Familiares de reclusos denuncian que una treintena de presos convierten la UTE en un «oasis de droga»

PILAR CAMPO OVIEDO

ASTURIAS

La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de la UTE de Villabona, Rosa María Fernández García.La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de la UTE de Villabona, Rosa María Fernández García
La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de la UTE de Villabona, Rosa María Fernández García

La asociación asegura que unas obras de acondicionamiento del sistema contraincendios son la excusa para eliminar la UTE-3

30 ago 2016 . Actualizado a las 11:47 h.

La Asociación de Familiares y Amigos de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Asturias ha advertido de la situación caótica que se registra en estas dependencias destinadas a los internos que siguen un programa específico en su proceso de deshabituación de su drogodependencia y ha denunciado que en la UTE-3 están actualmente adscritos una treintena de presos «en contra de su voluntad» que no siguen las normas internas que rigen su funcionamiento y están convirtiendo esta dependencia en «un auténtico oasis de la droga».

Su presidenta, Rosa María Fernández, está convencida de que esta situación es conocida por la dirección de la macroprisión, cuyo objetivo es la paulatina «desaparición de las UTES» y para ello cuenta con el respaldo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, «saltándose absolutamente la Instrucción 9/14 que regula el funcionamiento de las Unidades Terapéuticas y Educativas; regulación que fue una exigencia de la Defensora del Pueblo».

El caldo de cultivo para incidentes

Rosa María Fernández considera que para llevar a cabo esta progresiva eliminación de las UTES se siguen unas estrategias de distracción y dentro de estas maniobras enmarca las obras de acondicionamiento del sistema contraincendios que se están realizando actualmente en las instalaciones de la prisión. A su juicio, estas obras son sólo el pretexto de los responsables del equipo directivo para ir cerrando estas unidades, una vez que los internos que están ahí asignados sean trasladados a otras dependencias.

Las obras de acondicionamiento del sistema contraincendios se iniciaron hace unos meses en la UTE-1, lo que obligó al desplazamiento de parte de los internos a la UTE-2. Una vez concluidas, se produjo el trasvase de parte de los reclusos de la UTE-2 a la UTE-1 mientras se desarrollaban los trabajos en esta última unidad. La asociación teme que, en las próximas semanas, una vez que comiencen las tareas de acondicionamiento en la UTE-3, esta unidad «desaparecerá físicamente como UTE» y, una vez terminadas las obras, se utilice este espacio para que pasen el resto de internos del Centro Penitenciario mientras se realizan los trabajos en los distintos módulos de la cárcel asturiana.

La presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de la UTE estima que la intención de los responsables de la institución penitenciaria es vaciar de contenidos la UTE-3 al trasladar a los internos que están ingresados en esta dependencia a las UTES 1 y 2, lo que incrementaría el riesgo de que se produjeran nuevos incidentes dentro de las instalaciones, puesto que al incluir en estas dos unidades a los 30 internos de la UTE-3 sería el caldo de cultivo idóneo para que se volviera a reproducir en estas dos unidades «la dinámica de destrucción que han venido desarrollando en la UTE-3». Una unidad  donde, según comenta, circula con normalidad la droga.

La Asociación de Familiares y Amigos de la UTE sostiene que con esta última decisión se echaría por tierra el trabajo de muchos años en favor de la reintegración de estos reclusos, así como el espíritu con el que fueron creadas y que han sido defendidas desde los estamentos políticos y las asociaciones sociales que luchan por la reinserción de los internos. Rosa María Fernández reconoce que, durante los últimos cinco años, han sentido ese apoyo social desde diversas instituciones, entre las que destaca a la oficina de la Defensora del Pueblo, «ante el acoso y derribo por parte de la anterior y actual dirección con el beneplácito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias».