La pandemia que nos invade y genera tantas muertes y secuelas, es la principal preocupación del mundo entero y en los últimos tiempos por desgracia solo se habla de ello como es lógico, aunque hay otras cosas muy importantes que también deberían preocuparnos y mucho por la cantidad de vidas que se cobra y las enormes enfermedades irreversibles que también se producen en el mundo laboral.
Cada día son más las voces que se oyen sobre la necesidad de mejorar los altos índices de siniestralidad y salud laboral, sin embargo, esta realidad tan deseable como necesaria, está muy lejos hoy de ser una garantía a corto y medio plazo, porque los datos en esta materia empeoran más cada año, si además tenemos en cuenta que nadie con competencias para ello asume ningún compromiso de forma responsable para mejorar esta grave situación.
Aún no hemos superado el quinto mes del año en curso, se produjeron ya 15 muertes por accidente laboral en Asturias. Si a esto añadimos las que se producen por enfermedades profesionales, los datos se disparan de forma muy alarmante y preocupante, no tanto para los empresarios, más pendientes de la alta rentabilidad económica de sus empresas y de la suya propia, que de la vida y salud de sus trabajadores, sin que las autoridades laborales, políticas y judiciales, tampoco se esfuercen mucho por aplicar la Ley en Materia de Prevención de Riesgos Laborales.
En el Astillero Armón Gijón, tras el último accidente mortal los pasados días, son ya cuatro los accidentes mortales desde el año 2013, casi tantos como los habidos en toda la historia de la construcción naval en esta ciudad, que llego a tener seis Astilleros y miles de trabajadores, que trabajaban con menos medios de protección a su alcance, en comparación con la época actual. Armón Gijón incumple una y otra vez la normativa vigente en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y si no hubo aún más accidentes, fue por auténticos milagros. La inspección de trabajo ha impuesto a esta empresa importantes sanciones económicas, pero aun así, le resulta más rentable pagar las sanciones que invertir en prevención. Sustituir al trabajador cuando desgraciadamente se enferma o se muere bien por enfermedad profesional o accidente laboral, no debe ser demasiado costoso para el empresario, ni tampoco parece generarle demasiados remordimientos de conciencia.
No es entendible que en esta empresa se esté poniendo en riesgo de manera permanente la salud y la vida de los trabajadores, que tienen que desarrollar su actividad, trabajando en aluminio, un material altamente tóxico, sin ningún tipo de prevención, ni personal, ni para el medio ambiente, además de otras medidas de seguridad que tampoco se cumplen y que sería muy largo enumerarlas todas. Pero eso lo deben de hacer las autoridades competentes, para no convertirse en cómplices de una situación desgarradora, que me atrevo a calificar de asesinatos laborales, porque cuando se producen con tanta frecuencia, no es por el infortunio del trabajador accidentado, es porque no se cumplen las normas de seguridad que exige la ley.
Es muy duro para los trabadores que salen por las mañanas de sus casas a ganarse un salario, encima bastante bajo, por cierto, en larguísimas jornadas de trabajo y con la incertidumbre de no saber si van a volver a su casa o cuánto tiempo van a tardar en enfermar, por tener que trabajar en condiciones de esclavitud y sin poder exigir el cumplimiento de la ley, porque si lo hacen, saben que no vuelven a trabajar.
Las tasas de siniestralidad siguen siendo muy altas en todo el Estado Español que ocupa los primeros puestos de la U.E., como consecuencia de la altísima precariedad laboral y la baja formación profesional para determinado tipo de trabajos de alto riesgo. La propia Fiscalía general del Estado reconoce que los accidentes laborales registrados en nuestro país duplican la media Europea. La prevención de la salud y accidentes laborales es una de las asignaturas pendientes y el recurso más socorrido de la administración pública del estado para desentenderse de sus responsabilidades en esta materia. Una de las primeras condiciones que se deberían cumplir es que los centros de trabajo sean lugares seguros en los que se adopten las medidas necesarias para evitar accidentes. En el año 2005 el tribunal de la U.E, condeno al estado español por incumplir las obligaciones fijadas en la directiva Europea sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los empleados de los equipos de trabajo adecuados en el desarrollo de su actividad.
