Detractores y defensores de este modelo inician campañas públicas ante la inminente renovación de las subvenciones del Principado. Los colegios cuestan algo más de 90 millones al año
20 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Es cuestión de días. El Principado está a punto de convocar la renovación de los conciertos educativos, el proceso por el que cada cuatro años acuerda la financiación de la enseñanza gratuita en colegios privados, en Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas Especiales. Ese inminente anuncio ha sembrado ya el nerviosismo en la comunidad educativa. Defensores y detractores de este modelo se movilizan para recabar apoyos. El diputado del PP, David González Medina, ha señalado que estará vigilante para evitar «recortes bajo manga» tras entrevistarse con representantes de padres y profesores de la concertada. Por su parte, el Movimiento Social por la Escuela Pública ultima una campaña en contra de la renovación de las ayudas que trata de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de acabar con esta red complementaria. Están en juego más de 90 millones de euros anuales y alrededor de 30.000 plazas escolares.
Esas son las cifras que, grosso modo, mueven los colegios concertados en Asturias. La red concertada está integrada por 71 colegios que tienen matriculados a algo más de 31.000 alumnos en las diferentes etapas. Esos estudiantes representan algo menos del 25% de todos los que se sientan en las aulas del Principado. Las cifras del profesorado que los atiende se encuentra en alrededor de 2.500 -además del personal que no imparte docencia- lo que deja un ratio de un docente por cada 12 alumnos, una proporción superior a la escuela pública.
Presupuestos y argumentos
El último presupuesto regional dota a esta red educativa con algo más de 90 millones de euros para todo 2017, pese a que las subvenciones en vigor concluyen con el curso. Los acuerdos de la educación concertada se negocian cada cuatro y establecen como periodo ordinario los cursos escolares, lo que no coincide con los años corrientes y, por tanto, tampoco con las cuentas de las administraciones. Ese dinero paga los gastos de personal y también los gastos de funcionamiento de los colegios. Cada una de esas partidas aparece reseñada de forma independiente en los presupuestos asturianos, desgajados en cada ciclo de Infantil a Secundaria o FP.
Esos 90 millones de euros son precisamente los que enfurecen a la escuela pública. Sus defensores ven cómo año tras año se cierran aulas -fundamentalmente en las zonas rurales-, cómo se suprimen líneas en colegios y se fusionan Cras mientras la Administración pública asturiana financia plazas en colegios privados. Su filosofía es que ese dinero debe destinarse a una única red, que es la pública, a la que pueden acceder en igualdad de condiciones todos los alumnos y que garantiza la igualdad de oportunidades. Su petición es el final de los conciertos.
Los defensores de la concertada esgrimen argumentos bien diferentes, más basados en criterios económicos y de resultados. La patronal que aglutina a las empresas que gestionan los colegios, los padres representados mayoritariamente por la Concapa y los sindicatos señalan que salen mucho más baratos. Aseguran que uno de sus estudiantes cuesta casi la mitad que uno de la pública, que sus ratios de profesores por estudiantes son mucho más altos; los sueldos de sus docentes, más modestos y sus resultados académicos, buenos. Con esa carta de presentación, reclaman la renovación de las subvenciones.
El procedimiento
La Consejería de Educación todavía no ha iniciado el procedimiento pero se sabe que es inminente porque cada cuatro años repite el mismo patrón. Lo primero es convocar la convocatoria de renovación de las subvenciones en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa). En el 2013, ese paso se dio la primera semana de febrero. En ediciones anteriores, las fechas fueron similares. En ese anuncio se otorga un plazo de 10 días hábiles a los centros para que soliciten la renovación. Una vez concluido ese periodo se convoca una comisión en la que están representados la patronal, los sindicatos, los padres y también la Federación Asturiana de Concejos y el Gobierno del Principado. Lo lógico, en función de la experiencia, es que todo esté concluido antes de abril, para que la situación esté clara antes de abrir la matriculación para el próximo curso
Juan Luis González, del sindicato Otecas, precisa que se trata de un proceso para renovar, así que en principio no está en entredicho la continuidad del modelo, solo el número de aulas y el dinero. Sin embargo, hay intranquilidad en ambas partes. La confrontación va más allá del dinero. Se trata de dos modelos educativos diferentes que se ponen en el ojo del huracán, así que el proceso nunca es tranquilo. Unas veces la polémica ha sido más encendida. Otras ha pasado de puntillas. Pero nunca ha quedado al margen del debate público. Uno de los más duros tuvo lugar, precisamente, en las últimas renovaciones, cuando el Gobierno del Principado trató de suprimir las subvenciones a los colegios ligados al Opus Dei que segregan por género. El asunto acabó en los tribunales y esos conciertos continúan en vigor.
La negociación se realizará coincidiendo con la planificación del próximo curso en la escuela pública, en la que sindicatos como Suatea ya denuncian recortes en el número de unidades y también en las plantillas docentes. Esos datos son difíciles de calcular ya que la Consejería de Educación, hábilmente, no ofrece balances totales sino planes centro a centro, escuela a escuela, Cra a Cra. Así es complicado para las organizaciones sindicales hacer una radiografía total, aunque se pasan semanas haciendo cuentas.
Defensores y detractores se arman de argumentos para unas semanas movidas en las que la educación concertada promete estar en el centro del debate.