Veremos qué deparan las negociaciones que, en pocos días, probablemente, se retomen (las Cortes Generales se constituyen el 17 de agosto) y la encrucijada de la investidura en esta XV Legislatura estatal que comienza. Si nos guiamos por las combinaciones potenciales y las aproximaciones iniciales, hay más posibilidades para la reedición de un gobierno de coalición, esta vez entre PSOE y Sumar, con apoyos parlamentarios muy variopintos, que, para un gobierno encabezado por el PP, aunque, con el apoyo de Vox y UPN se quedé a muy pocos escaños de alcanzar los 176. Aunque un nuevo gobierno bajo la presidencia de Pedro Sánchez puede sufrir una mayor fragilidad parlamentaria (pues la fiabilidad de Junts como socio en el Congreso se promete voluble y en el Senado tiene mayoría el PP), lo cierto es que pocos apostaban por la fortaleza y capacidad de sobrevivir a los avatares en las Cortes que demostró, pese a todas sus incidencias, la coalición con Podemos en la pasada Legislatura. Un acuerdo entre PSOE y Sumar contará ya con ese bagaje y con el entendimiento táctico entre sus líderes, sabedores de los réditos de esa asociación.
Uno de los asuntos espinosos que la coalición entre PSOE y Sumar tendrán que abordar más temprano que tarde es su diferente posición en relación con el conflicto del Sahara Occidental. Si nos atenemos a sus programas electorales, las diferencias saltan a la vista. El del PSOE es calculadamente ambiguo en la materia, pues, aparte del compromiso en la ayuda humanitaria a la población saharaui en los campamentos de Tindouf (aunque omite la palabra «refugiados»), se limita a señalar que «seguiremos apoyando al Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas para alcanzar una solución mutuamente aceptable en el marco de las Naciones Unidas». No se menciona el término «libre determinación», como objeto de esa solución, que es lo propio de un Territorio no Autónomo cuya descolonización permanece inconclusa; pero la remisión al «marco de las Naciones Unidas» tampoco descarta de plano esa opción, pues sólo bajo el paraguas de la legalidad internacional y, por lo tanto, del referéndum en su momento encomendado a la Misión de Naciones Unidas constituida para tal fin (la MINURSO) se resolverá el contencioso. La falta de mayores concreciones viene de la mano, entre otras razones. del cambio unilateral de postura del Gobierno (intercambio de misivas con el Rey de Marruecos en marzo de 2022, Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022 y confirmación en Reunión de Alto Nivel de 2 de febrero de 2023), que se aparta del reconocimiento del derecho de libre determinación y auspicia una solución autonómica de características indefinidas. Alternativa que se sitúa fuera de los cauces del Derecho Internacional si no pasa por el tamiz del referéndum y si se plantea como una cuestión estrictamente interna de encaje territorial. El programa de Sumar, por el contrario, es detallado en la materia e inequívoco pues señala que «daremos marcha atrás con celeridad al cambio de posición». Con ello, se compromete a «apoyar plenamente el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, en el seno de las Naciones Unidas, impulsando el trabajo de la MINURSO»; así como a trabajar «desde la Unión Europea para defender el cumplimiento de las sentencias de la justicia europea relativas al Sáhara Occidental y revisar, en consecuencia, los diferentes acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos», en referencia a la reciente expiración del acuerdo pesquero (anulado por la Sentencia del Tribunal General de 29 de septiembre de 2021, pendiente su apelación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea). El programa de Sumar incluso recoge, aunque en términos genéricos, abordar «la responsabilidad histórica de España con el pueblo saharaui» bajo «los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición». No obstante, aunque haya notables diferencias en lo que se dice (y en lo que no se dice), la común invocación de los principios de Naciones Unidas puede dar pie a una confluencia razonable de posiciones, que no será fácil. Ahora bien, en esta senda de entendimiento de la izquierda, es el PSOE quien debe reflexionar sobre la posición adoptada desde marzo de 2022, por las circunstancias en que se produjo, por su falta de transparencia y deliberación y por las consecuencias negativas que ha tenido.
