La pareja de Ayuso propuso a la Fiscalía aceptar 8 meses de cárcel y pagar 520.000 euros para no ir a juicio
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Admite «íntegramente» la existencia de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades 2020 y 2021»
24 abr 2024 . Actualizado a las 09:49 h.El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, propuso a la Fiscalía asumir 8 meses de cárcel, así como pagar más de medio millón de euros para evitar el juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental.
Así consta en la propuesta de conformidad penal, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que «acepta íntegramente» la existencia de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades, 2020 y 2021» y su «autoría» como administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento del Medio Ambiente S.L.
La defensa reconoce una cuota defraudada de 155.000 euros en el ejercicio relativo a 2020 y de 195.951,49 euros por el ejercicio de 2021, lo que se traduce en 350.951 euros más intereses de demora. Además de la pena de prisión, propone asumir también «una multa del 40 % de la cuota defraudada», lo que elevaría el importe a unos 520.000 euros.
Explica que aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta «supuesta regularización» no puede «operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad», con lo que está «completamente de acuerdo».
«Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer», recoge el escrito.
Querella contra los fiscales
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se congratuló ayer de que algunas fiscalas, como la encargada de pronunciarse sobre la querella presentada por Alberto González Amador contra los fiscales que investigan un presunto fraude fiscal por revelación de secretos, «se resistan a las presiones» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tellado se refería así la decisión adoptada por la fiscal María de la O Silva, de invocar el artículo 27 del Estatuto Orgánico para que la Junta de Fiscales de Sala escuche su postura —a favor de investigar los hechos denunciados por Alberto González Amador— frente a la de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que ordenó inadmitirla.