Se vende salmón con sello astur a 50 euros el kilo

El campanu, el primer salmón de cada río asturiano, es el único que se puede comercializar, ya sea mediante subasta o por venta directa. Es una concesión a la tradición. Para el resto, está prohibida la venta. Así lo marca la Ley de Pesca del Principado. Esta medida no concita, ni mucho menos, unanimidad. El PP, Foro y un amplio sector de pescadores y hosteleros del oriente reclaman un cambio en la normativa que permita vender las piezas pescadas. No reclaman que se acabe con los cupos por federado ni que se cambie el actual sistema de cotos. Solo que se legalice la venta con sus correspondientes sellos de certificación. De todos sus argumentos, destacan dos. El primero, acabar con un mercado negro que ya existe y que da lugar a la picaresca. El segundo conseguir un nuevo aliciente turístico y aprovechar unos peces que ya han sido echados a tierra. Por cada argumento a favor, otros colectivos de pescadores y los partidos a la izquierda de la Cámara dan otros en contra. Temen un incremento del furtivismo. Alertan de la posibilidad de que se esquilmen los ríos por un incremento en la presión. Cargan contra el maltrato a una especie singular. «Nadie se imagina que se venda carne de oso o urogallo, ¿a que no? Puesto esto es lo mismo», claman. 

Alguna diferencia hay. El oso y el urogallo son especies protegidas. Están en riesgo de desaparición, al contar con una población muy reducida que no garantiza su supervivencia. El salmón, en cambio, es una especie singular. Esto supone que no está amenazada pero que es merecedora de «una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad». Para la Administración asturiana está al mismo nivel del lobo, el buho real, el gorrión alpino o tres tipos diferentes de liebres. Es la Ley de Pesca la que prohíbe su comercialización desde el 2002, con una normativa aprobada el 18 de junio de ese año. 

A favor

¿Cuánto podría mover este mercado de legalizarse? Los defensores de acabar con el veto hacen algunos cálculos. Echan números Luis Venta, diputado regional del PP, y también Antón Caldevilla, de El Esmerillón. Calculan que se podría vender a unos 40 o hasta 50 euros el kilo de salmón astur certificado. Esto supone que a una media de cinco o seis kilos por pieza podrían sacarse unos 200 ó 250 euros. Desde el 2002, han salido unos 1.000 ejemplares al año, es decir, alrededor de 15.000 en total. Esto podría suponer unos tres millones y medio de euros. Son solo estimaciones y medias pero toman como base las cifras de referencia de las últimas campañas. Este dinero sería el que generaría el primer paso de la cadena, entre el pescador y el hostelero. Resta por saber todo lo que se movería entre el restaurante y el comensal. «Aquí hablamos de permitir que el aficionado que ya ha pescado y que lo tiene en la mano pueda comercializarlo. Eso lo arregla la Ley de Pesca. Otra cosa es Hacienda y los impuestos que tenga que pagar. Eso debería hablarse en otros foros», argumenta Antón Caldevilla.

La campaña acaba de comenzar con prohibición pero el PP tiene pensado seguir moviéndolo de cara al año 2018. Fracasó en 2016 tampoco ha concitado demasiados apoyos en 2017. Pero Luis Venta está convencido de que es posible convencer con argumentos a aquellos que ahora lo rechazan. Defiende que sería un elemento diferenciador para la gastronomía asturiana. «Es algo propio de la cultura ribereña», en palabras de Caldevilla. El diputado regional habla de dar cobertura legal «a algo que ya es una realidad, a algo que ya ocurre. No sabemos si es mucho o poco, pero ocurre». Se refiere a que es posible comer salmón asturiano, o que se dice asturiano, sin conocer la procedencia. «Si se legaliza, luego habría un desarrollo normativo en el que se fijaría la trazabilidad, con etiquetas que reconozcan desde dónde se pescó a la fecha», explica. Incluso se podrían incrementar las sanciones al furtivismo. El PP defiende eliminar el veto solo en el caso del salmón. Reconoce que con otras especies como la trucha, sometidas a la misma reglamentación sería mucho más problemático, porque hay más ríos trucheros y sería mucho más complicado de controlar. Ya tiene asociaciones de su parte y también algunos ayuntamientos, fundamentalmente, del oriente.

