Si algún peligro tiene la aparente bonanza de la economía española es que vuelvan las exigencias de limitación del déficit y, con ellas, los recortes que ya hemos sufrido. Por eso era tan importante la visita del nuevo canciller alemán, aparte de la meliflua relación entre compañeros de militancia, tan ensalzada por las terminales del palacio de la Moncloa. El resultado no permite una gran tranquilidad. Scholz es un gran defensor de lo que aquí se llamó «austericidio». Scholz argumenta que aquella política que impuso la Alemania de Merkel es la que ahora permitió afrontar el gasto provocado por la pandemia. Y, si Scholz fue coautor de aquella política, nadie puede esperar de él que la condene solo por dar gusto al socialismo gobernante en España.
Esa es una de las principales conclusiones tras la rueda de prensa que el canciller alemán compartió con Pedro Sánchez. Scholz, que fue ministro con Merkel, es partidario del rigor fiscal y además con cierta rapidez. Sánchez no puede mostrarse contrario a ese rigor, pero pide tiempo porque la Unión Europea todavía tiene que hacer frente a los desastres del coronavirus. La razón económica está con el canciller, la razón política está con el presidente español. La última palabra la dirán las demás naciones y sus alianzas, como siempre ha ocurrido. No sería extraño que volviésemos a ver dos frentes: el de los países del norte y el de los países del sur. Estos últimos pesaríamos muy poco si se consolidase el grupo franco-alemán, apoyado por Holanda.
Si se llegase a ese horizonte, se acabaron las alegrías. Ni siquiera serían posibles ayudas como las aprobadas ayer de acceso a la vivienda. Volveríamos a hablar de rescate y de hombres de negro. Y, si esos especímenes apareciesen, olvídense ustedes de subida de pensiones de acuerdo con el índice de precios. Todo sería un paréntesis en la realidad que el Gobierno interpreta como «chulísima», de acuerdo con el léxico de Yolanda Díaz.
Eso es lo que dice temer el PP cuando Pablo Casado habla, por ejemplo, de la «quiebra» de nuestro país.
Lejos de cualquier contaminación partidista, me limito a señalar el riesgo al que nos enfrentamos. Sobre todo, si se atiende al último informe de Cáritas, que califica la situación social como «un shock sin precedentes», con once millones de personas en la pobreza, lo cual significa que el número de pobres aumentó en 2,5 millones desde el estallido de la pandemia. La crisis, dice Cáritas, aumentó la desigualdad y se cebó con los hogares más vulnerables. Hace falta todavía mucho gasto social para tratar de anular esos dolorosos impactos. Si, en su lugar, viene una seria limitación del déficit y el endeudamiento, tenemos un problema: un Estado endeudado, una Administración sin ideas y ese nivel de pobreza hacen que vuelva a ser austericidio cualquier intento de control de gasto o de austeridad.