A lo largo de los últimos años, se ha creado una suerte de mística de la renuncia en la posición del PSOE respecto de las responsabilidades históricas de España en relación con el Sahara Occidental y la aproximación a la monarquía marroquí. Durante mucho tiempo, la justificación residía en el acompañamiento de buena vecindad al proceso de modernización de Marruecos; un objetivo, a priori, deseable, pues de poco sirve cualquier postura que quiera dar la espalda a la orilla Sur del Mediterráneo (trátese de Marruecos o de cualquier país del Magreb) o que promueva la enemistad abierta con un país con el que tenemos importantes asuntos de interés común. En cierto momento, la expectativa de que Marruecos transitase, aunque a su ritmo, a una monarquía parlamentaria con instituciones sólidas, Estado de Derecho, pluralismo y libertades civiles, se abrigaba como una posibilidad no quimérica. A día de hoy, sin embargo, fracasadas las primaveras árabes y reforzados los centros de poder tradicional, el camino involucionista de Marruecos y de su Jefe de Estado es evidente, pues el control oligárquico por el microcosmos que rodea la Casa Real respecto de la vida política y los intereses económicos del país se intensifica y aleja las esperanzas de tránsito a algo parecido al imperio de la ley. A la par, se acrecienta la persecución y hostigamiento a periodistas, medios de comunicación, líderes sociales o a movimientos como el Hirak del Rif, además del verdadero apartheid que sufre la población saharaui en su propio territorio y las agresiones y encarcelamientos de sus activistas en el territorio. Y no olvidemos la utilización, brutal y dramática, como instrumento de presión, de los flujos migratorios; el uso del espionaje tecnológico a una escala hasta ahora desconocida (la sospecha tangible del uso del software Pegasus para interceptar las comunicaciones de gobernantes de España y Francia, así como de periodistas incómodos como Ignacio Cembrero); la espuria alianza con Israel en su común sojuzgamiento del pueblo palestino y del saharaui; y una retórica crecientemente amenazante y en absoluto inocua frente a la integridad territorial de España, con Ceuta y Melilla como objetivos principales, pero con acciones concretas respecto de las aguas territoriales en Canarias o en el Mar de Alborán. La justificación de que Marruecos camina hacia la modernidad como foco de estabilidad y progreso a alentar ya, simplemente, no se sostiene, si alguna vez lo hizo. La relación carece, además, de cualquier equilibrio. Ahora todo pasa, principalmente, por una dinámica peor que cualquier realpolitik, pues se parece más al temor cerval a los problemas que el vecino del Sur puede causarnos (como ciertamente ha hecho), que lleva a la descarnada asunción de la necesidad de tragar sapos (López Aguilar dixit); incluso quedándose los eurodiputados socialistas en solitario en el Parlamento comunitario cuando, como sucedió el 19 de enero de 2023, el resto de su grupo votó a favor de una resolución de denuncia de las crecientes violaciones de Derechos Humanos en Marruecos. Sin embargo, lo que se recibe de los gestos (incluyendo los individuales de significados líderes socialistas) y de las renuncias sucesivas no es precisamente un mensaje de conciliación, de avenencia al Derecho Internacional y de recapitulación reflexiva sobre los propios excesos del nacionalismo marroquí. Al contrario, la respuesta es un tono imperial y desafiante más acentuado, construido en buena medida por oposición a España y por una visión supremacista respecto de sus vecinos de continente. Ninguna amistad bilateral a largo plazo se cultiva con esos cimientos. Hace faltan elementos de contención y franqueza que, entre otros muchos aspectos, también pasan por decir al socio marroquí que la ocupación y colonización del Sahara Occidental es un ilícito internacional inaceptable, forjado con la opresión y la brutalidad.
La gestión de la compleja relación con Marruecos, sea como sea, no se puede hacer a expensas de los derechos del pueblo saharaui ni rehuyendo la responsabilidad histórica de España en un conflicto abierto que ha dejado un desgarro infinito para sus víctimas, entre ellos los miles de descendientes del Sahara en la diáspora. La izquierda puede comenzar a escribir una nueva página si alcanza un acuerdo de gobierno viable para esta Legislatura. El PSOE tiene ocasión de hacer de la necesidad (configurar una posición unitaria en un nuevo ejecutivo de coalición), virtud, con un replanteamiento sereno y profundo de la posición seguida por el Gobierno de España, adoptando un compromiso inequívoco por la restauración de la legalidad internacional y el ejercicio pacífico y justo del derecho de libre determinación por el pueblo saharaui.