Sufragar con impuestos ciertas pensiones permitiría subir el triple las de jubilación
ACTUALIDAD
Al eliminar el déficit de la Seguridad Social, se podrían revalorizar más del 0,25 %
12 nov 2016 . Actualizado a las 09:53 h.La idea de sacar las pensiones de viudedad, orfandad o favor familiar del ámbito de la Seguridad Social y cargarlas a los Presupuestos Generales del Estado es una de las recetas que desde hace meses apuntan muchos expertos como vía para equilibrar el sistema de protección social y garantizar su viabilidad futura. Se trataría de dejar de sufragar estas prestaciones con cargo a las cotizaciones de los trabajadores y pasar a financiarlas con impuestos (ya existentes o de nueva creación). Y es que desde hace cuatro años las aportaciones de los afiliados ya no dan para atender todos los costes del sistema y solo el fondo de reserva, que se está agotando, ha permitido atender las pagas extraordinarias.
En concreto, el año pasado la nómina total de las pensiones contributivas superó los 115.000 millones, mientras que los ingresos por cotizaciones no llegaron a los 100.500. Sin embargo, sacar de ese cómputo las prestaciones de muerte y supervivencia (como se denomina a las de viudedad, orfandad y favor familiar), reduciría la factura en 20.700 millones, con lo que la Seguridad Social volvería a tener superávit.
Y eso podría, de rebote, beneficiar al resto de pensionistas que sí se mantendrían dentro del sistema contributivo, los que perciben una paga por jubilación o incapacidad. Así se desprende de un estudio realizado por el grupo de investigación en pensiones formado por expertos de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura, que han recalculado el índice de revalorización de las pensiones en ese nuevo escenario financiero. Las diferencias son sustanciales. Si la fórmula con la que se calcula la actualización de las prestaciones -que tiene en cuenta la evolución de los ingresos y los gastos y la variación en el número de pensionistas, así como sus proyecciones de futuro- apunta en el escenario actual a la necesidad de bajarlas un 3,11 % en el 2017 para garantizar la sostenibilidad del sistema, solo con jubilación e incapacidad la rebaja necesaria sería de solo un 0,1 %. En ninguno de los dos casos se aplicaría, porque la ley obliga a una subida mínima del 0,25 % anual. Pero, a partir del año siguiente, la fórmula cambiaría de signo y permitiría alzas al menos tres veces superiores, entre el 0,7 % en el 2018 y el 2,1 % que calculan para el 2021.
Además del beneficio económico para los afectados, el nuevo escenario otorgaría de paso al Gobierno una valiosa arma política, pues recuperaría la posibilidad de revalorizar las pensiones, algo que en el escenario actual es imposible.
A cambio, tendría que romperse la cabeza para liberar 21.000 millones en los Presupuestos con los que pagar las prestaciones de muerte y supervivencia. Ajuste que habría que compaginar con los 8.000 millones que pide Bruselas para ajustarse a los objetivos de déficit. La alternativa más viable pasaría por crear nuevas figuras tributarias con las que sufragar esa partida.
Además, la mayor subida de las pensiones contributivas también provocaría un fuerte aumento del gasto en la Seguridad Social, de hasta 2.500 millones en el 2021.
Los autores del estudio advierten que, si se avanza en esta dirección, «debería ser un buen momento para rediseñar la prestación de viudedad, debido al gran cambio que ha habido en la situación laboral de la mujer desde que se concibió el sistema en los años 60». En ese sentido, creen que las pensiones vitalicias deberían reservarse para «situaciones de necesidad» y optando en el resto de los casos por prestaciones de carácter temporal.
«La edad de jubilación tiene que subir, sí o sí»
No hay una receta única para asegurar la viabilidad de las pensiones, como ayer demostraron los expertos que participaron en el foro que sobre el futuro del sistema organizaron la agencia Efe y la mutua Previsión Nacional Sanitaria. En él se pudo escuchar a partidarios de alejar aún más el horizonte temporal del retiro, como el director del centro de estudios Fedea, Ángel de la Fuente, que cree que la única solución viable es subir «sí o sí» la edad de jubilación y avanzar hacia un retiro flexible, en el que se pueda seguir trabajando sin que eso afecte al cobro de la pensión.
De la Fuente no ve un problema que se agote el fondo de reserva de la Seguridad Social, pero deja claro que la única vía para asegurar el futuro de las pensiones es mejorando los salarios y la productividad.
Más crítico se mostró el director asociado de AFI, José Antonio Herce, que aseguró que el sistema español es «de los menos transparentes» de Europa y que los pensionistas no son conscientes de lo que puede pasar si, por ejemplo, la inflación se sitúa en el 2 %. Además, calificó de «vestigio decimonónico» las prestaciones de supervivencia y, aunque cree que es necesario reformarlas, entiende que la solución no pasa por cargarlas al Presupuesto. Eso sería, enfatizó, «hacer un pan con unas tortas».
Por su parte, el presidente de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), Miguel Carrero, aseguró ayer que el problema de las pensiones es «gordo» y hace pensar en un futuro «muy preocupante» que requiere de un debate político urgente.
Se retoma el diálogo social
Mientras sigue el debate sobre el futuro de las pensiones, el Gobierno anunció ayer que el presidente Rajoy y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, recibirán el próximo día 24 en la Moncloa a los dirigentes de los sindicatos UGT y CC.?OO. y de las patronales CEOE y Cepyme. El objetivo es reactivar el diálogo social y abordar los retos más urgentes que, además de las pensiones, pasan por la creación de empleo, la reducción del paro juvenil y la cobertura a los desempleados.