La Asociación de Guardas del Medio Natural denuncia que el Principado les obliga a costear de su bolsillo el asesoramiento jurídico en los procesos judiciales
30 ene 2017 . Actualizado a las 18:12 h.Desprotegidos y abandonados por la administración del Principado de Asturias. Así se sienten los guardas del Medio Natural, tras conocer la decisión de la Consejería de Desarrollo Rural de denegar el asesoramiento jurídico a los integrantes del colectivo que han solicitado disponer de asistencia letrada para verse respaldados cuando comparecen ante un tribunal en calidad de denunciantes, bien por amenazas o por agresiones registradas en el ejercicio de su actividad profesional.
Una sensación de impotencia que ha provocado una gran indignación entre los componentes de la Asociación de Guardas del Medio Natural (Agumnpa) ante la negativa que ha recibido este mismo mes un compañero, quien tendrá que costearse de su propio bolsillo la minuta de un abogado si quiere contar con asesoramiento jurídico cuando acuda a declarar próximamente en un juicio contra la persona a la que denunció por amenazas tras sorprenderla in fraganti cuando provocaba un incendio.
La asociación asegura que su caso no es aislado, ya que, según explican sus portavoces, «está empezando a ser habitual que la Consejería deniegue de manera sistemática» la autorización para poner a su disposición la Asesoría Jurídica de la administración regional para afrontar un proceso judicial donde los guardas son las víctimas. Una negativa que ha llegado en un momento muy delicado para el colectivo tras la muerte de dos compañeros en Lérida, que ha venido a reforzar el temor al rebrote de nuevos episodios violentos.
Una «falta de respeto» hacia los guardas
«Estos hechos son gravísimos por cuanto muestran que la Consejería de Desarrollo Rural y los Servicio Jurídicos del Principado no sólo no quieren mejorar y garantizar nuestra seguridad, sino que nos deniega la asistencia jurídica ante actuaciones ocurridas como consecuencia de nuestro trabajo de policía, un derecho reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público y que supone una absoluta desconsideración y falta de respeto hacia los propios funcionarios y un cuestionamiento de la función que desarrollan», señalan los representantes de la asociación.
La trágica muerte de dos agentes rurales catalanes en el ejercicio de sus funciones a manos de un cazador, que les disparó sin mediar palabra cuando le requirieron la documentación, no puede desvincularse del resto de amenazas y agresiones que constantemente sufren los agentes del Medio Natural y debería hacer reflexionar a los responsables políticos, según inciden desde Agumnpa.
Sin respaldo oficial
Los agentes del Medio Natural tienen bajo su responsabilidad la custodia y vigilancia del patrimonio natural y se encargan de velar por el cumplimiento de la legislación medioambiental. Dentro de sus funciones de policía administrativa, realizan identificaciones, inspecciones, denuncias y decomisos que, en ocasiones, provocan la reacción súbita e inesperada de las personas que realizan actividades ilícitas, siendo cada vez más frecuentes las agresiones y amenazas proferidas contra los guardas.
La asociación aprecia la existencia de una relación directa entre el deterioro de la imagen de los agentes y su autoridad «derivada de la falta de respaldo desde la Administración» con la frecuencia y gratuidad de las agresiones, «por cuanto sale gratis, prácticamente, agredir a un agente de autoridad», lamentan.
Agumnpa enumera una larga lista de agresiones que se han producido en los últimos años, sin que hasta el momento, según su denuncia, la Consejería de Desarrollo Rural haya realizado un solo gesto de apoyo hacia el colectivo. «Entre otros actos vandálicos nos han quemado un coche en Quirós, un lobo apareció en un vehículo de los agentes de Arriondas y también pincharon ruedas de vehículos en Caso. Además, innumerables amenazas, intentos de agresión, en unos casos, y agresiones consumadas en otros, en el ejercicio de nuestras funciones sin que la Administración haya hecho algo para garantizar la seguridad de los agentes más allá de las buenas palabras de la consejera», sostiene la asociación.