El cerebro de la Púnica implica al número 3 de Cifuentes, a diputados y a exalcaldes
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David Marjalizadice que pagaba a los regidores hasta 6.000 euros por piso construido
18 may 2016 . Actualizado a las 01:02 h.El constructor David Marjaliza, cerebro empresarial de la trama Púnica, la «gigantesca» red de tráfico de influencias que afecta a administraciones públicas de Madrid, Murcia, Valencia y León, confesó al juez en las 13 horas de declaración conocidas ayer una trama masiva de corrupción en ayuntamientos madrileños que se subió a lomos de la burbuja inmobiliaria desde 1999 hasta el 2009. En sus declaraciones salpica, además de a Francisco Granados, al actual número 3 de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, a dos parlamentarios autonómicos, otra ya dimitida, y varios exalcaldes, incluido el socialista Tomás Gómez. La larga declaración del investigado ante el instructor del caso, el magistrado Eloy Velasco, tuvo lugar en otoño pasado y la consecuencia inmediata de su colaboración fue la puesta en libertad provisional bajo fianza tras pasar 14 meses en prisión incondicional.
Las revelaciones de Marjaliza, de 47 años, dibujan un cuadro de la corrupción municipal a todos los niveles hasta que duró la gasolina del ladrillo. Un «época loca del país» donde se compraba suelo rústico sin ton ni son para su urbanización. Era a finales de los años noventa y los ayuntamientos ya disponían por ley de la herramienta para el desarrollo del planeamiento urbanístico. Un arma de doble filo que sirvió para surtir de dinero las arcas municipales, sin duda, pero también trajo consigo los ingredientes propios de la putrefacción urbanística, de las corruptelas. El empresario relata los tejemanejes político-empresariales, las comisiones ilegales, los lujos, la prevaricación administrativa, el tráfico de influencias y el cohecho.
Granados, hasta el 20 %
De su testimonio hay múltiples damnificados. El principal es su otrora amigo Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro (Madrid), exconsejero regional y exsecretario general del PP madrileño en la época de Esperanza Aguirre. Un ángel caído de la política que lleva desde noviembre del 2014 en prisión preventiva incondicional. «Conozco a Paco desde que estaba en Alianza Popular. Cuando llega a la alcaldía en 1999 nos reconciliamos políticamente. Yo era promotor; empecé con 19 años en Valdemoro, con pequeñas viviendas. Cuando él entra en la alcaldía era un empresario mediano. Él no estaba en las mesas de contratación, pero había indicaciones a los técnicos. Había mucha subjetividad en la venta de parcelas», afirma Marjaliza al juez Velasco.
«¿Un hombre como usted que tiene una calculadora en la cabeza no me sabe decir el reparto aproximado a cada alcalde?», le pregunta en otro momento el juez. «El dinero se daba en mano; entre 3.000 y 6.000 euros a los alcaldes (investigados) por vivienda de protección oficial construida. Fue del 2001 al 2009», revela con crudeza Marjaliza. «Además Paco recibía entre un 10 y 20 % de los beneficios por la sociedad inmobiliaria que compartíamos», afirmó.
Marjaliza tenía múltiples caretas en la trama. Era el conseguidor. El comisionista. El evasor a Suiza y Singapur. El blanqueador. Quien repartía la tarta y el encargado de pagar los cohechos a alcaldes, concejales o técnicos de 14 ayuntamientos del sur de la Comunidad de Madrid. La mayoría gobernados por el PP, aunque también alguno socialista (Pinto, Parla o Aranjuez), y a diferentes altos cargos públicos.
«No preguntes el truco»
«¿Cómo conseguía su socio que le diesen las adjudicaciones a la trama?», le preguntó el juez en el interrogatorio. «Con una máxima que decía: si te gusta la magia no preguntes el truco», contestó Marjaliza. En esta remesa implica al entonces director general de Cooperación con la Administración Local y actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada; al exalcalde de Parla y exsecretario general del PSOE Tomás Gómez; a la exdiputada de Ciudadanos y exedil socialista de Valdemoro Eva Borox («le di 30.000 euros para que no hiciera ruido»); y al actual diputado del PP en Madrid y exalcalde de Alcalá de Henares Bartolomé González. Marjaliza detalla su relación con representantes públicos aún en activo, como es el caso del González Taboada, que era quien «mangoneaba» cuando se repartía el dinero del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid.
