El lamentable espectáculo que está dando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde su constitución parece que no tiene fin. La penosa gestión de la pandemia por parte del PP y de Ciudadanos lo pagaremos todos, no solo los ciudadanos que viven en la Comunidad. Hay datos alarmantes: un 40% de los nuevos contagios que se están detectando en España tienen su origen en Madrid. Las continuas contradicciones internas de si habrá confinamientos, restricciones y medidas para controlar la situación (empieza a valorarse la reapertura de Ifema como hospital) demuestra que no hay ningún plan, que no hay nadie al volante, que se encuentran superados por la crisis sanitaria y solo que les importa salvar su imagen pública sin dar la cara (quedaron suspendidas ruedas de prensa y reuniones con alcaldes). Ayer se hizo público que se presionó al viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, para grabar un vídeo retractándose sobre el confinamiento selectivo que estaba preparándose y que, parece ser, la Presidenta Ayuso se enteró vía whatsapp. Mientras tanto, en una comparecencia sin preguntas de los periodistas el vicepresidente Aguado ha querido pedir al ejecutivo nacional, sin decirlo expresamente, que se declare el Estado de Alarma. Ni hay rastreadores suficientes, ni personal sanitario para atender a los enfermos en los centros de salud ni hay por ahora una iniciativa de Ángel Gabilondo de presentar una moción de censura (aunque los votos no sumen para una alternativa de gobierno).
En el ámbito nacional todo hace presagiar que empezaremos el año 2021 con los presupuestos prorrogados de Montoro. Es un fracaso de la política permanecer con unas cuentas que ya en 2018 eran malas (pero que ahora no sirven para nada). Vox sigue mareando la perdiz con su moción de censura contra Pedro Sánchez y el nacionalismo catalán mira más hacia las posibles elecciones (con la inhabilitación de Torra) que a arrimar el hombro. ¿Quién será su sucesor? Por ahora no hay nadie al volante, ni siquiera el propio President, que sigue las indicaciones que le da Puigdemont desde Bélgica. Pero volviendo a las cuentas, el Gobierno de coalición no ha presentado una propuesta porque seguramente se esté valorando amarrar los votos necesarios para que no se repita la derrota con el real decreto-ley de los remanentes de los ayuntamientos.
Protestas como la que se grabó el actor Antonio Resines debería hacernos ver la necesidad de apostar por los servicios públicos. Sí, hay retrasos en el cobro del Ingreso Mínimo Vital (si para un expediente se necesita una burocracia enorme, eso no lo puede hacer pocas personas). Se necesita personal, y en contra de lo que se vende de que España tiene muchísimos funcionarios, niego la mayor. El músculo funcionarial desaparece, y no se reemplaza y sin empleados públicos no hay sector público. Es así. Y un gobernante que necesita poner en marcha sus políticas necesita de gente que le tramite las gestiones. Hay que acabar con la tasa de reposición, como con otras tantas políticas austericidas que han constreñido a la función pública, y reforzar lo común para que en épocas flacas como la actual la gente pueda sentirse protegida por el Estado, por su país. Pero claro, a la hora de votar hay que saber quienes se han dedicado a desmantelar lo público, porque no vale caer en el anzuelo con mensajes neoliberales que al final convierte derechos sociales en negocios privados. La ciudadanía debe saber que no es lo mismo que el volante gire a la izquierda a que se quede en el centro o se tuerza a la derecha.