al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario por haberse financiado con cajas B, que se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar «gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido».
Así constaba en el auto del pasado mayo en el que abría juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y consideraba que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.
El PP pagará
La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado que su partido depositará la fianza que le solicita el juez de la Audiencia Nacional que investiga la financiación con cajas B del PP, pero ha recordado que no es una multa ni una condena y que la formación PP sigue negando los conocidos como papeles de Bárcenas que dan lugar al caso.
«Este juicio se dirime en base a unos papeles aportados por el señor Bárcenas que nosotros hemos negado. Tendrá que demostrar que son auténticos y que los datos contenidos allí lo son», ha dicho Levy en rueda de prensa, en la que no ha querido hacer más valoraciones sobre el contenido del requerimiento del juez y la existencia de cajas B en su partido desde 1990 hasta 2008. «Eso debe dirimirse en el juicio oral», ha dicho.