El fisco manda cartas a comisiones de fiestas y asociaciones de vecinos para que tributen en sociedades

Hacienda continúa con su cruzada cual Pepito Grillo del contribuyente. Recién concluida la campaña del IRPF, y coincidiendo con la apertura del período para liquidar el impuesto de sociedades (del 1 al 25 de julio), ha iniciado una campaña de envío de cartas a entidades parcialmente exentas de este tributo -como las asociaciones de vecinos, las comisiones de fiestas, los colegios profesionales o las oenegés- para recordarles que deben cumplir con su obligación fiscal y pagar, si fuera el caso, el impuesto. Así lo confirmó ayer el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín, durante la presentación del documento Declaración de sociedades 2018, en el que el órgano especializado del Consejo General de Economistas incluye medio centenar de recomendaciones para cumplir correctamente con Hacienda.

«Se está revisando qué ingresos tienen y asegurándose de que, si deben hacerlo, paguen, ya que muchas de esas entidades no desarrollan una actividad económica importante por la que tributar, pero otras sí», explicó Sanmartín. Los asesores fiscales tienen constancia, por ejemplo, de que Hacienda ha hecho controles sobre subvenciones recibidas y recuerdan, por poner un caso, que si una asociación de vecinos monta un chiringuito para unas fiestas debe declarar los ingresos al fisco.

Ingresos lejos de los del 2007

Otro de los asuntos abordados ayer por el REAF fue el volumen de la recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas. Y aquí se impone el realismo: por mucho que los sucesivos Gobiernos hagan cambios en el tributo (más de 200 en la última década) para elevar la contribución de las empresas al erario no se recuperarán los niveles de ingresos previos a la crisis. El 2007, con un máximo histórico cercano a los 45.000 millones de euros (lo recaudado casi doblaba los 24.838 del pasado ejercicio), fue «claramente excepcional» y no constituye «una cifra de referencia», advierten los asesores fiscales, que consideran «coherente» con la situación de las empresas españolas la cuantía aportada al Estado.

Sin embargo, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, apostó ayer por una revisión «de la totalidad» del impuesto, especialmente en lo que respecta a beneficios y exenciones. Se trata de «corregirlo», pues, a su juicio, la contribución de las grandes fortunas y empresas a la caja común está siendo comparativamente inferior a la de las pymes y «no responde a cómo la economía se mueve en el mundo. Hay muchas áreas que no están bien reflejadas».

Así lo aseguró en su intervención en el curso Imposición sobre la riqueza, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, en el que defendió una actualización de todas las figuras fiscales que gravan la riqueza.

Paralelamente, en Madrid, el REAF aseguraba que la recaudación en España está «en línea» con los principales países europeos (porcentualmente los ingresos respecto al PIB, del 2,25 %, son más altos que los de Alemania o Francia), y que los 44.823 millones conseguidos en el 2007 no volverán.

Consideran que una horquilla de ingresos por sociedades de entre 20.000 y 25.000 millones anuales es la «normal» para España, ya que es en la que se movía el tributo en el 2004, antes de la burbuja y posterior crisis y, de nuevo, a partir del 2015, con la recuperación. Así, mientras que, comparados con el excepcional 2007, los ingresos por sociedades del 2018 se desplomaron casi un 45 %, el alza respecto al año anterior fue del 7,32 %, porcentaje similar al del IRPF. Y eso a pesar de que las empresas aún sufren «la resaca de la crisis», como recordó Luis del Amo, secretario técnico del REAF. Los expertos aclararon también que la polémica sobre el tipo efectivo de sociedades (del 5,99 % del beneficio de los grupos en el 2016) responde al uso inadecuado para su cálculo del resultado contable positivo. Dado que los grupos tienen empresas con beneficios y también otras con pérdidas, y unas se compensan con las otras, calcularlo solo sobre las que han tenido ganancias sesga a la baja la cifra. Por ello, el REAF considera «más razonable» usar el resultado contable (compensando pérdidas y ganancias), lo que daría un tipo efectivo del 11,06 %, aún a distancia del 25 % nominal, debido a la exención por doble imposición y a la compensación de pérdidas.

Los expertos son contrarios también a eliminar más deducciones y, en cuanto a los pagos fraccionados -pendientes del Tribunal Constitucional- consideran que debe repensarse, ya que las empresas están financiando al Estado con 2.000 millones anuales que le adelantan.

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