Seis meses después de empezar la invasión rusa a Ucrania vemos una vez más que no por tener más fuerza militar la victoria está garantizada. Hay un sinfín de ejemplos de cómo Estados Unidos y Rusia (y anteriormente la URSS) no consiguen los objetivos que se marcan (seguramente por desconocimiento del lugar que pretenden conquistar o por no estar preparados para lo que se tienen que enfrentar). Parte de la guerra se mide en la comunicación, y a veces es difícil establecer qué es real, porque la manipulación es otra arma que se emplea para desprestigiar al contrario. No obstante, parece que la movilización que Putin ha ordenado realizar a 300.000 reservistas es a raíz de la mala marcha de la contienda (es sabido que Ucrania está recuperando parte del territorio que le fue arrebatado). Nada ha salido acorde a los planes del Kremlin. Por ahora no han conseguido colapsar Ucrania, ni han pisado Kiev ni tan siquiera pueden sacar pecho por dominar el Donbás. Desde hoy y hasta el próximo martes se desarrollarán unos referéndums en Zaporiyia, Lugansk, Donestk y Jersón en los que obviamente (no habrá supervisión internacional) el resultado será favorable a la anexión de estas zonas a Rusia. Putin seguirá teniendo la posibilidad de cerrar el grifo del gas a Europa, pero creo que está fuera de su control las consecuencias sociales que empiezan a notarse en la población. Veremos si es capaz de aguantar y de controlar las protestas y las posibles revueltas (aunque tenga a un cuerpo policial enfocado a meter miedo y a detener a todo aquel que levante la voz).
Uno de los debates eternos que habrá siempre en el campo político es el de los impuestos. Por supuesto que hay que hablar de ellos y valorar en cada momento su adaptación a los tiempos en los que vivimos. Hay que defender alto y claro que son necesarios, que hay que pagar los justos y que deben ser proporcionales a la riqueza de cada cual. La derecha es la más propensa a defender casi la desaparición y que el mercado sea el que rija los precios (aunque estemos hablando de mantener la educación y la sanidad, entre otros). El anuncio realizado por Juan Manuel Moreno Bonilla de suprimir el impuesto de patrimonio conllevará que la Junta de Andalucía dejará de recaudar, más o menos, 90 millones al año (para beneficiar a casi 17.000 personas que poseen bienes por encima de los 700.000 euros). Apoyo que cada comunidad tenga la posibilidad de fijar sus criterios, pero lo que no vale es que luego le reclamen a Papá Estado el dinero que no han ingresado. Lo que me parece tremendo es que un responsable político confunda una administración con una empresa. Es una vergüenza que el presidente andaluz defienda sin ningún remordimiento que es positivo que entre las autonomías haya competencia a ver quién se lleva la residencia fiscal de los más ricos. Este discurso, que sigue la estela del «dumping» fiscal de Ayuso en la Comunidad de Madrid y al que también se va a apuntar la Región de Murcia, tendrá consecuencias sociales por el detrimento de los servicios públicos (ambas regiones son las que menos invierten por habitante en Sanidad). Los hay que no han aprendido nada de dos años de pandemia. Aunque la memoria sea frágil y dé votos bajar impuestos, es importante recordar que necesitamos un sistema sólido que nos proteja cuando las cosas vayan mal, y que lo patriota no es sacar la bandera a la ventana sino contribuir en función de tus posibilidades a asentar una sociedad más igualitaria.