El fallo de la Corte Europea comienza a dar sus frutos en Sanidad y Educación
17 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Varias sentencias, y en diferentes instancias, han comenzado a poner cerco al modelo con el que las administraciones parchean el empleo público mediante el trabajo de interinos. La más sonada y con mayor repercusión, fue la dictada por el Tribunal de Justicia Europeo el pasado mes de septiembre y que equiparaba las indemnizaciones por despido de personal indefinido y temporal. La corte europea dio un revolcón notable al abuso de la temporalidad en el ámbito laboral español, y aunque la sentencia se refería al personal interino en la administración pública, los sindicatos estimaron que podría llegar a extenderse al conjunto de los trabajadores.
«Es que la UE no entiende el guirigay que hay en este país con el empleo público, que si funcionarios, laborales, interinos, estatutarios... ellos entienden que hay empleados públicos fijos e interinos, algunos de larguísima duración», afirma Nicolás Gonzaléz, presidente de la Junta de Personal Funcionario en la administración asturiana, quien además denuncia que el personal interino en el Principado «no percibe el complemento de carrera» lo que entraría en contradicción con estas sentencias. A su juicio, el Ejecutivo asturiano no ha intentado tomar la iniciativa para corregir esta situación y «está a la espera de que lo que diga Madrid».
El pasado mes de noviembre, el Ejecutivo asturiano se pronunció sobre las consecuencias de esta sentencia a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta del portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, en la que cuestionaba al gobierno sobre qué tipo de medidas iba a adoptar para garantizar esa equiparación y reducir el número de contratos interinos. En ella, el director general de la Función Pública, José María González Gancedo, recuerda que la equiparación de indemnizaciones atañe a la competencia legislativa del Estado, a la que corresponde «exclusivamente»; por lo que la comunidad autónoma cumpliría lo dictado por la legislación estatal. Respecto a la reducción de contratación interina, la respuesta señala que se ha aprobado una «oferta de empleo público» pero con un número de plazas «posible dentro del límite de la tasa de reposición de efectivos» fijada por los Presupuestos Generales del Estado, esto es, del 100% en sanidad, docencia, servicios sociales o extinción de incendios y y, para el resto, la máxima, señala, es del 50%.
El pasado 13 de diciembre, fue un juzgado de Oviedo el que falló que los interinos del sector sanitario pueden optar a la carrera profesional y lo hizo acudiendo precisamente a la jurisprudencia del tribunal europeo a la hora de señalar que no hay motivo para discriminar al personal temporal de larga duración con el personal fijo en el acceso a la carrera profesional. No se trata de un asunto menor a la hora del caudal que recaerá en los bolsillos de los profesionales. Superando la valoración del primer grado en el acceso a la carrera profesional, la administración tendría que abonar hasta 3.000 euros anuales más en los salarios de los interinos. Según el sindicato médico SIMPA, que promovió la demanda, los beneficiados podrían llegar a ser hasta 350, lo que supondría un gasto de alrededor de un millón de euros en el Principado. «Lo que pasa es que el Principado está pensando en lo que viene detrás, porque no serán sólo los médicos, también enfermeros, mucho personal del Sespa», explicó Nicolás Gonçalvez, del SIMPA, quien urgió al gobierno autonómico a no recurrir las sentencias «como maniobra dilatoria porque las condenas significan costas y un gasto para el Principado».
Se trata de un caso similar, a la incorporación de los maestros interinos a la evaluación docente, que comenzará a aplicarse el año próximo y también como cumplimiento de una sentencia. El consejero de Educación, Genaro Alonso, ha cifrado en torno a un millar el número de profesores que podrán verse beneficiados por esta medida y que supondría incentivos económicos de entre 132,18 y 206,53 euros mensuales.
La presidenta de la Junta de Personal Docente, Emma Rodríguez destacó que los interinos asturianos lograron en los tribunales además asuntos tan relevantes como la itinerancia --las dietas de los profesores que reparten su carga horaria entre varios centros o entre varias unidades de un mismo centro rural agrupado (Cra)-- o las plazas que tienen que reservarse para los maestros discapacitados. Rodríguez señaló además que en el caso de los interinos asturianos, la comunidad «tiene algo distinto y es que no se reconoce, como en otros sitios, ninguna estabilidad, aquí tenemos las espaldas abiertas y en muchos aspectos eso es algo tan trascendente o más que el sueldo, porque la estabilidad te da la seguridad de que vas a seguir trabajando el curso que viene».
A juicio de la presidenta de la Junta de Personal Docente, «lo que está claro es que con esta administración hay que ir a los tribunales para ganar cosas, y esa judicialización es reflejo de falta de flexibilidad para escuchar a la gente». Rodríguez citó casos además de particulares en los que maestros habían recurrido, con éxito, a un juzgado para lograr una mejor baremación.
«Toda esta situación se arrastra porque no ha habido convocatorias de oposiciones durante muchos años» señaló Rodríguez quien incidió en que en el caso asturiano se abusa, a su juicio, de la cobertura con interinos incluso en los casos de las denominadas necesidades. «Una cosa son las plantillas docentes y otras las necesidades docentes, que son algo extraordinario, pero nos encontramos con plazas que se cubre así un año tras otro hasta sumar 15 y esto es responsabilidad de la planificación de la Consejería».