Personal no sanitario medicará a los usuarios de los centros de integración en Asturias

Personal no sanitario será el encargado de prestar los primeros auxilios y de suministrar la medicación a los usuarios de los centros de integración del Principado. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ultima una polémica resolución en la que dicta instrucciones sobre la obtención, almacenamiento, preparación, administración y control de los fármacos en estos equipamientos que tienen como objetivo el apoyo de personas con discapacidad. El borrador sobre el que está trabajando la Administración recoge que desde la categoría de auxiliares educadores y superiores a todos los profesionales se les considera adecuado de forma implícita «para la atención de cuidados, incluida la administración de medicamentos en los términos en los que el profesional médico establezca en la correspondiente prescripción». Incluso señala que trabajen en parejas, que uno realice el procedimiento y el segundo confirme las dosis, para dar más seguridad. Pero nada señala de incorporar en la plantilla profesionales sanitarios ni tampoco en coordinarse con los equipos de Atención Primaria de los centros de salud, que sí cuentan con profesionales cualificados.

Este borrador de decreto ha puesto en alerta a los docentes, que saben que pueden ser los siguientes. De hecho, la Consejería de Educación ya dio algún paso en este sentido hace dos años. El fantasma ha vuelto a agitarse en las últimas semanas y hasta se llegó a tratar en un pleno del Consejo Escolar del Principado. Ahora ANPE ve en esta normativa de Servicios y Derechos Sociales una nueva amenaza. «Insisten en que personal no sanitario suministre medicación. Hay profesionales que sí cuentan con la formación para hacerlo, solo habría que contar con ellos. Quién se va a atrever hacerlo cuando somos conscientes de que no tenemos los conocimientos necesarios. Quién se va a responsabilizar si pasa algo», se pregunta Gumersindo Rodríguez presidente ANPE-Asturias.

El documento

El borrador con las instrucciones señala que hay una resolución de junio de 2009 que establece que los centros de apoyo a la integración que tienden a dependientes tienen que habilitar un protocolo de medicación que describa el procedimiento, el almacenamiento, cómo se prepara, cómo se administra y cómo se controlan los fármacos. Y eso es lo que hace, solo que no cuenta con los profesionales sanitarios y le encarga esta tarea a su propio personal, sin necesidad de que acrediten ninguna formación específica. El único matiz que realiza, de sentido común, es que si el personal tiene cualquier duda, inseguridad o preocupación relacionada con la administración de las medicinas o con prestar una atención concreta, «no deberá hacerlo (salvo si es una emergencia)». Ante cualquier temor, recomienda llamar a la familia, al centro sanitario de referencia o al teléfono de atención médica de urgencia.

La consejería precisa que, siempre que sea posible, los tratamientos deberían suministrarse fuera del horario de estancia en el centro. «Se debería considerar que se puedan administrar en el entorno familiar, salvo que la prescripción médica indique lo contrario», precisa el decreto. Cuando esto no sea posible, el personal asumirá la tarea.

El primer paso es disponer de un botiquín básico guardado en una zona accesible para todos los profesionales y bien señalizado. El material incluirá de un termómetro digital a pinzas de acero inoxidable, esparadrapo, parches, agua oxigenada o tabletas de glucosa. Los tratamiento farmacológicos para abordar patologías crónicas o temporales deberán contar con la indicación escrita del médico. Se detallará el medicamento, la dosis, las indicaciones sobre el momento más adecuado para suministrarlo, cómo conservarlo y hasta un teléfono de contacto del facultativo por si surgiera alguna duda. El tutor legal del usuario, además, deberá firmar un consentimiento informado y el director le comunicará todo el procedimiento. El centro mantendrá un libro de registro, que podrá ser informatizado, con todos los datos.

Hay un apartado específico para el comedor. Cuando coincida la hora del medicamento con la comida, será uno de los profesionales que tenga turno de servicio el responsable. También en este caso, aconseja actuar en parejas para «evitar errores».

En los colegios

ANPE teme que, con la adaptación lógica al sistema de enseñanza, este sea el mismo modelo que pretende implantar la Consejería de Educación. Gumersindo Rodríguez ya ha mostrado el rechazo frontal de su organización, al igual que otros sindicatos como SUATEA. Rodríguez afirma que los docentes no cuentan con la capacitación profesional necesaria para realizar esta tarea. Se pregunta qué pasa si un maestros comete un error o si surge algún tipo de medicación. Los tratamientos pueden ser muy variados y pueden abarcar desde una píldora a una inyección. «¿De verdad creen que personal no sanitario puede hacerlo?», se pregunta con incredulidad. Insiste en implantar otro modelo, en el que los ATS y los médicos de los centros de salud de referencia, en función de la zona en la que estén los colegios, sean los que realicen esas funciones. «Esto sería lo mismo que la atención domiciliaria. Puede ser perfectamente una atención en el centro escolar», argumenta. Entiende que esta política sirve igual para los centros de apoyo. Si tienen el tamaño suficiente, incluso podrían incorporar a profesionales a la plantilla.

El presidente de ANPE deja sobre la mesa todas estas ideas como opción constructiva. Pero también lanza una advertencia. «Acudiremos a los foros correspondientes en cuanto se obligue a un docente a administrar medicamentos. Hay jurisprudencia que avala nuestra posición», defiende.

  

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