Es bueno recordar que en nuestra propia Constitución se establece, en su artículo 124, de manera clara y terminante, que el Ministerio Fiscal tiene como función promover la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Se establece asimismo en nuestra Carta Magna que el fiscal, en el ejercicio de su profesión, actuará bajo los principios de legalidad y de independencia jerárquica. Ante las declaraciones realizadas ayer, en un medio de comunicación, por el presidente del Gobierno en funciones, sobre que la fiscalía depende del Gobierno, hay que dejar muy claro que la fiscalía actúa de manera independiente al Ejecutivo, con sometimiento a la ley, por lo que en su actuación rige el principio de legalidad, sin estar en ningún momento bajo las órdenes de ningún político, aunque sea el presidente del Gobierno del Estado español.
No puede ser de otra manera en un Estado social y democrático de derecho, en el que hay que respetar la independencia de la Justicia. Por tanto, ni la fiscalía, ni ningún fiscal, cumplen órdenes del Gobierno, como ha podido darse a entender en esas declaraciones, y solo pueden haberse realizado por el desconocimiento de las funciones que tiene atribuidas el Ministerio Fiscal por parte de quien las ha realizado. Hay que afirmar de manera clara y precisa que esas declaraciones no se ajustan a la realidad de cómo funciona la fiscalía.
Y solo queda lamentar la confusión que puede provocar esta información inveraz, que pueda llegar a las personas tanto del Estado español como incluso fuera de nuestras fronteras, por esas manifestaciones que, se reitera, no tienen nada que ver con el funcionamiento del Ministerio Fiscal, que no depende del Gobierno y en su actuación profesional debe velar por el cumplimiento de la ley, coincida o no con el interés del Ejecutivo o de cualquier político.