Aún no me he repuesto del shock que sufrí el sábado al ver a esos pobres manifestantes en la ovetense plaza de España, ni de la enorme tristeza que eso produjo en mi interior. Seguro que si veis las imágenes compartís mi desasosiego, porque resulta descorazonador ver a esos menesterosos contribuyentes azotados por el ansia recaudatoria de la administración autonómica. Y es que la realidad cayó sobre mí cual jarra de agua fría cuando vi que uno de los manifestantes declaraba, visiblemente afectado por tamaña tragedia, que el barrio de Salamanca, de Madrid, se encontraba lleno de ovetenses que huían a la capital para no tener que pagar el abusivo impuesto de sucesiones asturiano. Terrible, ¿verdad?
Ironías aparte, yo creo que ya está bien de engañar a la gente. Ya está bien de hacer creer a los asturianos y asturianas, y a quienes ven este espectáculo desde fuera, que el Gobierno asturiano saquea a mano armada a la ciudadanía de esta tierra a través de un impuesto desorbitado, abusivo e injusto, que esquilma los bolsillos de las clases medias y trabajadoras de esta región. Ya está bien de los titulares tendenciosos y las iniciativas parlamentarias demagógicas que esconden la realidad que reflejan los datos. Y es que, pese a quien le pese, el impuesto de sucesiones en Asturias tan sólo lo paga un 4% de la población, es decir, aquellos que más patrimonio y más poder adquisitivo tienen. Este post explica mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo aquí la realidad de este impuesto, pero en un resumen rápido podemos decir que están exentos de tributar por este concepto aquellos que hereden un patrimonio inferior a los 150.000 euros, y que posean previamente un patrimonio que esté por debajo de los 402.678,11 euros. ¿Cómo puede afirmarse con tanta desfachatez que este impuesto ataca a la gente de a pie de nuestra región? ¿En qué realidad paralela viven quienes se ven obligado a pagarlo para llegar a asegurar que cualquier persona en Asturias posee esas cantidades? Reconozco a cualquier ciudadano o ciudadana de esta tierra su legítimo derecho para recoger firmas u organizar protestas que vayan en beneficio de los asturianos y asturianas más pudientes; al igual que reconozco a los grupos parlamentarios y a algunos medios de comunicación su derecho a presentar iniciativas u organizar campañas en contra de este tributo. Eso sí, exijo a todos ellos rigor y sinceridad en sus planteamientos, y que no engañen a la ciudadanía de a pie haciéndoles creer que cualquiera que tenga una vivienda familiar y unos pequeños ahorros en el banco se va a ver afectado por este impuesto, porque no es cierto.
Lo cierto es que el impuesto de sucesiones es el segundo impuesto directo por el que más recauda el Principado de Asturias, sólo por detrás del IRPF, y que prescindir de él sería una temeridad para el mantenimiento de nuestros servicios públicos. Asturias no es por casualidad la comunidad autónoma que más dinero por habitante destina a Sanidad, y tampoco es casual que sea de las que más destinan a una renta básica de ciudadanía (el conocido como salario social). No es fruto del azar que Asturias tenga congeladas desde hace cinco cursos las tasas universitarias, ni que mantenga los precios de los menús escolares como los más bajos del país, o que haya suplido con recursos propios los recortes en las ayudas para libros de texto que ha efectuado el Gobierno de España. Los servicios públicos de calidad, como los que tenemos en el Principado, hay que financiarlos, y para ello son imprescindibles impuestos justos -como el de sucesiones o el IRPF- que hagan que quienes más tienen, más contribuyan. Es el principio básico de solidaridad, y la ciudadanía tiene que ser consciente de ello y no permitir que les engañen quienes en interés propio quieren adulterar la realidad. Hay que decir alto y claro que no puede pedirse una bajada de los impuestos a la vez que mayor inversión en servicios o infraestructuras, porque quien haga eso, y la derecha asturiana lo hace, está mintiendo a la gente.
Al portavoz de la plataforma que pide la eliminación del impuesto de sucesiones, y al PP asturiano -representado en esa concentración por su portavoz de hacienda en la Junta General-, les preocupan quienes tienen que irse a vivir al barrio de Salamanca para no pagar este impuesto. A mí me preocupan más, y al Gobierno del Principado también, quienes se quedan aquí y necesitan del colchón del estado del bienestar para asegurarse una vida digna. Como todo en la vida, supongo que es cuestión de prioridades.