Ni Venta ni tampoco Antón Caldevilla, que lleva más de 60 años en los ríos, piensan que permitir vender en el salmón va a incrementar los ejemplares echados a tierra cada campaña. Caldevilla dice que hay 6.000 licencias y un cupo máximo de cuatro salmones por pescador. Como máximo serían 24.000 y, en realidad, salen unos 1.000 al año. «¿Quién piensa que van a sacarse muchas más licencias federativas, de pesca deportiva, para ganar dinero con esto que no es nada seguro? No tendría ningún sentido», explica. Su argumento principal es que los peces «ya están muertos y son un artículo legal. ¿Por qué el primero sí y el resto no?», pregunta. Cree que el Gobierno del Principado debería volcarse en otras medidas que protegen realmente el río y no polemizar con la comercialización. Propone que mejoren la política de repoblación, que ahora descansa sobre los hombros de las asociaciones, que cuiden los ríos, que limpies las riberas,... 

Firmes detractores

Con la misma firmeza defienden sus argumentos las asociaciones de pescadores que quieren que la Ley de Pesca mantengan la prohibición de la venta. Su postura la comparten partidos como el PSOE, impulsor de la actual reglamentación. Salvo Foro Asturias ningún otro partido ha secundado hasta ahora al PP. Así que en la Cámara no parece tener muchas opciones de prosperar.

«Si esto saliese adelante o si en mi asociación una asamblea decidiése apoyarlo, estaría dispuesto a dimitir». Enrique Berrocal, del colectivo Las Mestras, es contundente. «¿Por qué no lo hacen también con los osos y los urogallos y así nos quedamos todos tan contentos?», ironiza. Utiliza este ejemplo para demostrar lo absurdo que le parece la petición del PP. Su idea es que hay que velar por los recursos y preservar los ríos y la venta de salmones iría en el camino contrario y sería perjudicial. Está convencido de que la presión pesquera se incrementaría y que proliferarían los furtivos dispuestos a sacarse un dinero extra y los pescadores sin escrúpulos. «Aunque los cupos fuesen los mismos, se pescaría mucho más porque donde ahora hay diez o doce podría haber hasta 50», sostiene. «Con dinero de por medio es un riesgo y tenemos que hacer lo posible por evitarlo», insiste. Berrocal cree que hay que volcar las energías en resolver otros problemas que tienen los ríos y que concitan la unanimidad de todo el sector, como son los cormoranes, no en abrir nuevos frentes.

Comparte punto por punto sus razonamientos Joaquín Alperi, de la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial, Joaquín Alperi: «Esto es pesca deportiva. La pesca profesional es otra cosa. Habría que darse de alta, pagar autónomos, impuestos,...», Para Alperi la línea que separa las dos actividades, la de ocio y el negocio, está clara. Teme, además, que se vuelvan a utilizar técnicas agresivas con los ríos, como sucedía en el pasado, que dañen no solo a los animales sino al entorno. La venta sería un reclamo, una forma fácil de ganar dinero aprovechando una afición. Recuerda que no hay medios suficientes para vigilar los ríos y que muchas veces son los propios federados los que hacen esa labor de control. «Es como dejar una pastelería sin vigilancia», afirma.

 ¿Por qué antes sí y ahora no?  ¿Por qué el campanu sí y el resto no? Para estos dos interrogantes tienen respuesta Enrique Berrocal y Joaquín Alperi. Señalan que los tiempos han cambiado y que las circunstancias de los ríos y la población de salmones hace varias décadas no es la misma que ahora. Con respecto al campanu, lo ven como una tradición que marca el inicio de la campaña pero que nada tiene que ver con los pescadores lanzando el cebo y compitiendo por conseguir salmones más grandes para vender. «Pero si aquí hay una gastronomía muy rica y unos restaurantes muy bueno... ¿Para qué lo necesitan?», lamenta Joaquín Alperi.