Los economistas solemos destacar como uno de los males endémicos de la economía gallega y española la tasa de paro. Pero no en suficientes ocasiones se habla de lo contrario: la dificultad de encontrar trabajadores para determinados puestos. Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en noviembre del 2023 había un total de casi 156.000 vacantes, un 5 % más que en el mismo mes del año anterior.
Fundamentalmente, estas vacantes se concentran en los sectores de la hostelería (29.000), comercio (28.000) y construcción (22.000). A mayor distancia se sitúan la industria (16.000) y los servicios (13.000). En concreto, los puestos de trabajo más demandados son los de camarero (10.871 vacantes), vendedor (8.209), peón de la construcción (4.261) y limpiador (10.871).
La dificultad de encontrar personas para estos puestos puede deberse a múltiples factores, pero un elemento que no puede escaparse del razonamiento es el creciente desincentivo para trabajar cuando se compara el salario en términos reales que percibirían en estos puestos con la mejor alternativa que tengan, la cual puede ser un subsidio de paro combinado con un empleo a tiempo parcial, otro tipo de ayudas o incluso la economía sumergida. A ello se añade un fenómeno creciente como es dar más importancia a las condiciones de trabajo (horarios, conciliación, tiempo libre, desplazamiento…) a la hora de aceptar o no un empleo.
Por lo pronto, la escasez de mano de obra en estos sectores está provocando un aumento de los salarios reales, intentando compensar el incremento de costes con aumentos de la productividad. Para hacer frente a esta situación, las empresas están recurriendo a medidas como la formación, la contratación de extranjeros y la automatización de procesos, entre otros. La presión del consumo privado (muy impulsado por el turismo extranjero) traslada a las empresas una exigencia mayor, pero, al mismo tiempo, las políticas de ayudas y soporte a la demanda que continúan existiendo hacen que el trabajador esté menos dispuesto a aceptar las condiciones laborales que se han generalizado en los últimos dos años producto de la última reforma laboral.
En este sentido, el reciente estudio de Fedea sobre lo que ha ocurrido realmente con la temporalidad dibuja con precisión la volatilidad del mercado de trabajo. Lo que antes era un contrato real indefinido y a tiempo completo, hoy apenas dura un mes. A ello se une el fenómeno de la parcialidad, donde también se juega en las estadísticas con el término «indefinido». Tanto por parte de la empresa como del trabajador, esta volatilidad es cada día menos aceptable, afectando a las condiciones de vida de los trabajadores y, por tanto, a su preferencia por buscar alternativas aparentemente peores que las de tener un trabajo estable, con sus consecuencias sobre la productividad y el desempeño de la economía gallega y española.