Por otro lado también sabemos que la inversión en seguridad y prevención laboral son rentables, como así lo reconoce la organización internacional del trabajo O.I.T. El coste de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales asciende a nivel mundial, al 5% del PIB mundial, aparte de las vidas que se cobra de los trabajadores y la difícil situación en las que quedan muchas familias. La O.I.T. recomienda invertir para prevenir accidentes. La organización internacional del trabajo se hace una pregunta esencial a la hora de elaborar el riesgo en los centros de trabajo y en los centros productivos de las empresas: ¿Un adecuado sistema de seguridad y salud en el trabajo tiene un coste demasiado elevado? La misma, sin embargo provoca un cierto debate sobre si el esfuerzo que hay que hacer para garantizar un empleo seguro y saludable es compatible con la rápida Globalización de la economía o, si por el contrario, va en detrimento de los esfuerzos para avanzar hacia el desarrollo.
En este, la O.I.T. añade otro interrogante que ronda entre las empresas ¿Deberían de recortar gastos de salud y seguridad si desean defender y expandir sus actuaciones productivas? La organización internacional del trabajo reconoce que, sin analizar el aspecto moral de las discusiones, las pruebas aportadas por la O.I.T. y otras instituciones sugieren que sería más adecuado preguntar que si algún país o alguna empresa del país que sea, «incluido el nuestro», puede todavía permitirse no contar con las normas más elementales de salud y seguridad en el trabajo. Pues es evidente que las empresas en materia de salud y seguridad laboral hacen lo que quieren con absoluta impunidad, y un buen ejemplo de ello es lo que ocurre en el Astillero Armón Gijón, en el cual alguien debería responder ya ante la justicia de las barbaridades de esta empresa por los continuos incumplimientos en esta materia y por poner en riesgo permanente la vida y la salud de los trabajadores.
El gobierno central y autonómico que en su momento cuando se privatizo Juliana semi-regalaron a este empresario asturiano y antiguo sindicalista de los que ahora no permite en su empresa, uno de los mejores astilleros de Europa, deberían ponerse al frente y exigirle más compromiso con Asturias y sobretodo con los trabajadores de la empresa ,porque no se puede seguir sacrificando vidas y salud a costa de amasar una enorme fortuna, aprovechándose de la necesidad de las personas de tener que trabajar en las condiciones que sean ,para poder vivir. Esto no lo pueden tolerar de ninguna manera las autoridades que tienen competencia para intervenir en algo tan grave, como lo es el asunto que hoy intento relatar en este artículo.
Cada día mueren en nuestro país seis trabajadores y aquí no pasa nada. Son obreros sin rostro cuyo injusto final casi siempre se sella con el silencio informativo. Si tenemos el mayor índice de siniestralidad de la U.E, es porque tenemos el peor sistema de democracia industrial. No estaría demás preguntarse, ¿dónde están los sindicatos? ¿Cuál es su implicación en el problema de la siniestralidad laboral? Se subirán alguna vez al andamio de este asunto, para ver con más claridad desde arriba y ponerse al frente de esta gravísima situación, pero llama la atención que el primero de mayo en todos los actos sindicales, no hubiera ni una reseña a este grave problema laboral que se lleva vidas sin parar.
Como podemos ver, no es suficiente esfuerzo, lamentarse o concentrarse en la calle Asturias de Oviedo cada vez que se produce un accidente mortal. La concentración hay que hacerla dentro de las empresas velando por la seguridad de los trabajadores y exigiendo a los empresarios de forma más contundente la aplicación de las normas de prevención. Existen también otros medios amparados por ley para evitar tanto accidente laboral, que en el día a día no se ponen en práctica en los centros de trabajo y sobre ellos es en los que hay que intervenir.