Vacaciones de 3.000 euros
Igualmente, se refiere a pagos realizados por las empresas que él representaba para actos electorales de Tomás Gómez, así como del actual diputado del PP en la Asamblea de Madrid Bartolomé González, con quien pactó un pago de 60.000 euros. Sobre los actos de Gómez cuando era alcalde de Parla dijo que abonó «mítines, banderolas, bebidas...» a cambio de la adjudicación de parcelas para la construcción de viviendas. Entre los responsables municipales cuya implicación en Púnica se conoció ayer también destaca el exalcalde socialista de Pinto, Antonio Fernández, por la construcción del proyecto comercial Plaza Éboli; así como el que fuera alcalde de Getafe Juan Soler, a quien Marjaliza dijo que pagó tres vacaciones de unos 3.000 euros. El diputado regional del PP y exsenador anunció que se querellaría contra él por injurias.
«Quien quería construir tenía que pasar por donde tenía que pasar»
El constructor David Marjaliza se mostró ayer sorprendido de que cause escándalo el pago de comisiones a los alcaldes para edificar viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid. «Quien quería construir -explicó- tenía que pasar por donde tenía que pasar». El cabecilla de la trama Púnica, por esa misma razón, no se siente un corrupto, ya que era la única forma «para poder trabajar, esa es la realidad, no otra cuestión».
El empresario, en libertad desde diciembre por decisión del juez Eloy Velasco en premio a su prolija colaboración en la investigación, sostuvo en declaraciones a La Sexta que entre 1999 y 2009 pagó «prácticamente a todos los partidos» porque todos los alcaldes, con independencia de su color político, reclamaban su compensación económica por recalificar terrenos o autorizar edificaciones. La mayor parte de la tarta, prosiguió, se la llevaron los regidores del PP, pero no porque fueron más corruptos que otros si no porque en esos años controlaban «la mayoría de los ayuntamientos» en la Comunidad de Madrid.
Marjaliza apuntó que estas prácticas irregulares van a seguir «mientras no se cambien las leyes» que dejan en manos de los ayuntamientos las responsabilidades urbanísticas. En el primer Gobierno de José María Aznar se aprobó en 1997 un paquete de medidas liberalizadoras del suelo y en 1998 la ley del suelo que multiplicó el terreno urbanizable. La consecuencia fue que entre 1997 y 2007 los precios de la vivienda casi se duplicaron, al tiempo que el parque inmobiliario crecía a ritmos del 5 % anual. Aquello se bautizó después como la burbuja inmobiliaria.
Ni presiones ni amenazas
Marjaliza, como otros muchos empresarios, logró al abrigo de esta normativa una vertiginosa expansión de sus constructoras. Ahora es consciente de que «tiene que pagar a lo sociedad» los desmanes de aquellos años y tendrá que volver a la cárcel una vez que se celebre el juicio, algo para lo que aún falta mucho tiempo puesto que la investigación está dividida en 13 piezas independientes. «Es lo que hay», comentó con aire resignado. Eso sí, aseguró que no va a cambiar un ápice su declaración porque lo dicho ante el juez dicho está y «no tiene marcha atrás». El que haya hecho «algo tendrá que temer», aunque avanzó que no habrá «grandes sorpresas». También negó haber recibido presiones o amenazas para que estuviera callado o exculpara a alguien.
Un guardia civil jubilado advirtió a Granados de la investigación
«Paco (Granados) me dice: He coincidido en una discoteca de Valdemoro a las 4 de la mañana, con muchas copas, con un guardia civil y me ha dicho que están investigando a un empresario de Valdemoro que tiene su oficina en Pinto -explica Marjaliza-. Y digo: pues blanco y con asas, soy yo». Así relató el constructor al juez Velasco el chivatazo de un agente ya jubilado por el que supo que su detención se acercaba. «Después me dijeron que me habían balizado el coche y Paco me advirtió de que tenía a la UCO (de la Guardia Civil) detrás, que si hay cualquier cosa que la rompiera. Yo tenía miles de cosas, pero cojo miedo, como es lógico, y quemé todo».