Cantabria urge a poner fin al consorcio interautonómico de gestión del parque y hacer efectivo el nuevo plan rector que amplía la capacidad de cada comunidad
02 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Parque Nacional de Picos de Europa fue el primer espacio protegido declarado en España y, pese a su antigüedad, el modelo de gestión tuvo que superar no pocos altibajos hasta encontrar un formato definitivo que aún no se ha cerrado. Divido entre tres comunidades --Asturias, Cantabria y Castilla y León-- en los últimos 6 años ha estado dirigido por un consorcio interautonómico, con una presidencia rotatoria entre las tres regiones que ha dejado satisfecho a los territorios. En el medio hubo un Plan Rector de Uso y Gestión que terminó tumbado por los tribunales. Aprobado en 2002, terminó siendo tumbado por el Supremo sólo 3 años después por no haber incluido un régimen económico y de compensación; el Ayuntamiento de Amieva presentó un recurso porque le plan vetaba la caza en el concejo sin ninguna contraprestación.
No fue hasta el 2014 cuando se aprobó una nueva normativa estatal, un PRUG, que dio cobertura a un nuevo sistema en el que cada comunidad podrá gestionar su parte del parque y en el que la continuidad del consorcio queda en el aire, con voces que apuesta por su desaparición o, en el caso de su permanencia, con un carácter meramente testimonial. Y no a todos les corre la misma prisa, si en Asturias y en Castilla y León han indicado que deben iniciarse las conversaciones para un cambio de modelo, en Cantabria quieren dar por liquidado el consorcio ya.
Lo han hecho por boca de uno de los miembros de su Ejecutivo regional, Desde Cantabria, según ha recogido El Diario Montañés, el director general de Medio Rural, Antonio Lucio, reclama directamente su disolución y «hacer un análisis crítico porque la gestión integrada del parque no ha funcionado». Con la nueva Ley de Parques Nacionales se estudia que cada comunidad tenga capacidad operativa independiente sobre su parte del parque y que se actúe de forma coordinada gracias a la creación de una comisión en la que el Ejecutivo central tendría representación a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. También han sido críticos con los resultados del consorcio interautonómico en Castilla y León, y en ocasiones, los alcaldes de la vertiente leonesa ha destacado las diferencias de criterio que hay, a su juicio, respecto a actuaciones similares a un lado u otro de la cordillera cantábrica poniendo el punto de mira en el tráfico a los lagos de Covadonga o la construcción del funicular de Bulnes. Hay una diferencia clave también en le modo que tienen de entender los tres territorios de los permisos o no de caza en el espacio protegido: por ejemplo en Castilla y León está permitida la caza de lobos mientras que en Asturias y Cantabria, sólo se permiten batidas puntuales. Es una polémica recurrente del ámbito político asturiano la consideración o no del lobo como especie cinegética, una que divide a los partidos y despierta posiciones muy enfrentadas en el ámbito rural. Más cuando en Asturias se ha sucedido los episodios de cánidos aparecidos colgados en señales y puentes o mutilados.
Desde Asturias aún no se ha definido una posición concreta sobre qué hacer con ese consorcio interautonómico. El pasado mes de marzo, desde la la Consejería de Desarrollo Rural se mostraron abiertos a revisar su papel y también a considerar la forma en la que debía establecerse esa comisión con representación del Estado pero recalcando la necesidad de que «la coordinación» en la gestión del espacio natural «se mantenga».
Sin embargo, el director de general de Medio Rural de Cantabria ha señalado que espera que con el nuevo sistema se «visibilice» la gestión particular de su comunidad en el espacio que les corresponde e indicó que su gobierno defiende que consorcio se convierta en «una mera herramienta para llevar a cabo proyectos muy concretos que interesen a las tres comunidades y al Estado».