Habrá un debate de nuevo en la Junta General a mediados de mayo sobre la reforma del Estatuto
08 may 2024 . Actualizado a las 19:13 h.El presidente asturiano, Adrián Barbón, fijó en el calendario la segunda quincena de este mes de mayo para que se debata en la Junta General una proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía, exclusivamente en relación al artículo 4 (relativo al asturiano). Esta propuesta podría ser aprobada por mayoría simple (23 de 45 diputados) pero en todo caso la reforma del Estatuto, la reforma que incluiría la oficialidad del asturiano, requiere una mayoría reforzada de tres quintos (27 de 45 escaños) y, visto el posicionamiento de los partidos, los números no dan.
Están a favor abiertamente de la oficialidad el PSOE, Convocatoria por Asturias (que reúne a Izquierda Unida y Más Asturies) y también la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, que concurrió como cabeza de lista de Podemos pero fue expulsada de la formación morada. Está por definir la posición de Foro que en ocasiones se muestra abierto a respaldarla pero que la pasada legislatura lo supeditó a unas rebajas fiscales. Vox está completamente en contra y el PP, si bien afirma que apoya la promoción y defensa de las lenguas de Asturias (el asturiano y el eonaviego) rechaza de plano la oficialidad por entender que implica «imposiciones».
¿A qué obliga la oficialidad?
Si se declara el asturiano como lengua oficial podría usarse en documentos oficiales, puede sonar como una perogrullada pero no es así. Con la Ley de Uso vigente cualquier ciudadano puede dirigirse a la administración en asturiano pero esta no tiene ninguna obligación de responderle en la misma lengua y, de hecho, aunque un ayuntamiento o una consejería acceda voluntariamente a tramitar un documento en asturiano la única lengua que surte efectos jurídicos en Asturias es el castellano. Con la oficialidad lo sería de igual manera el asturiano. La oficialidad también implica que debe haber una asignatura troncal que se imparta en la educación a los alumnos que cursen estudios en el Principado.
¿Pero entonces se impartirían las asignaturas en asturiano?
No necesariamente. Una cosa es la declaración de oficialidad y otra la ley que desarrolle cómo se aplicará esa oficialidad de la lengua, y lo cierto es que en España hay tantos modelos como comunidades que lo apliquen. Si en Cataluña se apostó por una inmersión total del sistema educativo con el catalán como lengua vehicular en todas las asignaturas, el País Vasco tiene tres líneas (el modelo A con el castellano como vehicular, el B al 50% y el D con el euskera como vehicular). En Galicia, en la escuela, hay una asignatura de gallego obligatoria desde Primaria a la ESO, lengua gallega en las primeras etapas y en secundaria a menudo se imparte en gallego una material adicional. El ejemplo gallego es fundamental, primero porque está respaldado plenamente por el Partido Popular en la comunidad vecina, pero además porque el Gobierno asturiano señaló específicamente que quería tomar como ejemplo el gallego para su reforma del estatuto. En todo caso, Asturias puede elaborar su propio modelo, su propio sistema de oficialidad con los límites que consideren los partidos de la comunidad. En la actualidad ya existe una asignatura voluntaria de asturiano que cuenta con muchos años de existencia y bajo el mandato de Javier Fernández hubo ya una experiencia piloto de uso del asturiano como lengua vehicular en determinadas materias en los centros que quisieran realizarlo de forma voluntaria.
¿Sería obligatorio saber asturiano para trabajar en la Administración del Principado?
En absolutamente todas las intervenciones que se hicieron desde los partidos favorables de la oficialidad del asturiano así como en las propuestas lanzadas desde la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), en todas ellas, se especificó que no se requeriría de forma generalizada el conocimiento de lengua asturiana en unas oposiciones para optar a una plaza en la función pública salvo que el puesto requiriera específicamente saber asturiano (por ejemplo ser profesor de lengua asturiana, o traductor). Sí se destacó que el conocimiento de asturiano podría contar como mérito y dar más puntos. Pero del mismo modo que en el sistema de enseñanza, la cuestión es cómo se elabora la ley que despliega la oficialidad, no lo impone la oficialidad en sí.
¿Cuánto costaría la oficialidad?
Del mismo modo que cada comunidad con lengua propia tiene su modelo tiene también sus costes particulares. La pasada legislatura el Principado un informe encargó para valorar las posibilidades de la implantación, no sólo de sus costes por cierto sino también de las posibilidades de crear empleo y beneficios económicos. Era un informe consultivo, no vinculante, para uso interno de la Consejería que planteaba tres escenarios, sin embargo el PP lo solicitó y filtró a la prensa que destacó únicamente la opción más cara. El informe llevaba la firma del Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, Miguel Presno Linera, que luego publicó todos los detalles y conclusiones del estudio en su blog. Los tres escenarios son: uno «intenso» con un coste de 172 millones de euros, uno «moderado» de 55 millones de euros y uno «mínimo» que llega a 18 millones. Es este último, el más barato, el que siempre se trató en los debates de los grupos partidarios de la oficialidad y es también la cifra que más se acerca a la estimación que hacía la ALLA, de unos 20 millones de euros. Este modelo barato supondría la creación de unos 430 puestos de trabajo.
¿Por qué no se hace un referendum?
Ha habido voces, desde anónimos comentaristas en redes sociales a personalidades como el expresidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil, que se pronunció a favor de dirimir la cuestión con un referendum mientras firmaba contra la oficialidad en la plataforma adversa promovida por Vox. ¿Podría hacerse? Lo cierto es que la comunidad podría, siempre con el consentimiento del Ejecutivo Central, convocar un referendum no vinculante, únicamente consultivo. Porque el camino para la reforma del Estatuto está marcado en el propio Estatuto, se modifica con una mayoría reforzada, de tres quintos, para que se haga con el máximo consenso parlamentario posible. El modelo está establecido así para buscar los acuerdos y una fórmula tan divisiva como referendo. Es de hecho en buena medida el problema que estalló en el procés independentista catalán, de forma que los partidarios de un referendum por la oficialidad en Asturias son quienes más se alejan de los métodos constitucionales.